La cumbre entre España y Marruecos del 1 y 2 de febrero en Rabat vendrá a certificar la nueva etapa en la relación bilateral que se inició con el encuentro del pasado 7 de abril con motivo de la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el rey Mohamed VI, resultado del cambio de postura respecto al Sáhara.
Aquel encuentro permitió dejar atrás una de las crisis más graves en la relación entre los dos países, bajo la excusa de la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, y cuyo verdadero motivo era la postura española respecto al Sáhara.
Con su misiva de marzo al monarca alauí, en la que Sánchez sostenía que el plan de autonomía marroquí para el Sáhara de 2007 era «la base más sólida, creíble y realista» para resolver el conflicto, el presidente consiguió el deshielo, a cambio de unir en su contra tanto al PP como a sus socios de coalición y de legislatura, que vieron en la decisión un giro histórico que rompía con el tradicional respaldo a la autodeterminación de los saharauis mediante la celebración de un referéndum.
La cumbre, a la que está prevista la asistencia de una decena de ministros, permitirá escenificar la buena relación actual, máxime teniendo en cuenta de que no ha habido una Reunión de Alto Nivel (RAN) desde 2015.
La prevista para diciembre de 2020 fue aplazada en el último momento, con el argumento de la pandemia, cuando lo que había de fondo en realidad era el malestar marroquí por la postura española respecto al Sáhara después de que el entonces presidente estadounidense, Donald Trump, reconociera la soberanía marroquí sobre la antigua colonia.
Conforme a la declaración conjunta del 7 de abril, la cita debería haberse producido antes de final de 2022, pero ambos gobiernos justificaron la dificultad de cuadrar las agendas de tantos ministros para emplazarla a comienzos de 2023.
Uno de los principales objetivos será repasar los avances realizados en los objetivos marcados en esa ‘hoja de ruta’. Precisamente, uno de los primeros puntos de la declaración conjunta preveía que «la plena normalización de la circulación de personas y de mercancías se restablecerá de manera ordenada, incluyendo los dispositivos apropiados de control aduanero y de personas a nivel terrestre y marítimo».
En este sentido, Sánchez anunció ese mismo día que Marruecos había aceptado la reapertura de la aduana de Melilla, cerrada unilateralmente por Rabat en 2018, y la apertura de una nueva en Ceuta, donde nunca había existido.
Tras cierto escepticismo inicial, los ministros de Exteriores de los dos países, José Manuel Albares y Naser Burita, anunciaron a finales de noviembre que la apertura tendría lugar antes de la cumbre. Finalmente, este viernes se llevó a cabo con éxito la prueba para su apertura en fase experimental a la espera de que en la cumbre se pueda fijar un calendario que permita retomar el comercio «con todas las garantías».
También reabrieron por fases las fronteras terrestres entre las dos ciudades autónomas y Marruecos. El 17 de mayo solo para ciudadanos de la Unión Europea y con permiso para circulación en territorio Schengen y a partir del 31 de mayo para «los trabajadores transfronterizos legalmente reconocidos».
Aún está por ver la situación para el resto de marroquíes o si se restablece la exención de visado de la que gozaban los residentes en las provincias de Nador y Tetuán, fronterizas con las dos ciudades autónomas.
Asimismo, se procedió a reanudar de forma prácticamente inmediata el tráfico marítimo entre los dos países y a organizar una nueva operación Paso del Estrecho, tras dos años sin que esta pudiera realizarse principalmente por la pandemia pero también por la crisis diplomática. En total, durante los tres meses se movilizaron un total de 2.912.283 pasajeros y 695.487 vehículos entre los dos países.
Por otra parte, ambos gobiernos se comprometieron en abril a relanzar y reformar la cooperación en el ámbito de la migración, retomando las reuniones del Grupo Permanente Hispano-Marroquí sobre Migraciones. Este ha sido uno de los ámbitos en los que la nueva relación bilateral parece haber cosechado mejores frutos, con una reducción en las llegadas procedentes de Marruecos, algo que desde el Ejecutivo español se han esforzado por resaltar en los últimos meses.
Este fue precisamente uno de los argumentos esgrimidos por Sánchez el pasado martes en el Congreso de los Diputados para reivindicar la importancia estratégica de tener una buena relación con el reino alauí. Según el presidente, que citó datos del Ministerio del Interior, la reducción ha sido del 26%, mientras que de acuerdo con Frontex la reducción de las llegadas a Andalucía fue de un 21% y a Canarias de un 31%. «De todas las rutas migratorias hacia Europa la única que ha decrecido es la de Marruecos hacia España», reivindicó.
Por otra parte, Madrid y Rabat se comprometieron a reactivar «la cooperación sectorial en todos los ámbitos de interés común: económico, comercial, energético, industrial y cultural, entre otros». En el plano económico, Sánchez puso en valor precisamente que el comercio se incrementó en un 33% en 2022 y que alcanzó casi los 10.000 millones.
En el plano energético, España comenzó a enviar gas a Marruecos el pasado mes de junio a través del gasoducto Magreb-Europa, cerrado de forma unilateral por Argelia en noviembre de 2021 tras haber roto relaciones diplomáticas con Rabat en agosto de ese año.
En virtud de un acuerdo entre los dos gobiernos, el país vecino regasificará gas natural licuado en las instalaciones que hay en España y este será enviado de vuelta a través del citado gasoducto por el que anteriormente llegaba gas argelino a la península Ibérica.
Asimismo, se pactó la reactivación del grupo de trabajo sobre delimitación de espacios marítimos en la fachada atlántica, que llevaba quince años sin reunirse, «con el objetivo de lograr avances concretos». En este tiempo, se han celebrado al menos dos reuniones el 29 de junio y el 11 de septiembre, sin que hayan trascendido resultados.
Este grupo de trabajo revierte especial interés para Canarias, cuyo Gobierno ha pedido estar presente en sus reuniones, dados los planes de Marruecos de realizar prosprecciones petrolíferas en aguas próximas al archipiélago y también porque el reino alauí aprobó unas leyes de delimitación de sus aguas que chocan con las de España.
Marruecos aprobó a principios de 2020 dos leyes por las que procedía a delimitar su mar territorial hasta 12 millas náuticas y la zona económica exclusiva (ZEE) de 200 millas náuticas, así como su plataforma continental, «hasta el borde exterior del margen continental o hasta 200 millas». Ambos textos chocan con la delimitación de las aguas españolas en Canarias, aunque aún no han entrado en vigor.
Por otra parte, en la declaración del 7 de abril, España y Marruecos pusieron negro sobre blanco que «los temas de interés común serán tratados con espíritu de confianza, a través de la concertación, sin recurrir a actos unilaterales o hechos consumados».
Esto no impidió que se produjera un encontronazo diplomático en octubre, tras conocerse una carta que Rabat había enviado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en la que sostenía que «el Reino de Marruecos no cuenta con fronteras terrestres con España y Melilla sigue siendo un presidio ocupado y por este motivo, no se puede hablar de fronteras, sino de simples puntos de paso».
El Gobierno marroquí se vio obligado a salir al paso, matizando el contenido del documento, después de que Sánchez defendiera rotundo ante el Congreso de los Diputados tras conocerse la misiva que «Ceuta y Melilla son España, punto».
