La familia de Heidi Paz Bulnes se ha opuesto a la solicitud de César Román, apodado el ‘Rey del Cachopo’, de seguir en la cárcel de Soto del Real para poder tener acceso a los equipos informáticos con la finalidad de participar en la confección del recurso de apelación contra la condena a 15 años de prisión impuesta por matar y descuartizar a la joven hondureña.
En un escrito, al que tuvo acceso Europa Press, el abogado de la familia, Alexis Socias, expone que no ha lugar a la concesión de beneficio penitenciario alguno y se opone a que se libre oficio al centro penitenciario de Soto del Real para que se mantenga en esta prisión.
El letrado se muestra en contra de la solicitud al considerar que supondría una discriminación respecto al «resto de presos de las cárceles españolas». Incide en que para el recurso ya dispone de un nutrido equipo jurídico, con Ana Isabel Peña a la cabeza.
La solicitud de la abogada Ana Isabel Peña se realiza debido a que César tiene acceso en el módulo 10 a los equipos informáticos, un acceso que autorizó la Audiencia Provincial de Madrid poco antes de la celebración del juicio.
«Así César Román podrá visionar las sesiones del juicio oral y poder hacer anotaciones en dichos ordenadores a fin de participar en la confección de dicho recurso de apelación», señala el escrito de la letrada Ana Isabel Peña.
Durante el juicio, el empresario ayudó a su defensa a realizar gran parte de los interrogatorios al haber estado durante los meses de prisión estudiando a fondo el sumario.
Con el recurso, la defensa quiere impugnar la condena a 15 años de cárcel impuesta por un delito de homicidio, con las agravantes de parentesco y razón de género. La pena por homicidio es la máxima al quedar absorbido el delito de profanación de cadáver al entender el tribunal que se trató de una acción para encubrir la conducta homicida previa.
Los magistrados consideran en la sentencia que los hechos juzgados constituyen un delito de homicidio al haberse ocasionado con forma intencionada la muerte de la joven, a quien mató la madrugada del 5 de agosto de 2018 en el piso que había alquilado César poco antes en la calle López Grass del distrito de Vallecas.
La Sala sustenta su pena en el testimonio que ofrecieron los investigadores del Grupo VI de Homicidios en el juicio, especialmente aquellos que relataron que el móvil de la víctima se halló en la vivienda en la que alquiló una habitación el condenado tras huir a Zaragoza, donde fue detenido dos meses después del crimen.
