La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha anunciado este viernes que trasladará a la Comisión Europea la elección de Dolores Delgado para la plaza de fiscal de sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos, al considerar que es un «escándalo sin precedentes» que puede afectar al Estado de Derecho en España.
En un comunicado recogido por Europa Press, la asociación reclama la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al que acusa de haber «evitado» retrasar el nombramiento de Delgado para que el Consejo Fiscal no pudiera analizar «una posible incompatibilidad de la elegida».
APIF señala que analizar esa posible incompatibilidad es «competencia del Consejo Fiscal, no del fiscal general». «Como no le gusta que se pueda votar algo que no controla, no deja votar», censura.
Lamenta la forma en la que García Ortiz ha designado a su predecesora en el cargo y exministra de Justicia, señalando que «no es solo que haya habido un efectivo intercambio de nombramientos entre ambos: la anterior fiscal general asciende al actual fiscal general, que, a su vez, cuando llega el momento, asciende a la anterior fiscal general».
«VOLUNTAD AUTORITARIA DE QUIEN SE DICE PROGRESISTA»
«No hay reglas para evitar que se imponga la voluntad autoritaria de quien se dice progresista», expresa la asociación, que aboga por la dimisión de García Ortiz, al igual que la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF).
Considera que se trata de un «escándalo sin precedentes». «Y eso en la Fiscalía es mucho decir. El fiscal general del Estado, capaz de perpetrar este tipo de actuaciones, debería dimitir», sostiene, al tiempo que avanza que trasladará este caso a la Comisión Europea para su análisis sobre el Estado de Derecho en España.
Este jueves, el fiscal general del Estado propuso a su predecesora inmediata en el cargo para la plaza de fiscal de sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos, a pesar del rechazo de la mayoría del Consejo Fiscal, en un Pleno desarrollado entre «bastante tensión», según las fuentes consultadas por Europa Press.
Los vocales de AF y APIF pidieron a García Ortiz que suspendiera el Pleno ante la posibilidad de que tras las elecciones generales del 23 de julio haya nuevo Gobierno y nuevo fiscal general. De no acceder a ello, APIF propuso como alternativa que el FGE se abstuviera de realizar dicho nombramiento, dadas sus «relaciones personales y profesionales» con Delgado.
