La avalancha de menores migrantes llegados a Ceuta de forma irregular en la reciente crisis con Marruecos triplica la cifra de 519 registrados por el Gobierno desde el 1 de enero hasta el 15 de marzo de 2021 en toda España, según se recoge en una respuesta parlamentaria por escrito del Gobierno a la que ha tenido acceso Europa Press.
«Respecto a los datos solicitados, se indica que del número total de inmigrantes irregulares llegados desde el 1 de enero al 15 de marzo del presente año, 519 eran menores de edad, si bien los datos pueden sufrir variación cuando las plantillas confirmen los mismos», señala el Gobierno en su respuesta a Vox fechada el 10 de mayo, una semana antes de la crisis de Ceuta con la entrada de 8.000 inmigrantes.
Según datos de la Delegación del Gobierno ceutí, entre los 8.000 inmigrantes hay unos 1.500 menores: más de 800 están acogidos en dos módulos y otros 792 están ya reseñados en equipamientos de acogidas. A estos habría que sumar aquellos que no han sido localizados y que pueden aún deambular por la ciudad, así como los 200 menores ya tutelados antes de la crisis, y que se van a repartir entre diferentes comunidades autónomas.
En su respuesta por escrito, el Gobierno de Pedro Sánchez señalaba que «el número total de repatriados en el año 2020 fueron de 3.738». Respecto a los expedientes de expulsión ejecutados durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2021, añadía que fueron 516.
El Gobierno sostiene que aplica la legislación vigente en lo que se refiere a la gestión de la llegada de Menores Extranjeros No Acompañados (MENA), tanto en materia de Extranjería como del Derecho de la Unión Europea, de acuerdo al «Protocolo Marco de octubre de 2014».
«Para el Ministerio del Interior es prioritaria la protección de los menores y sus derechos, y más si están en situación de vulnerabilidad, como es el caso de los menores extranjeros no acompañados», subraya el Ejecutivo. Además, en respuesta a Vox remarca que «no existe evidencia alguna para señalar a este colectivo social vulnerable como sujeto de extremismo yihadista».
NO MEZCLAR CON YIHADISMO
El Gobierno apunta que en lo que se refiere al «control fronterizo», el objetivo es «prevenir la infiltración de terroristas que pretendan realizar atentados dentro de las fronteras de la Unión Europea». «Es un reto permanente pero que no conviene mezclar con lo que es la política migratoria», puntualiza en respuesta a Vox, que ha impulsado varias iniciativas para requerir información sobre esta cuestión.
«Los Estados miembros de la Unión Europea están analizando
cómo mejorar y adecuar dichos procedimientos, dentro del marco del Derecho de la Unión Europea», continúa el Ejecutivo, que defiende la labor realizada por Policía y Guardia Civil.
También cita la «coordinación y supervisión» del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), con procedimientos que son «constantemente revisados y actualizados por expertos del Ministerio del Interior».
SIN EVIDENCIA SOBRE EFECTO LLAMADA
El Ejecutivo defiende las gestiones «políticas, administrativas y operativas» del Ministerio del Interior para retomar el retorno de inmigrantes previo a la crisis de la pandemia de Covid-19 y rebate la visión de Vox sobre la política migratoria: «no hay demostración ni evidencia alguna de que exista un efecto llamada».
«La presión migratoria sobre los países de la Unión Europea se debe fundamentalmente a la diferencia de niveles de renta y de vida, desigualdades socioeconómicas que se están incrementando en la actual situación de pandemia», apunta el Gobierno en su respuesta de 10 de mayo.
Lo anterior origina que la presión se incremente sobre los países que pueden disfrutar de servicios públicos mejores, «y en los que
muchos migrantes ven una oportunidad para sobrevivir, y están dispuestos a jugarse la vida», indica.
En este sentido, destaca las medidas impulsadas con los «socios africanos» en la lucha contra las redes de migración irregular y el despliegue «satisfactorio» de proyectos como los Grupos de Acción Rápida en el Sahel y los Equipos de Investigación Conjunta en países de salida de rutas marítimas, a lo que incluye las Asociaciones Operativas Comunes.
El objetivo, dice, es impulsar «otras fórmulas de cooperación que den respuesta a la necesidad de creación de unidades centrales de fronteras o de inteligencia allí donde pueda ser necesario».
