La Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado a la juez que archive la causa que sigue contra tres cargos del Gobierno a los que Vox acusa de haber cometido una serie de irregularidades para la adquisición de material sanitario al inicio de la pandemia. A su juicio, el partido no ha concretado de forma «suficiente» los indicios «mínimos» para llevar a cabo una investigación al tratarse de una acusación que se sustenta en «meras conjeturas y sospechas» sin que pueda apreciarse delito alguno.
Según ha informado este lunes el Ministerio Público, se ha remitido escrito al titular del Juzgado de Instrucción Número 26 para solicitar el archivo provisional de la querella dirigida contra el director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), Alfonso María Jiménez, contra Paloma Rosado, de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación (DGRCC); y contra Patricia Lacruz, directora general de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, (DGSNSF).
Los tres declararon el pasado abril en los Juzgado de Plaza de Castilla, en Madrid, en calidad de querellados. Según informaron entonces fuentes jurídicas a Europa Press, Jiménez negó las presuntas irregularidades denunciadas por Vox en la compra de material sanitario y aseguró, además, que el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, estaba al tanto de las contrataciones.
En su querella, Vox sostenía que entre el 13 de marzo y el 30 de abril de 2020 se suscribieron 56 contratos por parte del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria sin ningún tipo de publicidad y al margen de cualquier procedimiento administrativo. Además, aludía a que una docena de adjudicaciones se hicieron a empresas de «dudosa» existencia puesto que solo se conocía una denominación social.
Ahora, la Fiscalía ha pedido el archivo al considerar que los indicios aportados por el partido sobre la posible irregularidad en la contratación administrativa se sustentan en «meras conjeturas» relativas a las dudas que les genera el procedimiento utilizado y las entidades adjudicatarias, «pero sin concretar qué tipos de incumplimientos en materia de contratación administrativa incurrió la entidad pública en dichas contrataciones».
Para el Ministerio Público, esa falta de concreción no justifica la petición de investigar unos hechos por razón de su importancia y notoriedad «por poder tener carácter prospectivo, existiendo otros procedimientos para su fiscalización genérica».
DEFIENDE LEGALIDAD DE LOS CONTRATOS
Así las cosas, ha defendido en su escrito que los contratos celebrados por la entidad pública Ingesa entre marzo y abril de 2020 se adecuaron a la normativa vigente. En primer lugar, ha indicado que existió un hecho «notorio» e «incuestionable» como fue la pandemia «y que hubo que adaptar la forma de contratar a dicho acontecimiento».
Al hilo, ha hecho referencia a un informe del Tribunal de Cuentas realizado con todos contratos celebrados por Ingesa entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 –incluidos los que son objeto de la querella– y ha concluido que dicho informe «no puede llevar a otra conclusión que la de que los contratos fiscalizados fueron practicados con pleno cumplimiento de la normativa administrativa».
Según ha subrayado, la mera confrontación de los indicios relatados en la querella con el informe «conciso» y «detallado» elaborado por el Tribunal de Cuentas sobre los contratos celebrados es lo que ha llevado a la Fiscalía a solicitar el sobreseimiento de la causa.
Además, el Ministerio Público ha precisado que en lo que se refiere a los contratos recogidos en la querella, «la documental aportada por la Abogacía del Estado, aportando los expedientes administrativas y apreciando la existencia de fiscalización suficiente relativa tanto a la forma de contratación como a la exigencia de cumplimiento de las obligaciones contraídas por el adjudicatario, conllevan a instar también el sobreseimiento y archivo de la investigación penal».
LA DECLARACIÓN DE LOS QUERELLADOS
En su escrito, la Fiscalía ha aludido a las declaraciones de los tres querellados en sede judicial. Según ha señalado, resulta «relevante» que el director de Ingesa recordara que todos los contratos firmados en su departamento fueron objeto de fiscalización previa y posterior por parte Tribunal de Cuentas, «se cumplieron los presupuestos administrativos para la celebración de los contratos en todas sus fases».
En este sentido, también ha hecho referencia a lo dicho por las directoras generales de Racionalización y Centralización de la Contratación y de Cartera Común del servicio de Sistema Nacional de Salud y Farmacia.
Según ha destacado la Fiscalía, la primera de ellas asumió el cargo de órgano de contratación respecto del Ingesa durante cinco días «sosteniendo el cumplimiento y adecuación a la ley de la contratación cuya responsabilidad le fue encomendada, en consonancia con el informe de Tribunal de Cuentas aportado en la causa».
Respecto a la segunda, el Ministerio Público ha insistido en que «nada se ha podido acreditar, ya que la misma carecía de competencias a los efectos de poder participar en los contratos denunciados, extremo que impide cualquier tipo de exigencia de responsabilidad penal».
Así las cosas, la Fiscalía ha considerado pertinente el archivo del procedimiento ante la falta «total» de acreditación de los hechos en relación con el contenido de la querella y a los indicios existentes contra los tres cargos de Sanidad, por lo que –ha insistido– aprecia «la imposibilidad de exigencia de responsabilidad en el contexto del proceso penal a los denunciados».
