La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado pronunciarse antes del 30 de septiembre sobre el recurso en el que Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, pide el archivo de la causa que se dirige en su contra, «al no tratarse de una causa de resolución preferente».
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la Audiencia Provincial desestima el recurso de Gómez, «manteniendo el señalamiento acordado» por el motivo citado.
Los magistrados indican que el señalamiento recurrido ha seguido el orden ordinario del despacho de asuntos según la agenda del propio tribunal e, insisten, «puesto que no se trata de un asunto de resolución preferente».
A su entender, «las vulneraciones del derecho de defensa que se expresan en el mismo, exceden el objeto del recurso que impugna el señalamiento de la deliberación, votación y fallo del recurso de apelación interpuesto por esa parte».
Además, los magistrados recuerdan que la Fiscalía se opuso a ese recurso de Gómez, aunque «sin discrepar de las cuestiones planteadas por la representación de la investigada», que comparte. Pero para el Ministerio Público –añaden en el auto– «la fecha de señalamiento para la deliberación queda al margen del ámbito del recurso, ya que se fija para el mes en curso, lo que entra dentro de lo razonable a la luz de la carga de trabajo».
RECURSO DE LA DEFENSA
La defensa de Gómez presentó recurso de súplica en respuesta a la providencia de la Sección 23 de la Audiencia Provincial en la se que informaba a la partes de que el 30 de septiembre estudiaría tanto el recurso de Gómez como el de la Fiscalía, que pedía delimitar la causa.
Su abogado, Antonio Camacho, lamentaba en su escrito que en esta causa, seguida por el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, se están produciendo «graves violaciones del derecho de defensa» tanto de su defendida como de los otros dos investigados –el empresario Carlos Barrabés y el rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache–.
Acusaba al juez de que la instrucción esté llevando una «errática deriva procesal y material», y explicaba a la Audiencia Provincial que «desafortunadamente» recurrir ante la Sección 23 «es el único remedio que procesalmente cabe utilizar para intentar evitar irreparables daños en el derecho de defensa».
El letrado agregaba que piden una resolución a su recurso con anterioridad a ese 30 de septiembre porque «una Justicia tardía puede producir daños irreparables» en su derecho a la defensa dado que, a su juicio, la instrucción de Peinado «está plagada de actuaciones que vulneran» ese derecho y de «graves irregularidades».
En este sentido, Camacho enumeraba una serie de hechos que, dice, suponen irregularidades procesales, pero destaca que lo más grave de todo es que «el objeto de este procedimiento (…) es mutante en la mente del juez instructor».
Además, lamentaba decisiones del instructor como la de que, estando secreta la causa, diera traslado de documentación presentada por los periodistas interrogados –sobre cuyo trabajo se fundamentaba la denuncia de Manos Limpias que dio origen a la causa– a la acusación popular de Vox.
