La juez del denominado ‘caso Mediador’ ha admitido que el PP, PSOE y Vox ejerzan la acusación popular en la investigación que se sigue contra el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias ‘Tito Berni’, como presunto líder de una supuesta trama que se dedicaba a cobrar mordidas a cambio de favores políticos.
Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que la titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife ha acordado admitir también la personación de Fuerza Canaria Unida Democrática, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y la Organización de Usuarios y Consumidores de Aguas (Aguaiuris).
Las mismas fuentes han precisado que la magistrada Ángeles Lorenzo-Cáceres ha emplazado a las acusaciones populares ahora admitidas a abonar una fianza de 2.000 euros. Según han indicado, a todas se les considerará personadas de manera «unificada, conjunta y simultánea» bajo la dirección legal de un único letrado.
La decisión de la titular del Juzgado tiene lugar después de que el sobrino de ‘Tito Berni’ y exdirector de Ganadería de Canarias, Taishet Fuentes Gutiérrez, le solicitara que aglutinase en una misma acusación a PSOE, PP y Vox y las demás partes que habían pedido personarse, según un escrito al que tuvo acceso Europa Press.
REVISARÁ LA PETICIÓN DE PRISIÓN PARA FUENTES CURBELO
Al margen, las fuentes consultadas han asegurado que la juez revisará ahora la petición formulada por Vox y el partido canario para que se decretara el ingreso en prisión provisional del exdiputado investigado. Cabe recordar que la magistrada no pudo acordarlo en su día porque la única acusación entonces, Fiscalía, no lo solicitó como medida cautelar.
Se trata del último movimiento del conocido ya como ‘caso Mediador’, donde se investiga la presunta existencia de una red encabezada por ‘Tito Berni’, su sobrino Taishet Fuentes Gutiérrez, el empresario canario Antonio Navarro Tacoronte y el general Francisco Espinosa que se habría dedicado a cobrar mordidas a cambio de favores políticos.
La trama estaría integrada por una organización criminal «formada principalmente por tres pilares y un claro nexo de unión entre todos los investigados». Contaría con «una jerarquía perfectamente estructurada y definida, con clara división de funciones y dedicada a la comisión de delitos relacionados con la corrupción como el cohecho y tráfico de influencias».
Según los investigadores, el grupo perseguía «un evidente fin lucrativo mediante la obtención de un enriquecimiento económico así como diferentes beneficios personales a raíz de acciones ilícitas».
