La fundación Nacional Francisco Franco sospecha que el Gobierno intentará ilegalizarla de cara a las elecciones del próximo año, una vez que ha entrado en vigor la Ley de Memoria Democrática, según ha trasladado a Europa Press su presidente Juan Chicharro.
Con la nueva norma, que rige desde el viernes, se abre la puerta a ilegalizar fundaciones que hagan apología del golpe de Estado de 1936 y la dictadura franquista o enaltezcan a sus dirigentes, «con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo» o hagan «incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas», según recoge la ley.
En este sentido, considera que el Gobierno «moverá ficha cuando le interese», según ha afirmado y cree que utilizará «el comodín Franco», como lo ha calificado, antes de las próximas elecciones autonómicas y municipales que se van a celebrar en mayo de 2023 o bien antes de las generales de final de año.
Espera por tanto que la ley se declare inconstitucional y se muestra convencido de que Vox impulsará un recurso con este fin. Sin embargo, muestras sus «dudas» de que el PP vaya a hacer lo mismo.
DEBE INICIARSE UN PROCESO JUDICIAL
Por el momento la Fundación Franco no ha recibido ninguna notificación sobre su extinción, puesto que antes debe iniciarse un proceso judicial. Sin embargo, Chicharro avisa de que si intentan ilegalizarles recurrirán ante los tribunales y se muestra «muy tranquilo» porque, según sostiene, tiene argumentos para que los jueces les den la razón.
En este sentido rechaza de plano que sus actividades supongan menosprecio o humillación para las víctimas y menos aún que inciten al odio o la violencia. «Jamás lo hemos hecho», asegura.
También pone en duda que subrayar que durante el franquismo se construyeron «600 embalses» o que se puso en marcha el sistema de «Seguridad Social» sea hacer apología. Los jueces, por tanto, tendrán que «dilucidar» esta cuestión, según ha advertido.
¿QUÉ PASARÁ CON LOS BIENES?
Respecto a los bienes de la fundación –principalmente su amplio archivo documental– la ley establece que irán destinados a las fundaciones o entidades no lucrativas privadas que decida el patronato de la propia fundación extinguida.
En caso de que no lo lleve a cabo, el proceso quedará en manos del Protectorado de Fundaciones, organismo dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte, que puede nombrar un liquidador que recibirá una retribución a cargo del patrimonio de la fundación.
A este respecto, fuentes de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática consultadas por Europa Press indican que corresponde al Patronato de Fundaciones «instar judicialmente» la extinción de una fundación y que el órgano judicial podrá acordar la suspensión provisional de las actividades de la fundación hasta que se dicte sentencia. También, tomar medidas cautelares si lo considera necesario para que se puedan suspender las actividades.
No aclaran sin embargo qué fundaciones pueden ser objeto de ilegalización y si la Francisco Franco está entre ellas. Señalan únicamente que la norma afecta a cualquiera que no persiga fines de interés general o realicen actividades contrarias al mismo, como indica la ley.
A este respecto precisan que se considera contrario al interés general la apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezcan a sus dirigentes, en los términos citados previamente.
FUNDACIÓN DE LA DIVISIÓN AZUL
Chicharro asume además, que la posible extinción de la fundación conllevaría otras consecuencias como la clausura de su página web y el cierre de la sede situada en la zona de Nuevos Ministerios en la capital de España.
Por otro lado apunta que otra asociación que podría estar en una situación similar es la Hermandad Nacional y Fundación de la División Azul, dedicada al «estudio, difusión y conocimiento» de esta unidad militar que combatió en la Segunda Guerra Mundial junto a la Alemania nazi.
No cree que vayan a correr la misma suerte, según comenta en tono irónico, otras entidades como las fundaciones dedicadas a los dirigentes del PSOE durante la II República, Francisco Largo Caballero y Juan Negrín, así como la Fundación Sabino Arana, el fundador del PNV. Considera por tanto, que se trata de una ley «de parte» y «sectaria» con planteamientos «totalitarios».
