La fiscal Pilar Santos Echevarría ha expuesto en el juicio contra la expresidenta regional Cristina Cifuentes que el delito de falsedad documental del que se le acusa está acreditado, manifestando que la exdirigente popular era «la única, la primera y la última beneficiaria» del acta falsificada de su Trabajo de Fin de Máster (TFM) que se confeccionó con la finalidad de «salvar su reputación y su carrera política».
El juicio quedará hoy visto para sentencia. A lo largo de la sesión, las partes expondrán sus conclusiones finales, con lo que se dará paso a la última palabra de las tres acusadas. La defensa de la exlíder madrileña, el abogado José Antonio Choclán, solicitará la libre absolución de su patrocinada apuntando a la responsabilidad de la universidad.
Con voz firme y contundente, la representante del Ministerio Fiscal ha detallado cada una de las irregularidades que a su juicio enervan la presunción de inocencia de Cifuentes para sustentar su solicitud de tres años de cárcel y tres meses por la citada infracción penal.
En su declaración, Cifuentes relató ante el tribunal que cursó el máster sin ir a clase, sin realizar exámenes y entregando el 2 de julio de 2012 el TFM sin exponerlo ante el tribunal, algo que también hicieron varios testigos que han comparecido en la vista oral.
«SALVAR SU REPUTACIÓN»
En su exposición, la fiscal ha relatado que la expresidenta regional conoció el máster de la URJC a través de Dionisio Ramos, quien le puso en contacto con el director del Instituto de Derecho Público (IDP) Enrique Álvarez Conde –fallecido–. Álvarez Conde «le dio todas las facilidades necesarias» para conseguir el título pese a no ir a clase y entregándole a él mismo trabajos en papel sin perjuicio del titular de la asignatura.
«Nunca hubo comunicación con los profesores ni nunca la señora Cifuentes se interesó por las notas. Nada de lo manifestado por ella ha sido acreditado pero lo cierto es que sus calificaciones, menos la del catedrático Pablo chico y la del TFM, fueron introducidas en el sistema», ha señalado.
«IRREGULARIDADES DEMASIADO NOTORIAS»
Tras ello, ha indicado que hay «ciertas irregularidades demasiado notorias». En primer lugar, ha citado que el dato manifestado por Cifuentes en relación a la entrega el 2 de julio de 2012 de su trabajo a dos mujeres y un hombre en un despacho sería «algo incompatible» dado que la asignatura de Pablo Chico no estaba aprobada y no se puede realizan una defensa del TFM sin todas las asignaturas aprobadas.
Otra de las irregularidades se refiere a la modificación de dos de las asignaturas –la de Pablo Chico y la del TFM– por parte de la funcionaria Amalia Calonge y compañera de la hermana de Cifuentes en la universidad, quien no estaba autorizada para estos cambios.
«Siempre aparecen los mismos protagonistas», ha incidido la fiscal, quien ha subrayado que ha quedado «clarísimo» que Calonge no tenía competencia para ejecutar estas modificaciones conforme a la testifical del responsable del servicio. Además, ha hecho alusión a la declaración del profesor y catedrático Pablo Chico, quien afirmó que nunca le comentó a Calonge que modificara la nota del TFM.
La tercera de las anomalías detectadas sería el pago del TFM cuatro meses después de defenderlo cuando en ese caso hay que hacer «una petición expresa» por parte del alumno y no consta.
«El 21 de marzo de 2018, Cifuentes tuvo un día duro y difícil porque ella mismo lo dijo en el vídeo colgado en sus redes sociales. Y le encomendó a su gabinete recabar toda la documentación posible», ha señalado.
Así, ha mencionado la testifical del rector de la URJC, Javier Ramos, quien relató las llamadas «reiteradas» que recibió ese 21 de marzo del entonces consejero de Educación Rafael Van Grieken para solicitarle el acta de defensa del TFM dado que estaba «en entredicho» la reputación de las universidades públicas madrileñas.
«Pero que yo sepa no hubo ningún comunicado respaldando a la universidad», ha subrayado Santos Echevarría indicando que la insistencia se produce a partir de la rueda de prensa ofrecida por el rector y Álvarez Conde, junto a varios de los profesores del máster.
CONSECUENCIAS «NEFASTAS»
«Cifuentes sabía que las consecuencias podían ser nefastas. Ella no llamó. Había que cuidar las formas pero estaba al tanto de todos los acontecimientos. Era la única, la primera y la última que se benefició del acta, era ella y su carrera política. El interés y la presión se hacían en su nombre para que la universidad diera la cara y asegurara fehacientemente que había completado el máster», ha aseverado.
Por ello, ha recalcado que está acreditado que fue la inductora del acta «a la vista de que se quería salvar su reputación», por lo que el acta debía «responder a las exigencias» del entorno de la expresidenta regional.
En cuanto a la acusada Cecilia Rosado ha apuntado que reconoció el delito de falsedad documental como autora material para hacer «frente a la crisis mediática» tras saltar el caso, recibiendo «numerosas llamadas» de Álvarez Conde y la exasesora de Educación y funcionaria de la URJC María Teresa Feito.
«Actuó bajo presiones a sabiendas de que no se había defendido», ha señalado la fiscal, quien ha apuntado que del juicio se desprenden que Álvarez Conde «daba todas las facilidades para que se cursara el máster y hacer crecer el numero de alumnos», ha dicho. Además, ha insistido que la instrucción acredita «la falta de seriedad» y las «importantes irregularidades de este martes del curso 2011/2012».
A Feito la sitúa «en el epicentro» de lo ocurrido al quedar constatadas las retiradas llamadas a Cecilia Rosado y al rector Javier Ramos por su relación con el entorno de Cifuentes y su evidente conexión con la universidad al ser funcionaria.
«A cuenta de qué se producen esas llamadas. Sea cual fuera el motivo, Feito estuvo en el epicentro de todo lo que ocurrió. Tenía un pie en uno y en otro sitio. Reconoció llamadas con la jefa del Gabinete de Cifuentes y con la secretaria de Cifuentes. Todos daban por hecho que estaba allí para resolver lo que pasaba», ha recordado.
Así, ha insistido en que «el número de las llamadas era prueba de que se exigía una solución», agregando que Pablo Chico manifestó en su comparecencia que «no tenía duda de que es actuó por el interés de la Presidencia de la Comunidad de Madrid».
A continuación, ha expuesto su informe el abogado de la acusación particular ejercida en nombre de la URJC, quien ha reprochado que no se haya pedido perdón a pesar del «cúmulo de despropósitos» ocurridos con el caso.
El letrado ha apuntado que en su día la Delegación de Gobierno en Madrid manifestó que la agenda de la exdelegada había sido destruida a pesar de que al inicio de la vista el abogado de Cifuentes presentó como prueba una cita extraída de esa misma agenda en relación al día en que debía entregar ese trabajo. Finalmente, el letrado renunció a la prueba al exigir el tribunal que se pudiera acceder a todos los datos.
