La decana de los jueces de Madrid y presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco, ha advertido este jueves que el bloqueo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no solo afecta a la organización del Poder Judicial sino que perjudica directamente a los derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos.
La magistrada respalda el discurso en el que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, amenazó ayer en el acto de apertura del año judicial con dimitir de su cargo ante el «estropicio» sin precedentes en la Justicia.
La decana de los jueces madrileños ha manifestado, en declaraciones a Europa Press, que parece que los políticos están en «una especie de mercado persa» en el que están «buscando excusas pero ningún motivo» a favor de la renovación del órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato expiró hace casi cuatro años.
«Esta situación afecta claramente a la imagen de independencia de los jueces por el hecho de que los jueces no podamos elegir a los vocales y los políticos sean incapaces de llegar a un acuerdo», ha subrayado.
Así, Del Barco ha resaltado que el hecho de que el CGPJ tengo un mandato prorrogado y carezca de funciones impide al Tribunal Supremo, en la cúspide del poder judicial español, desarrollar su trabajo y vaya con retraso.
«Esto perjudica a todos los ciudadanos al afectar al resto de resoluciones que dictan el resto de órganos judiciales, así como al propio funcionamiento en materia organizativa y de gestión en el propio CGPJ», ha destacado.
Al hilo, la decana ha puesto el acento en que «los vocales llevan casi cuatro años con su mandato caducado y ya no trabajan con tanto ímpetu ante dicha situación», algo que afecta a la toma de decisiones de muchas medidas de contenido económico. «Un Consejo con un mandato caducado no tiene poder suficiente para tomar medidas», ha señalado.
AFECTA AL DÍA A DÍA DEL TRABAJO EN LOS JUZGADOS
Insiste en que el «estropicio» del que habló Lesmes no solo afecta a la organización sino a los derechos fundamentales de los ciudadanos, una afectación a la que se sumaría «la indiferencia» que asegura está mostrando el Ministerio de Justicia en cuestiones como la prórroga de las medidas de refuerzo en los juzgados que sufren sobrecarga de trabajo.
«Nos está afectando al día a día del trabajo en los juzgados porque llamas y nadie coge. Se está usando como un instrumento político y si ahora se nombran a los dos magistrados del Tribunal Constitucional antes del 13 de septiembre, el PSOE no va a tener interés en que se renueve el Poder Judicial», ha subrayado.
«La presidenta del Congreso y el Senado tienen que convocar a sendas cámaras para continuar con el proceso de renovación que arrancó el 3 de agosto de 2018», ha concluido María Jesús del Barco.
