La Comunidad de Madrid llevará la Ley de Vivienda del Gobierno ante el Tribunal Constitucional si incluye aspectos como la limitación de los precios del alquiler de viviendas en las llamadas ‘zonas tensionadas’ de las ciudades.
En una entrevista con Servimedia, la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de Madrid, Paloma Martín, quien se refirió al anuncio de que el Consejo de Ministros aprobará este martes el anteproyecto de Ley de Vivienda pactado por el Ejecutivo de PSOE y Podemos.
A este respecto, Martín dijo que “a día de hoy” el texto de la norma no es público, aunque indicó que sí se conoce la proposición de ley de vivienda que Podemos y varios partidos que vienen apoyando al Gobierno -como ERC, Compromís y Más País- registraron hace unas semanas en el Congreso.
Esta iniciativa incluye, entre otras medidas, la limitación de los alquileres en las ‘zonas tensionadas’; la expropiación de inmuebles a grandes propietarios; y la prohibición expresa de los desahucios sin alternativa habitacional.
“NO SE APLICARÁ” EN MADRID
En este sentido, la consejera madrileña señaló que si el anteproyecto de la Ley de Vivienda va en la línea de la iniciativa parlamentaria de Podemos, el Gabinete de Isabel Díaz Ayuso la hará frente desde el punto de vista legal y administrativo. “Llevaremos ese texto al Constitucional y en aquello que dependa de la actuación expresa de la Comunidad de Madrid no se aplicará”, afirmó.
Martín señaló que la “normativa básica” que incluya la futura ley será aplicada por el Gabinete de Ayuso porque es respetuoso con la ley, pero dejó claro que no se llevarán a la práctica las disposiciones cuya puesta en marcha dependa de la “voluntad de las comunidades autónomas”.
Indicó que esto sucederá con la definición de ‘zonas tensionadas’, respecto a las que dijo que el Gobierno regional no abrirá ningún “expediente” al respecto si tiene potestad para ello.
La responsable de Vivienda de Madrid afirmó que actuarán de esta forma porque aplicar un criterio intervencionista en este sector dañará “los intereses de las familias, de los ahorradores, de los hogares y de los inversores”.
Afirmó que con normas sobre la vivienda como la que quiere Podemos “la inversión huirá de España y buscará otros países donde haya más seguridad jurídica y donde no se intervenga directamente en el mercado”. Frente a este planteamiento, Martín indicó que la Comunidad de Madrid defiende los “precios libres” y la propiedad privada.
Asimismo, explicó que el Gabinete de Ayuso apuesta por “poner suelo público en el mercado” para que se construyan nuevas viviendas y baje el precio. Apuntó al respecto que ya han ejecutado la venta del 40% de 190 parcelas de suelo público que sacaron al mercado el año pasado, algo que dijo demuestra que hay “apetito por Madrid” y que esto puede reducir los costes.
