La Fiscalía General del Estado (FGE) ha enviado un oficio a los fiscales superiores donde les pide que en un mes le remitan información actualizada sobre el número de investigaciones abiertas por las muertes causadas por la COVID-19 en residencias de mayores, al tiempo que da instrucciones precisas para que los familiares, a los que considera «víctimas indirectas» sean «oídos e informados» en todo momentos.
El oficio, fechado el jueves y firmado por el teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, tiene como objeto la «dación de cuentas sobre procedimientos penales incoados por fallecimientos en residencias y centros de mayores como consecuencia de la COVID-19», unos datos que les emplaza a enviar en 30 días y que deberán actualizarse trimestralmente.
En concreto, pide a los fiscales superiores que informen sobre el número de diligencias de investigación tramitadas por los fiscales a fecha 30 de septiembre, así como sobre el número de denuncias y querellas que haya presentado el Ministerio Público entre el 1 de enero y el pasado día 30. Solicita a su vez el número de procedimientos judiciales.
Villafañe explica que, aunque desde los primeros días de la pandemia de coronavirus «se fue elaborando un compendio diario de datos de cada comunidad autónoma con información pormenorizada de la situación y las circunstancias concurrentes en las residencias de la tercera edad», «se ha podido constatar la necesidad de contar con información de mayor calidad».
«Es preciso, por tanto, adquirir un conocimiento detallado y analizar con exhaustividad la situación actual y el devenir de los procedimientos penales incoados en relación con los fallecimientos acaecidos en las residencias de la tercera edad como consecuencia de la COVID-19», apunta el oficio, al que ha tenido acceso Europa Press.
Asimismo, Villafañe insta a los fiscales superiores a dar «las instrucciones u órdenes de servicios que correspondan tendentes a garantizar que los familiares víctimas indirectas sean oídos» en el marco de estos procedimientos.
Les pide que sean escuchados durante las investigaciones en sede fiscal y que cuando pasen a la fase judicial el Ministerio Público plantee que declaren, «velando por su derecho a ser informados», así como que, en todo caso, los fiscales acudan a dichas declaraciones y a las de los imputados y testigos que «resulten de relevancia».
A este respecto, recuerda que «resulta de especial importancia proporcionar a las víctimas y sus familiares la atención y tutela que el Ministerio Fiscal les debe dispensar, garantizando su protección procesal».
«Para ello, se ha de velar por que sean oídos e informados en el curso de las diligencias de investigación y del procedimiento penal y que, en su caso, puedan aportar las fuentes de prueba y la información que estimen relevante para el esclarecimiento de los hechos», indica.
