La teniente fiscal de la Audiencia Nacional Marta Durántez se ha mostrado a favor de amnistiar a los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por pertenencia a organización terrorista al no apreciar violación de los Derechos Humanos en los hechos que se les imputan.
En una vista celebrada este jueves, la representante de la Fiscalía ha asegurado que no se puede «partir de suposiciones y del potencial daño que se podría haber causado» con sus acciones «sino de certezas». «Y esta es que ninguna lesión a los derechos invocados como exclusiones en la ley de amnistía se produjeron», ha añadido.
Así, ha solicitado que se aplique la amnistía «como motivo de previo pronunciamiento» –un trámite previo al juicio– «y en virtud de lo que establece el Código Penal se declare extinguida la responsabilidad penal y por lo tanto el sobreseimiento libre de las actuaciones».
La fiscal ha asegurado que «hubiera sido necesario una violación grave e intencionada de los Derechos Humanos» que, a su juicio, «los acusados no llegan a materializar ni a iniciar». «En consecuencia, y suponiendo que la voluntad de los acusados hubiese sido además de causar daños materiales, poner en peligro la vida o la integridad física de las personas, es una realidad que la misma no llegó a producirse», ha apuntado.
Durántez ha anudado que, «en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos, del interés público tutelado por la ley, lo que debe efectuarse con pleno sometimiento a los principios de legalidad y de imparcialidad, efectuando una interpretación estrictamente técnica de la norma y del supuesto de hecho», es aplicarse la amnistía.
Todo ello, ha continuado, «sin que puedan utilizarse, sin quebranto de los principios constitucionalmente esgrimidos, argumentos que desborden el plano estrictamente jurídico y que podrían ser contrarios al principio de separación de poderes».
Esta sesión se ha celebrado para que todas las partes fijen su posición acerca de la posible aplicación de la ley de la amnistía a los procesados. Las defensas de todos ellos han solicitado esta instancia al entender que los hechos que se les imputan encajan en los requisitos de la norma, tanto por el marco temporal –de 2011 a 2023– como por los delitos.
Durántez ha sido la encargada de fijar la posición de la Fiscalía a pesar de que es el fiscal de la Audiencia Nacional Vicente González Mota quien asumió esta causa tras la marcha de Miguel Ángel Carballo a la Fiscalía Provincial de Ciudad Real.
Fuentes fiscales justifican esta decisión alegando que se trata de un tema organizativo interno valorado por la jefatura como lo procedente.
LA POSICIÓN DE LAS DEFENSAS
Las defensas han sostenido que los hechos imputados a los CDR son amnistiables en tanto que se cumple el marco temporal fijado en la ley, señalando que «en modo alguno se ha provocado ninguna vulneración de Derechos Humanos en esta causa».
Además, han incidido en que lo que existe es una «supuesta organización terrorista» a la que se señala por la presunta «fabricación de explosivos y por un delito de estragos». «En las conclusiones primeras de los actos de escrito de acusación, tanto del Ministerio Fiscal como de la acusación popular, no se puede entender que concurra finalidad de carácter terrorista en la actuación de ninguno de los acusados», ha apostillado uno de los letrados.
Otra de las representaciones ha asegurado que «los hechos objeto de enjuiciamiento encajan perfectamente en el supuesto de aplicación de la ley de amnistía». «Por las fechas encajan, evidentemente, por el ámbito, digamos, objetivo en todo aquello que tiene que ver con aquello que se ha mencionado y se ha denominado el proceso independentista catalán», ha añadido.
Las defensas afirman que la «voluntad» de la ley, «pese a quien le pase», es dejar sin efecto la acusación contra los CDR. «Entendemos que se deben estimar las cuestiones (…) y declarar la aplicación de la ley de amnistía, acordar el sobreseimiento libre del presente sumario y el archivo definitivo», han apostillado.
En este contexto, han detallado que «no hay vulneración de derechos fundamentales de los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, con lo cual es plenamente aplicable la amnistía».
«El filtro de la vulneración de derechos fundamentales no lo supera, con lo cual, señorías, entendemos que no puede sino aplicarse, digamos, la Ley de Amnistía», ha apuntado uno de los abogados.
Es por eso que han instado a «tramitar de forma urgente y preferente las peticiones de la aplicación de la ley de amnistía». «Entendemos que efectivamente debería acordarse el sobreseimiento libre de la causa», han defendido.
La acusación popular, por su parte, se ha mostrado en contra de aplicar la amnistía al considerar que «tanto el terrorismo como la traición siguen apareciendo en la ley» y, a su juicio, se habrían producido.
En este sentido, el presidente del tribunal, el magistrado Alfonso Guevara, ha reprendido al letrado por estar «criticando la ley». «Y a mí, a nosotros tres, nos da lo mismo si está bien o está mal hecha, sólo si viola o no alguna norma constitucional. Nada más. Que la indefinición, que si está, que si eso no, que volvemos a las Cortes… que no, que por ahí no trago», ha espetado.
A la salida de la vista uno de los procesados, Txevi Buigas, ha asegurado en declaraciones a los medios que están «contentos, simplemente porque lo que ha hecho la Fiscalía», que ha sido pedir que aplique «lo que dice la ley de amnistía». «Todavía estamos esperando la resolución del juez, que hasta que no diga A o B, todavía estaremos con esa incerteza», ha reconocido.
EL PROCESAMIENTO DE LOS CDR
Fue en noviembre de 2023 cuando la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó la conclusión de sumario acordada por el juez instructor Manuel García Castellón y abrió juicio oral contra los 12 miembros de los denominados Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por pertenencia a organización terrorista.
Los magistrados de la Sección Tercera avalaban así la decisión adoptada el pasado octubre de 2023 por García Castellón contra los presuntos miembros de un núcleo radical de los CDR que estaban dispuestos a usar la violencia para conseguir la independencia de Cataluña.
La Fiscalía pidió sentar en el banquillo a Eduard Garzón, Esther García, Sonia Pascual, Queralt Casoliva, Germinal Tomás, Alexis Codina, Jordi Ros y Rafael Delgado por delitos de pertenencia a organización terrorista; tenencia, depósito o fabricación de explosivos; y estragos, este último en grado de tentativa.
Respecto a los demás procesados, el Ministerio Fiscal señaló a Ferrán Jolis, Xavier Buigas, David Budria y Clara Borrero únicamente por el delito de pertenencia a organización terrorista.
Según la investigación judicial, este grupo formaba dentro de los CDR el denominado Equipo de Respuesta Táctica (ERT), una célula integrada por un núcleo radicalizado compuesto por individuos procedentes de diferentes CDR.
La creación del ERT vendría motivada por la necesidad de contar en el seno de los CDR con un grupo clandestino formado por individuos de la máxima confianza que se mostraran totalmente entregados a «la causa» para encargarles las acciones más sensibles.
