La Audiencia Provincial de Madrid ha convocado una reunión para el próximo 25 de noviembre ante las revisiones de sentencia de abusos sexuales que se han realizado en las que varios condenados han visto reducidas sus penas de prisión tras la aprobación de la ‘ley del solo sí es sí’.
Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que la convocatoria que reunirá a los presidentes de las secciones penales de la Audiencia Provincial de Madrid para «unificar criterio» estaba prevista «con antelación» a las publicaciones que han trascendido este martes en la prensa con al menos tres casos en los que se rebaja la pena de prisión a condenados por abusos sexuales.
Las fuentes consultadas han precisado, además, que se trata de una reunión de unificación de criterios que se celebra a menudo en la Audiencia de Madrid cuando afloran reformas legislativas.
Hasta el momento, han trascendido tres casos en los que se han rebajado las condenas impuestas al aplicarse la la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, impulsada por la ministra de Igualdad, Irene Montero.
En las resoluciones de los tres casos conocidos hasta ahora en los tribunales de Madrid los magistrados han explicado que adoptaron la decisión «con ocasión de la reforma operada mediante la Ley Orgánica 10/2022». En uno de los casos se rebajó hasta en cinco años la pena de prisión acordada; en los otros dos la rebaja fue de dos años.
En uno de los autos, a los que ha tenido acceso Europa Press, han precisado que aunque la ‘ley del solo sí es sí’ no aclara si debe ser o no aplicada a procedimientos en trámite o con sentencia firme, el propio Código Penal indica que «tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo».
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) advirtió en febrero de 2021 en su informe preceptivo sobre el anteproyecto de dicha normativa que su aprobación provocaría la revisión a la baja de aquellas condenas en las que se hubiera impuesto penas máximas conforme a la regulación anterior.
En su informe, el órgano de gobierno de los jueces criticó que Igualdad en su anteproyecto no ofrecía «una justificación de los nuevos umbrales de pena previstos» y avisó de que la reducción de los límites máximos de las penas comportaría «la revisión de aquellas condenas en las que se haya impuesto las penas máximas conforme la regulación vigente».
La ley salió adelante el pasado agosto en el Congreso de los Diputados con los votos en contra de PP y Vox y la abstención de la CUP.
