El Equipo de Delitos Económicos de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial (Valencia) ha solicitado al juez poder acceder a las cuentas y facturas físicas de las empresas de Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, y sus socios, los Adell Bover.
En un oficio, al que ha tenido acceso Europa Press, la Guardia Civil se dirige al Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia, encargado de la causa del presunto fraude de subvenciones a Francis Puig y sus socios, para requerir más datos con el objeto de avanzar en la investigación.
El juzgado pidió en febrero del pasado año a la Guardia Civil que investigara la querella presentada contra Francis Puig y sus socios por la posible adjudicación fraudulenta de subvenciones de la Generalitat Valenciana, de la Generalitat Catalana y del Gobierno de Aragón a las mercantiles Comunicacions dels Ports, Mas Mut, Canal Maestrat, Nova C.B y Kriol Produccions entre los años 2015 y 2018.
Para elaborar su informe, la Guardia Civil necesita más datos que no obran en el procedimiento, entre ellos, las facturas físicas, originales o copias, justificativas de gastos: «Sería fundamental para comprobar la veracidad de los hechos que las mercantiles investigadas aportaran las facturas físicas emitidas para su cotejo de las subvenciones otorgadas», indica.
Además, ve «necesaria» la comprobación de los asientos de las distintas cuentas bancarias cuyas titularidades correspondientes a las mercantiles investigadas. Para ello, ha recordado, se requiere el acceso al fichero de titularidades del SEPBLAC con el fin de solicitar a las diferentes entidades tanto las cuentas corrientes como las de ahorro de las diferentes empresas. Igualmente ve necesario el libro de contabilidad de las mercantiles.
Por ello, la Guardia Civil ha solicitado al juzgado que haga un mandamiento judicial para poder consultar el fichero del SEPBLAC y otro a Hacienda para que aporte información fiscal de 2015 de las distintas empresas bajo investigación.
También ha requerido al juez que reclame a las mercantiles las facturas físicas relacionadas con las cuentas justificativas para la obtención de subvenciones por parte de la Generalitat Valenciana, la catalana y el Gobierno de Aragón.
Esta causa fue abierta en mayo de 2019 por un posible delito de malversación y parte de una querella interpuesta por el PP por las ayudas al fomento del valenciano concedidas a mercantiles «sin ningún tipo de control».
Esta querella se interpuso inicialmente en los juzgados de Vinaròs (Castellón) –ya que las empresas de Francisco Puig están radicadas en la localidad castellonense de Morella– pero se archivó al considerar que no tenían competencia territorial. Posteriormente, se presentó en Valencia y recayó en el Juzgado de Instrucción n mero 4, que trasladó de nuevo la cuestión a Vinaròs. Al final, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) acordó que debía quedarse la causa en Valencia.
