La Comisión Europea continúa con su análisis pormenorizado de la Ley de Amnistía y se reserva su opinión hasta que sea adoptada en su forma definitiva, pero ha adelantado que incorporará a su examen y a los contactos que mantiene con el Gobierno el dictamen de la Comisión de Venecia que no señala conflicto con la separación de poderes pero ve con preocupación el amplio alcance de la española y la división que genera pese a tener por objetivo la reconciliación.
Así lo ha indicado en un debate en la comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior (LIBE) del Parlamento Europeo un alto cargo comunitario en la dirección de Justicia, Julien Mousnier, al ser cuestionado por el seguimiento que dará Bruselas a las recomendaciones de la Comisión de Venecia, un organismo ajeno a la Unión Europea pero que las instituciones europeas escuchan a la hora de fijar los estándares democráticos comunes.
«Está claro que la opinión de la Comisión de Venecia debe nutrir las discusiones en curso, que no han terminado», ha indicado Mousnier, que ha precisado que los servicios comunitarios se apoyan en este escrito elaborado a petición del Senado tanto en los «contactos con las autoridades españolas» como en su examen de la norma y en el informe anual sobre Estado de derecho que Bruselas publica cada verano sobre la salud democrática en cada Estado miembro.
En otra comisión europarlamentaria el pasado enero, Mousnier ya dijo que Bruselas «se toma muy en serio» la evaluación de la norma pactada por el PSOE con ERC y Junts para asegurar la investidura de Pedro Sánchez. También explicó que las conclusiones del Ejecutivo comunitario se basarán en el texto definitivo adoptado tras su paso por el Senado y el Congreso de los Diputados, por lo que no se pronunciará formalmente hasta que este proceso concluya.
«No sorprenderá a nadie el que la Comisión conceda la opinión más importante a la labor de la Comisión de Venecia. De hecho, en muchos casos la Comisión recomienda a los Estados miembro consultar con Venecia antes de meterse en reformas de calado», ha explicado este jueves el representante comunitario.
El debate de este jueves, que se celebra en la última sesión de la comisión parlamentaria antes de que cese la actividad de la Eurocámara para centrarse en las elecciones del próximo junio, ha contado también con la participación de la vicepresidenta de la Comisión de Venecia que participó en la redacción del dictamen, la italiana Marta Cartabia.
En su intervención, Cartabia ha repasado las principales conclusiones del dictamen público y ha querido dejar claro que no le corresponde al órgano del que forma parte pronunciarse sobre la constitucionalidad de la ley porque esa responsabilidad recae sobre los tribunales nacionales, ni sobre si colisiona con el Derecho comunitario, porque ese análisis lo realizará Bruselas.
Con todo, la política italiana ha remarcado que de acuerdo a los estándares internaciones y la comparación con la situación en más de medio centenar de países, «está claro que las amnistías como tal no van en contra de la separación de poderes». Aún así, ha apuntado, hay una serie de «principios» que deben ser cumplidos para preservar los estándares internacionales.
PREOCUPACIÓN DE VENECIA POR EL ALCANCE
En cuanto a las conclusiones del caso español, la Comisión de Venecia muestra «preocupación», por ejemplo, por el «amplio e indeterminado alcance» de la amnistía por no incluir una lista clara de delitos cubiertos sino una definición que a juicio de la ponente italiana suponen «cláusulas abiertas» que «abren indeterminación». En este punto, Venecia recomienda «acortar y definir de forma más precisa» su alcance, también en lo que se refiere al marco temporal que cubrirá el perdón.
Otra de las claves desarrolladas por Venecia es la conveniencia de buscar mayorías más amplias para asegurar la convivencia y evitar la fuerte división que ha percibido tanto en la clase política como en la sociedad. «Una mayoría cualificada y un proceso inclusivo para aprobar la amnistía se considera, en los estándares generales en el caso de España en particular, como un instrumento para llegar al objetivo de reconciliación», ha zanjado.
En cuanto al seguimiento que tendrán las recomendaciones de Venecia, Cartabia ha aclarado que no realizan tareas de vigilancia y que podrían realizar un nuevo dictamen de seguimiento si así lo vuelven a solicitar las autoridades nacionales.
El debate ha durado 45 minutos y apenas han intervenido siete eurodiputados entre ‘populares’, socialistas, liberales, ERC y Junts. Desde la bancada del PP, Javier Zarzalejos ha denunciado que se trata de una «ley de impunidad indiscriminada» cuyo elemento fundamental es amnistiar a quien «apoya al Gobierno». De manera similar se ha expresado la eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundúa, quien ha alertado de las «trampas de Gobiernos con rasgos populistas».
Entre quienes han defendido la ley, el socialista Javier Moreno ha insistido en que es necesaria en aras de la «convivencia» y ha instado al PP a apoyar su adopción y también a levantar el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La eurodiputada de ERC Diana Riba, a su vez, ha asegurado que no sólo pretende ser un acto de «justicia y reparación», sino también un «gesto de solidaridad y reconocimiento a quienes defendieron de manera pacífica y democrática» la independencia de Cataluña. Para el eurodiputado de Junts Toni Comín se trata de «rectificar un error gravísimo del sistema judicial».
Fuera de las delegaciones españolas, han tomado la palabra la socialista alemana Birgit Sippel y la liberal holandesa Sophie in ‘t Veld. La primera ha lamentado el «uso político de juegos internos» de los partidos en España por elevar este debate a la Unión Europea, si bien ha remarcado que el dictamen no ve colisión con la separación de poderes y ha pedido confiar en los jueces que decidirán de manera «individual» cómo aplicar la amnistía.
La segunda también ha considerado que se trata de un debate «politizado por todas las partes» pero ha apuntado que hay «preguntas legítimas» que deben ser respondidas por los organismos europeos, al tiempo que ha instado a la Comisión Europea a no bajar la guardia y «vigilar» que se aplican las recomendaciones de Venecia.
