La Audiencia Nacional (AN) ha reabierto en los últimos meses hasta siete causas, entre ellas las relativas al secuestro y asesinato del concejal ‘popular’ Miguel Ángel Blanco o el atentado en la T4, para investigar la implicación que tuvieron los comités ejecutivos de ETA o zubas en los mismos, en el marco de una ofensiva judicial lanzada por las víctimas que busca agotar la responsabilidad penal por estos crímenes más allá de sus autores materiales.
Esta misma semana el responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 1, Alejandro Abascal, ha admitido a trámite la querella presentada por Dignidad y Justicia (DyJ) contra cuatro ex jefes de ETA por el ataque perpetrado el 21 de septiembre de 2008 contra una comisaría de la Ertzaintza en Ondarroa (Vizcaya) con un coche bomba, que no dejó víctimas mortales pero sí 18 heridos y cuantiosos daños materiales.
En concreto, ha accedido a investigar por estos hechos a los antiguos dirigentes etarras Garikoitz Aspiazu Rubina, alias ‘Txeroki’; Aitzol Iriondo, ‘Gurbitz’ o ‘Barbas’; Mikel Carrera, ‘Ata’; y Ainhoa Ozaeta, ‘Kuraia’. Por este ataque terrorista ya fueron condenados como ejecutores directos Asier Badiola e Ibon Iparraguirre.
El Central 1 también ha desempolvado otras tres causas. A finales del año pasado, Abascal acordó reabrir las pesquisas por el atentado llevado a cabo el 30 de diciembre de 2006 en la Terminal 4 del aeropuerto madrileño de Barajas, que le costó la vida a dos personas y provocó 41 heridos. En un primer momento lo hizo a instancias de la Fiscalía, que pidió seguir indagando tras un archivo provisional, si bien después se sumó una querella de DyJ.
Las investigaciones se dirigieron inicialmente contra ‘Txeroki’ y Joseba Aranibar, pero después se ampliaron a José Antonio Urrutikoetxea, ‘Josu Ternera’; ‘Ata’, ‘Gurbitz’ y ‘Kuraia’, a los que apuntaba la asociación de víctimas del terrorismo en su querella. La Audiencia Nacional ya condenó como autores materiales a Igor Portu, Mattin Sarasola y Mikel San Sebastián Gaztelumendi.
Abascal también tiene entre manos la investigación por el asesinato del concejal del PP Gregorio Ordóñez, ocurrido el 23 de enero de 1995 en San Sebastián. Las pesquisas se retomaron en 2015, cuando los hechos estaban cerca de prescribir, a instancias de una querella presentada por Consuelo Ordóñez, hermana del político asesinado y actual presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), para que se identificara y juzgara a los ‘cerebros’ de este crimen.
Los informes de inteligencia elaborados entonces por la Guardia Civil permitieron al anterior titular de dicho juzgado, Santiago Pedraz, atribuir la autoría intelectual a Ignacio Miguel Gracia, ‘Iñaki de Rentería’, y Mikel Albisu, ‘Mikel Antza’, así como a Julián Achurra Egurola, ‘Pototo’; José Javier Arizcuren Ruiz, ‘Kantauri’; y Juan Luis Aguirre Lete, ‘Insuntza’.
PENDIENTES DE EUROÓRDENES
‘Rentería’ y ‘Antza’ declararon ante Abascal para negar cualquier implicación en la muerte de Ordóñez, si bien los otros tres etarras señalados escapan de momento al alcance de la AN, pendiente de que Francia responda a las órdenes europeas de detención y entrega solicitadas para que sean investigados por estos hechos. Juan Ramón Carasatorre, ‘Jon’ y ‘Zapata’; Javier García Gaztelu, ‘Txapote’; y Valentín Lasarte ya fueron condenados como autores materiales.
Fue el pasado mes de abril cuando Abascal dio curso a otra querella de DyJ contra ocho ex jefes de ETA por el atentado perpetrado por la organización terrorista en 2003 en Sangüesa (Navarra), que sesgó la vida de dos policías.
Aquí, se apunta a ‘Txeroki’, ‘Gurbitz’, ‘Antza’, Juan Fernández Iradi, ‘Susper’; Gorka Palacios ‘Andoni’; Félix Ignacio Esparza ‘Gaba’; Ramón Sagarzazu ‘Ramontxo’; y María Soledad Iparaguirre ‘Anboto’, como miembros de la cúpula etarra, y a Garikoitz Arruarte y Gorka Lorán como perpetradores de este ataque, uno de los últimos cometidos por ETA, durante los ‘meses del Titadine’.
