La Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) ha enviado un informe a la Sala Segunda en el que pide inadmitir las querellas presentadas por Vox y Láocratas contra el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, por un delito de prevaricación debido a su reunión del pasado mes de enero en el aeropuerto de Barajas con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.
En su informe, el Ministerio Público interesa la desestimación de dos recursos de súplica presentados por los partidos políticos sobre las fianzas y la acumulación de las querellas, la declaración de competencia de la Sala Segunda y la inadmisión de las querellas acumuladas.
A su juicio, no existen «indicios suficientes» de que los hechos sean constitutivos de un delito de prevaricación, ni de la participación de Ábalos en los mismos, por lo que aboga por que «se inadmita a trámite la querella y se decrete el archivo de las actuaciones».
Vox y Laócratas señalan a Ábalos por haber autorizado que Rodríguez «atravesara el espacio aéreo español y aterrizara en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Bajaras, permaneciendo varias horas en la terminal ejecutiva», a pesar de que «tenía prohibida su estancia y tránsito por el espacio europeo» debido a las sanciones dictadas por la UE.
Para la Fiscalía, esta acusación está basada «exclusivamente» en artículos de prensa y en la declaración notarial de un trabajador que «ni siquiera especifica su puesto de trabajo». Se trata del vigilante de seguridad privada que presenció la reunión y que asegura que Rodríguez «pisó suelo Schengen y que introdujo dos carros de maletas en España», según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.
Así, ha reprochado a los querellantes que no han precisado «mínimamente» la presunta participación de Ábalos en los hechos imputados. «Al margen de sus opiniones y sospechas, no concretan cuál es la resolución injusta y arbitraria dictada por el querellado, ni cuáles son los indicios de participación del querellado en la decisión que cuestionan, desconociéndose incluso quién la tomó, ni mucho menos las razones de la misma», les ha afeado.
ÁMBITO DIPLOMÁTICO
En concreto, ha indicado que «tampoco existen indicios de que su supuesta intervención (la de Ábalos) fuera mas allá del ámbito estrictamente diplomático y entrara en evidente contradicción objetiva con el ordenamiento jurídico».
La Fiscalía ha aducido que «tampoco basta la existencia de distintas versiones de los hechos por parte del querellado para concluir necesariamente que actuó a sabiendas de la supuesta injusticia».
Además, el informe fiscal dice que, «al parecer, la citada vicepresidenta no llegó a entrar en territorio español, sino que se mantuvo en la zona de tránsito hasta que partió en avión con destino fuera del espacio europeo».
El Ministerio Fiscal entiende que estos fallos en las querellas conforman un «defecto de especial trascendencia, dado que el delito de prevaricación se reserva para sancionar supuestos límite, en los que la actuación administrativa no solo es ilegal, sino además injusta y arbitraria».
«De las querellas no se evidencia ni el dictado de una resolución administrativa, ni mucho menos su injusticia y arbitrariedad», ha afirmado, concluyendo que no existen los «indicios mínimos» para tramitar una causa por prevaricación contra el ministro.
Todo ello, sin perjuicio del resultado de la investigación de los hechos que se lleva a cabo en el juzgado de instrucción 31 de Madrid. A este respecto, ha aclarado que, si una vez concluida la instrucción resultaran «indicios racionales» de la comisión de un delito por parte de Ábalos, el juez podría elevar una exposición razonada al TS.
LA ESCALA EN BARAJAS
Los hechos se remontan a la noche del 19 al 20 de enero de 2020, cuando la ‘número dos’ de Nicolás Maduro hizo una escala en Barajas de camino a Turquía. En el avión también iba el ministro de Turismo, Felipe Plasencia, que encabezaba la delegación venezolana para FITUR.
Rodríguez es uno de los altos cargos del Gobierno de Maduro que tiene prohibida la entrada al espacio Schengen por las sanciones emitidas por la Unión Europea por violaciones de los Derechos Humanos y actuaciones o políticas pensadas para menoscabar la democracia o el Estado de Derecho en Venezuela.
Durante esta parada técnica, Ábalos se vio con la vicepresidenta venezolana en el aeropuerto madrileño –según explicó él posteriormente– para asegurarse de que no entrara en territorio Schengen.
INVESTIGACIÓN EN DOS TRIBUNALES
Vox y Laócratas acudieron al Tribunal Supremo para actuar contra Ábalos por un presunto delito de prevaricación por su condición de aforado como ministro. Sin embargo, también presentaron sendas querellas, a la que se sumó el PP con una denuncia, en los juzgados de Madrid por la presunta responsabilidad policial en el ‘Delcygate’.
La Sala de lo Penal del TS acordó estudiar conjuntamente si admite a trámite las querellas de Vox y Laócratas por considerar «evidente» que los «intereses, puntos de vista y estrategias» de ambos partidos son los mismos.
Por su parte, el titular del juzgado de instrucción 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, investiga presuntos delitos de prevaricación y desobediencia contra los funcionarios implicados en el incidente.
Serrano-Arnal fijó unas fianzas de 40.000 euros para el PP, 20.000 para Vox y 5.000 para Laócratas. El partido de Santiago Abascal ha consignado la suya, por lo que ya es parte en la causa, pero los otros dos partidos han recurrido las suyas ante la Audiencia Providencial por considerarlas excesivas.
