La ex abogada de Podemos Mónica Carmona declara este miércoles en calidad de testigo ante el juez de instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades en la financiación del partido.
La letrada debía haber declarado el pasado 15 de septiembre pero problemas con los tiempos previstos para la videoconferencia desde Barcelona lo impidieron, por lo que Escalonilla volvió a citarla para el 28 de octubre a las 10.00 horas.
Carmona y el también ex abogado de Podemos José Manuel Calvente llevaron a cabo una investigación interna que, según asegura este último, propició la salida de ambos de la formación ‘morada’ y se materializó en una denuncia presentada por él en diciembre de 2019.
Calvente señaló cuatro hechos presuntamente delictivos: los servicios electorales contratados por Podemos con las empresas Neurona y ABD Europa; el pago de 50.000 euros de la Caja de Solidaridad del partido a la asociación #404 Comunicación Popular; el acceso no consentido al disco duro de una de las trabajadoras ‘moradas’ –la abogada Marta Flor–; y la licitación irregular de obras, incluida las de la nueva sede nacional.
El juez ha ordenado el sobreseimiento provisional de la causa en lo relativo a la presunta ‘Caja B’ de Podemos, descartando el delito de administración desleal al considerar que «no resulta anómalo o extraño que el numerario de la Caja de Solidaridad sea destinado a fundaciones o movimientos cercanos al partido político».
La causa continúa en relación con los otros tres hechos denunciados, aunque la Fiscalía ha recomendado limitar las pesquisas al contrato entre Neurona y Unidas Podemos para las elecciones generales, por considerar que las demás cuestiones denunciadas por Calvente son meros «rumores, sospechas o suspicacias».
Escalonilla cree que existen «indicios racionales» acreditativos de que los cobros efectuados por Neurona a Unidas Podemos para las elecciones generales del 28 de abril de 2019, por valor de 363.000 euros, «no tuvieron como finalidad el pago de servicio alguno prestado», sino que habrían sido «una distracción de dinero» de las cuentas del partido constitutiva un delito electoral.
Sigue así el criterio del Ministerio Público, que aprecia igualmente la existencia de «indicios racionales suficientes de la perpetración de un hecho delictivo» en los servicios contratados por Unidas Podemos con Neurona, a la que describe como «una empresa creada ‘ad hoc'» cuyo objeto real sería «la propia financiación del partido desde la cuenta electoral».
LOS INVESTIGADOS
El Tribunal de Cuentas ya apuntó dos tipos de delitos –fraude electoral y falsedad en documento mercantil– en los servicios facturados por Neurona a Podemos al no estar suficientemente acreditada su elaboración por parte del proveedor.
No obstante, la Fiscalía Provincial de Madrid ha aclarado que «ni el delito de falsedad ni el delito electoral pueden ser cometidos por persona jurídica, más aún en el supuesto del delito electoral, que solo puede ser cometido por los administradores generales».
Con todo ello, ha aconsejado a Escalonilla que mantenga a Podemos como investigado porque «resulta más garantista para el mismo, por cuanto le permite tomar conocimiento de la investigación y garantiza que, si del resultado de las diligencias existen más indicios de la financiación, pueda defenderse y proponer diligencias».
Además de Podemos, constan como investigados los dos administradores generales de la coalición electoral Unidas Podemos –Daniel de Frutos y Carlos García Ramos–; el secretario de Comunicación de Podemos, Juan Manuel del Olmo; la gerente del partido, Rocío Esther Val; la responsable de Compras y Finanzas de la formación, Andrea Deodato; y el administrador y la persona de contacto de Neurona, Elías Castejón y Eduardo López, respectivamente. Todos ellos deberán declarar entre el 13 y el 20 de noviembre.
Podemos presentó en agosto un recurso de apelación contra el auto en el que se incluían estas citaciones, si bien denuncia que desde entonces no tiene noticia de que Escalonilla haya dado trámite del mismo ante la Audiencia Provincial, por lo que le ha requerido un «impulso procesal» en este sentido, argumentando que los ‘morados’ están en «situación de indefensión».
