La teniente fiscal del Tribunal Supremo (TS), María Ángeles Sánchez-Conde, ha emitido este lunes un informe donde se opone a que el alto tribunal investigue a su jefe, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por el presunto delito de revelación de secretos del que le acusa el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
En un informe de 45 páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, la ‘número dos’ del Ministerio Público solicita «declarar que los hechos no son constitutivos de delito y archivar las actuaciones».
Sánchez-Conde se ha pronunciado después de que el pasado julio el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) elevara al alto tribunal la causa por la querella que el novio de Díaz Ayuso, Alberto González Amador, presentó contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos.
La pareja de Díaz Ayuso llevó a los tribunales la difusión de una nota informativa en la que la Fiscalía de Madrid daba cuenta del cruce de correos electrónicos entre su abogado y el fiscal Julián Salto por el supuesto fraude fiscal por el que se le investiga. García Ortiz asumió la responsabilidad de dicho comunicado.
El TSJM consideró que la difusión de la nota «no se corresponde con la alegada finalidad que apunta el Ministerio Fiscal» (desmentir un bulo), porque «aparte de exceder en su contenido a lo que aparece divulgado en la prensa, supone la divulgación de datos e información que no puede ser revelada a terceros».
Para Sánchez-Conde, en cambio, «dar a conocer la cronología de los hechos y de los correos electrónicos era especialmente necesario para el Ministerio Fiscal, puesto que al alterar varios medios de comunicación su orden temporal se pretendía confundir a la opinión pública al variar radicalmente el papel de la Fiscalía tanto en las diligencias de investigación como en su relación con la representación del investigado Gonzalez Amador».
La teniente fiscal recuerda que «la propia presidenta de la Comunidad de Madrid puso en duda la imparcialidad y objetividad de la Fiscalía, pues, además de poner en tela de juicio el recto proceder de la fiscal jefa provincial de Madrid (Pilar Rodríguez), llegó a deslizar que se trataba de un caso turbio de los poderes del Estado, así como que estos estaban siendo utilizados contra su pareja».
Así, recopila las noticias publicadas en relación con la causa donde se investiga a González Amador para poner de manifiesto que antes de que se emitiera la citada nota de prensa, el 14 de marzo, algunos medios ya incluían el ‘mail’ del 2 de febrero remitido por su abogado a la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid, «en el que manifestaba su voluntad de alcanzar una conformidad y reconocía la comisión de dos delitos fiscales».
En este sentido, detalla que el artículo que suscitó «el interés de la institución y sus respectivas jefaturas por conocer de primera mano la veracidad de la información» se publicó la noche del 13 de marzo, sobre las 21.30 horas.
Y subraya que Rodríguez «no tuvo conocimiento de los correos electrónicos a que se hace referencia hasta la noche (aproximadamente a las 23.00 horas) del 13 de marzo, cuando le fueron remitidos –a la vez que a la fiscal superior de Madrid (Almudena Lastra)– por el fiscal encargado del caso». «Posteriormente», la fiscal jefa provincial se los remitió a García Ortiz, apunta.
APUNTA A LA DEFENSA DEL NOVIO DE DÍAZ AYUSO
Además, pone de relieve que algunos medios citaron a «fuentes próximas a la defensa» en relación con el polémico ‘mail’, lo que a juicio de Sánchez-Conde «excluye la participación de la Fiscalía y sitúa el origen de la filtración en el entorno de la defensa del señor González Amador».
«Puede afirmarse, por tanto, que los correos electrónicos intercambiados por el investigado con la Sección de Delitos Económicos primero y con el fiscal encargado del asunto después circulaban por las redacciones de diferentes medios de comunicación con antelación a que la Fiscalía difundiese la nota de prensa», afirma.
A ello añade que «más de doce fiscales y cuatro funcionarios tenían acceso a esa dirección genérica de correo electrónico de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid».
Con todo, la teniente fiscal sostiene que «ningún extremo de los contenidos en la nota informativa de la Fiscalía era desconocido cuando se hizo pública, es decir, todos los datos que se dicen revelados por esa nota informativa eran, en realidad, datos de público conocimiento».
«Ello permite afirmar que nos encontramos ante una conducta inocua, carente de antijuricidad material, dada su nula lesividad. Una vez reveladas y difundidas aquellas informaciones por distintos medios de comunicación de ámbito estatal, la nota informativa no resultaba idónea para generar daño alguno a la causa pública ni perjuicio al interesado», razona.
Por otro lado, hace hincapié en que «nadie ha cuestionado que el contenido de la nota informativa difundida con membrete de la Fiscalía Provincial de Madrid el día 14 de marzo de 2024 se corresponda fielmente con lo acaecido, ni que los datos e informaciones que contenía fueran verídicos y exactos».
«REACCIÓN VIRULENTA»
También aprovecha para señalar que, «tras hacerse pública la existencia de una investigación de carácter penal frente al señor González Amador, en el entorno del investigado hubo una reacción virulenta que puso su foco en la fiscal jefa de Madrid», «de la que se resaltó su posible vinculación político-ideológica de carácter antagónico a la ostentada por la presidenta de la Comunidad de Madrid», «afirmándose incluso que la investigación tenía un fin espurio».
Sánchez-Conde considera que «lo anterior, unido a la falsedad tanto de algunas publicaciones periodísticas como de manifestaciones realizadas desde el entorno de la presidencia de la Comunidad de Madrid, hizo imprescindible la difusión de una nota de prensa de carácter institucional que proporcionase a la ciudadanía información veraz, una información que no revelaba ningún dato que no fuere ya conocido por la opinión pública».
«En definitiva», resume la teniente fiscal, «ante el interés general suscitado por la opinión pública en relación con las informaciones publicadas, la nota de prensa emitida por la Fiscalía se limitaba a desmentir, con hechos cronológicamente sistematizados, los infundios publicados» por la prensa, «así como por el jefe del Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid», Miguel Ángel Rodríguez.
Sánchez-Conde reivindica que, «en este contexto de desinformación y falta de veracidad, se encontraba la necesidad, además de defender la imparcialidad de un órgano de naturaleza constitucional como es el Ministerio Fiscal y a sus propios integrantes que desarrollan sus funciones con absoluta profesionalidad, de dar información auténtica y fidedigna que corrobore la realidad de los hechos».
Al hilo, recalca que «el Ministerio Fiscal tiene encomendada la función de informar a la opinión pública de los hechos que se produzcan en su ámbito competencial, obligación que aparece cuando, como es el caso, se difundieron noticias claramente falsas, que estaban causando un importante revuelo mediático y confusión interesada y que comprometían la imagen de varios fiscales en particular y de la institución en general».
«Por tanto, era imprescindible para el Ministerio Fiscal aclarar un bulo mediante una nota oficial al objeto de que la ciudadanía pudiese recibir información veraz», zanja.
Cabe recordar que, una vez que se ha pronunciado la Fiscalía, corresponde al Tribunal Supremo decidir sobre la posible imputación del fiscal general. La ponente del asunto es la magistrada Susana Polo, a quienes acompañan en esta sala los magistrados Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela.
