El Gobierno de la Comunidad de Madrid y Vox han llegado a un acuerdo para el Proyecto de Presupuestos regionales para 2022 en el que incluyen 13 medidas (una por cada diputado de Vox), entre las que se encuentran una auditoría a centros de menas, educación gratuita de 0 a 3 años y reducir el gasto innecesario en duplicidades de cargos de la Comunidad, así como disminuir el gasto en consejerías y se suprimirán «los chiringuitos».
Así lo ha avanzado Monasterio en rueda de prensa en la sede nacional del partido, donde también ha asegurado que ha acordado con el Ejecutivo regional que no se acepte ninguna de las enmiendas parciales ni totales de los partidos de izquierda. «Con el presente acuerdo el Gobierno se compromete a no alcanzar ningún acuerdo total ni parcial con los otros grupos. Del mismo modo, Vox se compromete a no apoyar ninguna de las enmiendas a la totalidad ni enmiendas parciales presentadas por los otros grupos presentes en la Asamblea. Que la izquierda pierda toda la esperanza de entrar en Madrid», ha lanzado.
Según queda reflejado en el documento, firmado por Monasterio y el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, la primera medida acordada es la gratuidad de las etapas educativas no obligatorias. El Ejecutivo regional acepta consignar en el Presupuesto una partida presupuestaria que inicie el proceso de gratuidad de las etapas de 0 a 3 años. Por razones de impacto presupuestario deberá desplegarse entre tres y cuatro ejercicios presupuestarios.
Así, el Gobierno propone incrementar el importe de los cheques educativos y el número de beneficiarios de las mismas en todas las etapas no obligatorias (Infantil de 0 a 3 años, FP Grado Medio y de Grado Superior y Bachillerato). En el caso de la educación infantil, la propuesta estriba en incrementar un 33% las ayudas y beneficiarios cada ejercicio, mientras que en el resto de etapas el incremento sería del 25% anual.
Se establece un límite de renta que se fija en la medida del PIB per cápita de la Comunidad. Con ello, se espera incrementar en 18.090 familias el número de beneficiarios actuales. El coste previsto de la medida es de 62,5 millones de euros adicionales (un curso completo).
Otra de las medidas que ha aceptado el Gobierno de Ayuso es reducir gastos de estructura y de funcionamiento. En concreto, se compromete a reducir en el Presupuesto un 10% la partida de gastos de promoción, siempre que se comprometan actuaciones esenciales. El resto de la reducción se hará sobre gastos de contratos de estructura administrativa y gastos de arrendamientos. Igualmente, se analizará la viabilidad de refundir o suprimir órganos o entes y duplicidades, también con el Ayuntamiento de Madrid. El ahorro previsto de esta medida es de 10 millones de euros.
Según ha explicado Monasterio, se disminuirá el gasto en promoción de consejerías, en alquiler de edificios y se suprimirán los «chiringuitos y se fusionarán aquellos entes que estén duplicados o que sea innecesario».
En este sentido de control de gasto, habrá auditorías –cuya contratación deberá realizarse en los tres meses siguientes a la aprobación de Presupuestos, es decir, en marzo de 2022– para todas las subvenciones de las Comunidad de Madrid concedidas en los últimos cuatro años con el fin de analizar los resultados conseguidos de la actividad subvencionada correspondiente.
NO INCLUYE LA DEROGACIÓN DE LEYES LGTBI
Asimismo, se realizará una auditoria completa de los costes de los servicios y de las subvenciones asociados a los centros de menores extranjeros no acompañados (menas) a partir del 1 de marzo. Abarcará todos los aspectos relacionados con los servicios y subvenciones asociados a los menas. La contratación o encargo de la auditoría se iniciará a más tardar en los tres meses siguientes a la aprobación del Presupuesto por la Asamblea de Madrid. El coste previsto de la medida es de 50.000 euros.
También se reducirá el 10% de la aportación de la Comunidad a la financiación de Telemadrid mientras que se incrementará la financiación en el plan de cuidados paliativos y la dotación económica para las entidades que apoyen a las mujeres adolescentes embarazadas, con el objetivo de facilitar su maternidad en condiciones sociales adecuadas, con un coste previsto de un millón de euros adicional.
Otra de las medidas económicas plasmadas en el acuerdo tiene que ver con el compromiso de disminuir los plazos de pago a proveedores, favorecer la emancipación de los jóvenes, movilizar el suelo demanial de titularidad de la Comunidad de Madrid y las cuatro siguientes son exclusivamente política social: incremento de la dotación de Cuidados Paliativos, ayudas a familias de personas con Trastorno del Espectro Autista, y el establecimiento de un principio de igualdad en los incentivos a la contratación para que no se discrimine entre los potenciales receptores.
Asimismo, el Gobierno de la Comunidad de Madrid estudiará la posibilidad de personarse en las acciones judiciales que se desarrollen en aquellos asuntos que «pongan en grave riesgo la seguridad personal de los ciudadanos o sus propiedades (okupación), ante infracciones administrativas o penales provocadas por grupos organizados (bandas latinas) o individuos».
La única medida de igualdad que han conseguido incluir los de Vox es mantener ese principio en todas las convocatorias de ayudas e incentivos para el empleo, sin discriminación entre los potenciales perceptores. Así, se queda fuera del acuerdo otra de sus exigencias que era derogar las leyes LGTBI porque no respetaban la presunción de inocencia.
Por eso, Monasterio ha indicado que este documento no cumple con «todas sus expectativas» pero que, pese a ello, les ha resultado «satisfactorio» con el que dan «un impulso de prosperidad», sin dejar entrar a los grupos de izquierda que «solo traen ruina, división y pérdida de toda la esperanza».
