El 7 de abril de 2022 España y Marruecos abrieron una «nueva página» en su relación con el encuentro mantenido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el rey Mohamed VI en Rabat del que salió una hoja de ruta que trazó los objetivos hacia el futuro. Entre ellos estaba la delimitación de las aguas territoriales en la fachada atlántica.
Dos años después, al igual que ha ocurrido con la reapertura de la aduana de Melilla y la apertura de una nueva en Ceuta también pactada entonces, este asunto sigue sin concretarse y ni Madrid ni Rabat han dado detalles de en qué punto están las conversaciones.
Y ello pese a que el citado documento establecía, negro sobre blanco, que «se reactivará el grupo de trabajo sobre delimitación de espacios marítimos en la fachada atlántica, con el objetivo de lograr avances concretos».
PREOCUPACIÓN DE CANARIAS
La importancia de resolver esta cuestión, toda vez que la delimitación que esgrime Marruecos se solapa con la que hace España en las islas Canarias, ha quedado de manifiesto recientemente, como resultado de las maniobras militares que el reino alauí ha iniciado en aguas frente al archipiélago y que se prolongarán hasta el próximo mes de junio.
El despliegue de varios buques marroquíes en aguas del Sáhara hizo saltar todas las alarmas en Canarias, cuyo Gobierno manifestó su preocupación.
Así las cosas, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, trasladó al presidente autonómico, Fernando Clavijo, que las maniobras «se desarrollan en áreas bien circunscritas y muy alejadas de aguas españolas» y ambos tendrán ocasión de seguir ahondando en esta cuestión y lo relativo a la relación con Marruecos en el encuentro que mantendrán el próximo lunes en la sede del Ministerio.
La delimitación de las aguas territoriales es un asunto particularmente delicado. Marruecos aprobó en 2020 dos leyes por las que procedía a delimitar su mar territorial hasta 12 millas náuticas y la zona económica exclusiva (ZEE) de 200 millas náuticas, así como su plataforma continental, «hasta el borde exterior del margen continental o hasta 200 millas».
Aunque esas leyes no han llegado a implementarse, a falta de un reglamento para su ejecución, esta delimitación chocaba con la que esgrime España en relación con respecto a Canarias, de ahí la necesidad de llegar a un acuerdo, para lo cual el Gobierno se ha remitido desde el primer momento al Convención de la ONU desde el Derecho del Mar.
PROBLEMA DE LAS AGUAS FRENTE AL SÁHARA
El asunto más espinoso es si en esta delimitación se incluyen las aguas del Sáhara Occidental, que la ONU considera que es un territorio no autónomo y que Marruecos insiste en reclamar como propio. Ninguno de los dos gobiernos ha aclarado en estos dos años los términos en los que se está llevando a cabo esta negociación ni tampoco han trascendido cuántas reuniones se han producido al respecto.
Lo que sí que dejó claro el pasado diciembre el ministro de Exteriores marroquí, Naser Burita, tras su encuentro con Albares en Rabat, es que en esta nueva etapa hay un compromiso de que no caben «medidas unilaterales» ni «ningún tipo de acción sorpresa», sino que todo se resuelve mediante el diálogo y la cooperación.
«Marruecos siempre ha considerado que lo que nos motiva para reforzar nuestra colaboración es más fuerte que lo que nos pueda conducir a una divergencia o conflicto», subrayó. En este sentido, sostuvo que, dado que tanto Marruecos como España han procedido a delimitar sus fronteras marítimas y estas se superponen, las soluciones que se necesitan «se encontrarán a través del diálogo, del consenso y aplicando los valores de respeto mutuo».
Pero la clave en el interés por que el espacio marítimo sea mayor o menor en esta zona estriba en los recursos que pueda haber en ella, empezando por los pesqueros.
RECURSOS PESQUEROS E HIDROCARBUROS
Las aguas frente al Sáhara han vuelto a estar de actualidad recientemente después de que el pasado 21 de marzo la Abogada General de la UE propusiera al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que se anule el acuerdo de asociación para la pesca sostenible con Marruecos porque considera que vulnera el principio de autodeterminación de la antigua colonia española al no tratar este territorio como «separado y distinto» del reino alauí.
Con ello, respaldó la sentencia del Tribunal General que en 2021 anuló la decisión del Consejo de aprobar el acuerdo con Marruecos y su protocolo, aunque preservó sus efectos hasta que el TJUE se pronuncie sobre los recursos que el tanto el Consejo como la Comisión han interpuesto contra dicha sentencia.
La aplicación de este protocolo expiró el pasado 17 de julio de 2023, lo que supuso la suspensión de la actividad pesquera para los buques europeos, algo que afecta especialmente a España, ya que 92 de las 138 licencias que faenan en la zona corresponden a su pabellón, en concreto, a la flotas andaluza, gallega y canaria.
El planteamiento, como cabía esperar, fue celebrado por el Frente Polisario, aunque con «cautela», a falta del fallo definitivo del TJUE, que se espera que llegue en los próximos meses, mientras que el Gobierno marroquí instó tanto a los Estados miembro como a las instituciones de la UE a «asumir la responsabilidad» y mantener los acuerdos con Marruecos, frente a posibles «chantajes» y «maniobras políticas».
Estas aguas de la fachada atlántica frente a Canarias también se cree que albergan importantes yacimientos de hidrocarburos, de ahí el que Marruecos haya anunciado planes para la realización de prospecciones frente al archipiélago, lo que también ha generado preocupación y malestar.
Aunque hace tiempo que el Gobierno español no se ha pronunciado al respecto, pese a que Marruecos ha concedido varias licencias a empresas extranjeras para que busquen petróleo y gas, siempre que se le ha preguntado por este asunto ha asegurado que lo sigue muy de cerca y que estas prospecciones son en aguas territoriales marroquíes.
