La Fiscalía Anticorrupción ha informado al Juzgado Central de Instrucción número 6 de que no interesarán nuevas prórrogas en la pieza separada número 9 de la macrocausa ‘Púnica’, relativa a la financiación irregular del PP de Madrid, por lo que el 29 de enero de 2022 –cuando expira la última– puede darse por terminada la fase de investigación.
«El motivo del presente escrito es poner de manifiesto la posición procesal del
Ministerio Fiscal respecto al cierre de la instrucción, tratando con ello -pese al tiempo
transcurrido- dotar de certeza procesal a todas las partes del procedimiento», dice el escrito adelantado por ABC y al que ha tenido acceso Europa Press.
No obstante, en sus dos páginas, los tres fiscales del caso aclaran que esta decisión está condicionada «a algo ajeno al Ministerio Público, como es que se encuentre resuelto el recurso persistente contra el auto de formación de la pieza separada 13».
Cabe recordar que en mayo el juez instructor Manuel García-Castellón acordó abrir una nueva pieza separada, la número 13, para investigar la documentación aportada desde la cárcel de Soto del Real por el que fuera alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega y que indiciariamente podrían acreditar la existencia de un sistema de facturación impuesto «que perseguiría satisfacer necesidades económicas del PP de la Comunidad de Madrid».
Esa decisión fue recurrida por el Ministerio Fiscal, que espera respuesta aún. Pero más allá de ese matiz, en el escrito conocido este miércoles consideran las pruebas recabadas durante la instrucción «permiten realizar y así se hará, un informe razonado, motivado e individualizado de todas las personas, físicas y jurídicas, que constan actualmente investigadas en la presente pieza». En esta pieza, la investigada de más calado político es la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid, y del PP madrileño, Esperanza Aguirre.
Asimismo, señalan que la complejidad y extensión de la pieza separada «no es puesta en entredicho por ninguna de las partes personadas, sea cual sea la posición procesal que estas ocupen» y añaden que eso implica la necesidad de realizar un «extenso y dificultoso trabajo de análisis de la documental a los efectos de tratar de dar una respuesta
que garantice el derecho a la tutela judicial efectiva de todos los intervinientes».
Y añaden que son conscientes de que el sistema de prórrogas unido al estado de la investigación y al largo periodo de tiempo que, algunas personas, llevan desde que inicialmente fueron citadas como investigadas «acarrea un coste personal elevado».
LA PIEZA 9
La 9 es la pieza separada de mayor trascendencia de ‘Púnica’ por cuanto García-Castellón intenta determinar si existió una ‘caja b’ en el PP madrileño que sirvió para costear las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011.
Las indagaciones arrancaron en 2014 tras el hallazgo de una agenda de su ex secretario general Francisco Granados, considerado el ‘cabecilla’ de la ‘Púnica’, en la que pueden leerse unas siglas, que corresponderían a donantes, junto a unas cantidades de dinero.
En un primer momento, en 2014, fueron detenidas más de 50 personas, entre políticos, funcionarios y empresarios, como miembros de una trama de corrupción que habría otorgado contratos públicos por valor de 250 millones de euros al menos desde 2012 en la Comunidad de Madrid.
De un lado, los responsables políticos y administrativos hacían las adjudicaciones ‘a dedo’ y, de otro, los empresarios beneficiados por ello les pagaban comisiones ilegales que se blanqueaban mediante un entramado societario, de acuerdo con el relato judicial.
El entonces juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investigó los hechos como un todo hasta que en 2015 decidió trocear la causa para profundizar en los actos delictivos diferenciados que fue observando.
