La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha alertado este miércoles de una «posible excarcelación masiva» de presos de ETA, con el correspondiente pago de indemnizaciones, si el Gobierno de España no recurre la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre el régimen de incomunicación tras el fallo favorable al etarra Xabier Atristain Gorosabel.
Recuerda que tiene de plazo hasta el 18 de abril y que, en caso de desistir, «se pude producir una sangría de excarcelaciones comparables a la de la derogación de la Doctrina Parot». En su opinión, la Abogacía del Estado debe defender ante dicho tribunal que el régimen de incomunicación aplicado a los presos de la banda terrorista «no necesariamente implica vulneración de derechos».
La AVT se refiere a la condena a España del tribunal con sede de Estrasburgo, que se conoció el pasado 18 de enero, dando la razón al etarra Xabier Atristain Gorosabel por no poder acceder a un abogado de su elección y consultar a su letrado mientras permanecía en detención incomunicada en 2010, motivo por el que debe ser indemnizado con 12.000 euros por daños morales, más 8.000 euros por costas y gastos procesales.
Atristain interpuso recurso extraordinario de revisión ante el Tribunal Supremo de su condena a 17 años de prisión por los delitos de pertenencia a organización terrorista y depósito de explosivos y armas, fijada por la Audiencia Nacional en 2013. El 17 de febrero de 2022, como consecuencia de dicho recurso, fue puesto en libertad condicional a la espera de la resolución.
Según recuerda la AVT, el 22 de marzo de 2022 la Sala Segunda del Supremo preguntó al Ministerio de Justicia si la Abogacía del Estado había formalizado recurso o tenía intención de hacerlo. «En respuesta a dicho Oficio se ha tenido conocimiento de que el Gobierno valora recurrir el fallo y ha alegado que dispone hasta el 18 de abril para hacerlo», añade la asociación.
PELIGRO DE INDEMNIZACIONES
En este contexto, la AVT alerta de que, en caso de que la Abogacía del Estado no presente este recurso, «se corre el riesgo de que se consolide esta jurisprudencia del TEDH». Esto supondría la excarcelación de muchos presos etarras que aleguen que se les tomó declaración en régimen de incomunicación.
«Y no sólo esto», añade la AVT, «de llegar a este terrible punto, España tendría que hacer un gran desembolso económico en forma de pago de indemnizaciones a todos los etarras ya en libertad que aleguen este hecho y pidan la anulación de su condena y su correspondiente indemnización».
La AVT subraya que España se encuentra en la «tesitura de elegir el camino bueno» y no sólo recurra la sentencia a través de la abogacía del Estado a la Gran Sala, sino que también empiece a realizar la «labor de pedagogía necesaria para demostrar a los miembros del Tribunal de Estrasburgo que el régimen de incomunicación no necesariamente implica vulneración de derechos».
Por este motivo, la AVT exige en un comunicado que se hagan las cosas bien, «como se han hecho en los casos en los que el TEDH ha avalado la doctrina española y ha negado a los presos de ETA y Grapo descontar el tiempo cumplido en prisión en Francia en relación con la condena que cumplirán en España». «Claramente el camino incorrecto es el que se tomó cuando la derogación de la Doctrina Parot y se abrió una herida que aún supura en las víctimas del terrorismo», apuntan.
«El final del terrorismo nunca puede ser sinónimo de impunidad y una vez más está en juego que tanta sangre y tanto dolor no salga gratis a los asesinos», concluye la AVT, que reclama «simplemente Justicia».