BLANCO, QUEROL Y SANTA POLA
El cerco a los otrora máximos dirigentes de ETA se construye también desde otros dos juzgados de la AN. En el Central de Instrucción Número 5, Pedraz acordó en diciembre tramitar otra querella de DyJ por el asesinato del juez Francisco Querol, que tuvo lugar el 30 de octubre de 2000 en Madrid a causa de la explosión de un coche bomba que mató a otras tres personas e hirió a 30.
Dignidad y Justicia culpa al que por entonces era el jefe del Comando Madrid, Gorka Palacios, así como a ‘Rentería’, ‘Antza’, ‘Txapote’, ‘Ramontxo’, ‘Anboto’; Juan Carlos Iglesias, ‘Gadafi’; Juan Antonio Olarra, ‘Jokin’; Ainhoa Mugica, ‘Olga’; Asier Oyarzabal, ‘Baltza’; y Vicente Goicoechea, ‘Willy’.
Por su parte, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha pedido el procesamiento de los cuatro etarras que integraban el comando ‘Buru Ahuste’ –Ana Belén Egües, Iván Apaolaza, Juan Luis Rubenach y Gorka Palacios– como autores materiales de este atentado.
El titular del Central 6, Manuel García Castellón, ha reactivado otras dos causas, igualmente a instancias de DyJ. En marzo, retomó la investigación sobre el asesinato de Miguel Ángel Blanco el 12 de julio de 1997 y, el próximo jueves, interrogará como imputados a ‘Antza’ y ‘Anboto’, mientras que ha cursado una nueva OEDE contra ‘Kantauri’ para hacer lo propio. ‘Txapote’ e Irantzu Gallastegui Sodupe, ‘Amaia’, ya fueron condenados como ejecutores.
El mismo marzo, el magistrado de refuerzo de este juzgado, Joaquín Gadea, reabrió las pesquisas por el atentado contra la casa cuartel de Santa Pola (Alicante) ocurrido el 4 de agosto de 2002, en el que murieron dos personas, incluida una niña. La Guardia Civil ha apuntado ya a ‘Jokin’ y ‘Olga’ como dirigentes etarras. Andoni Otegi Eraso, ‘Iosu’, y Óscar Celarain Ortiz, ‘Peio’, ya fueron sentenciados como autores materiales.
EL AUTOR DETRÁS DEL AUTOR
Las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press explican que lo que está permitiendo perseguir a las zubas es una nueva vía jurídica que huye de la tradicional figura de la autoría intelectual –la intentada hasta ahora–, donde se requeriría probar la existencia de órdenes expresas de los jefes de ETA a los pistoleros para cometer acciones concretas, algo que presenta cierta dificultad.
Así, las querellas apuestan por una vía inexplorada: la autoría mediata por dominio, donde la responsabilidad penal se deriva de un control absoluto de la organización terrorista que hace imposible que nada ocurra sin su conocimiento; en combinación con la comisión por omisión, es decir, la culpa por no haber impedido lo que se podía haber evitado.
Allí donde las fuerzas de seguridad han aportado ya sus informes de inteligencia, describen a ETA como «una organización perfectamente estructurada» y con una «fuerte jerarquía», «donde cada uno de sus componentes tenía una misión, y se encontraba sometido a la disciplina y las órdenes que el comité ejecutivo dictaba».
«Detrás» de cada «orden estaba la dirección» de ETA, plasma la Guardia Civil en un reciente informe sobre el caso Miguel Ángel Blanco. En la misma línea, el juez sostiene que la decisión de secuestrarlo y matarlo no pudo tomarla «un miembro concreto o aislado», sino que tuvo que requerir el «consenso» de la zuba.
Uno de los principales obstáculos de esta estrategia jurídica será la prescripción de los atentados efectuados antes de 2004, cuando España incorporó formalmente al Código Penal la lesa humanidad. Este problema de plazos ya ha llevado a García Castellón a dejar a ‘Rentería’ fuera del caso Miguel Ángel Blanco. DyJ le ha pedido corregir esgrimiendo que los convenios europeos hacen imprescriptibles los asesinatos terroristas cometidos desde el 24 de diciembre de 1990: 430 casos.
