La titular del Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid, Mónica Aguirre, ha rechazado la petición de la Fiscalía Anticorrupción que interesaba que la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2012, Esperanza Aguirre, fuera imputada por prevaricación y malversación por la reducción de 135 camas en el Hospital Puerta de Hierro. Fuentes fiscales consultadas por Europa Press avanzan que recurrirán la negativa a investigarla.
En el escrito del Ministerio Público se solicitaba también la declaración como investigados del exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid Juan José Güemes, de la exviceconsejera de Asistencia Sanitaria Ana Sánchez Fernández, y del exdirector General de Gestión Económica y de Compras de Productos Sanitarios y Farmacéuticos Jesús Alejandro Vidart.
En el auto, con fecha de 17 de noviembre y al que ha tenido acceso Europa Press, la jueza subraya que el hecho de que Aguirre, Güemes y Sánchez fueran «los máximos responsables de la Comunidad de Madrid, Consejería de Sanidad y del Órgano de Contratación en mayo de 2008», «no justifica» que se les atribuya la condición de investigados.
Sobre Aguirre, asevera que de la declaración prestada por la hasta ahora única investigada, la que fuera directora General de Planificación, Infraestructuras y Equipamientos de Sanidad de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Elena de Mingo, no se deduce que «la resolución sobre la reducción del número de camas del hospital procediera directamente de la presidencia de la Comunidad de Madrid».
EL MODIFICADO DEL CONTRATO
La jueza recuerda que en el escrito del Ministerio Fiscal se manifestaba que De Mingo «procedió a modificar de facto el contrato de concesión de obra pública para la redacción del proyecto, construcción y explotación del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda», adjudicado por Güemes mediante Orden de 18 de marzo de 2005 a la agrupación de empresas que constituyeron ‘Hospital Majadahonda SA’.
Y que fue suscrito con la Administración contratante en fecha 18 de abril de 2005, dando cumplimiento y ejecutividad a la Orden de Cambio 44 de 28 de mayo de 2008, en virtud de la cual 135 habitaciones pasaron de ser dobles a individuales, invocándose como sustento habilitante la resolución de 5 de mayo de 2008 de la Dirección General dictada a requerimiento de la presidencia de la Comunidad de Madrid.
La magistrada explica que de las diligencias practicadas, incluida la información remitida por el Secretario General Técnico de la Consejería de Sanidad el 4 de noviembre de 2019 y por la Dirección General de Gestión Económico-Financiera y de Farmacia de 15 de enero de 2020, «resulta que no se ha aportado la Orden de la Dirección General de Infraestructuras de 5 de mayo de 2008 para convertir las habitaciones dobles en individuales».
E incide en que de lo declarado por De Mingo no se puede llegar a la conclusión de que la resolución sobre la reducción del número de camas del hospital «procediera directamente de la Presidencia de la Comunidad de Madrid».
NO ESPECIFICÓ DE QUIÉN FUE INICIATIVA
Además, explica que si bien Anticorrupción justifica imputar a los cargos políticos «por ser los máximos responsables de cada órgano en la fecha de autos», en el escrito «se hace constar que en el interrogatorio efectuado a De Mingo (…) no especificó si la ODC 44 de 28 de mayo de 2008 fue iniciativa del órgano de contratación, Viceconsejería de Asistencia Sanitaria, o del Consejero de Sanidad, máximo responsable».
La magistrada se apoya en jurisprudencia del Supremo y parafrasea un auto de la causa especial 20542/20: «Tampoco puede esta Sala promover la exigencia de responsabilidades penales dando la espalda a otro de los principios sin cuya vigencia el derecho penal se convierte en un peligroso instrumento totalitario. Hablamos del principio de culpabilidad por el hecho propio. Cualquier juicio de autoría exige que la persona a la que se atribuye responsabilidad criminal haya ejecutado por sí la acción típica o, en los supuestos de coautoría, tenga el dominio funcional del hecho».
Ese auto decía además que la división y delegación de funciones, y por tanto, de la capacidad de decisión –que puede recaer en un grupo diverso y múltiple de personas que ejercen algún tipo de mando y dirección dentro de la estructura– «hace todavía más difícil la afirmación de la responsabilidad criminal».
La jueza destaca de esa jurisprudencia la frase que reza que «en ningún caso puede desembocar en atribuciones objetivas de responsabilidad por el mero hecho de la posición o cargo que una persona concreta ostente en la organización, por muy alto que este sea».
EL CASO PÉREZ DE LOS COBOS
La magistrada Mónica Aguirre se apoya también para fundamentar su decisión en el auto del Supremo relativo a la querella del coronel Diego Pérez de los Cobos contra el ministro del Interior Fernando Grande Marlaska, contra el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y contra la directora General de la Guardia Civil, María Gámez, por su cese de la comandancia de Madrid en mayo de 2020.
Recuerda que el Alto Tribunal indicó que no cabía la admisión de la querella porque el acto administrativo «no fue adoptado por el ministro, sino por el secretario de Estado, a propuesta de la directora de la Guardia Civil, por lo que no cabe atribuir la autoría de los delitos que se imputan (prevaricación y obstrucción a la Justicia) al ministro, única persona aforada ante este Tribunal Supremo, por entender que fue el autor intelectual del acto administrativo».
Ese auto, indicaba que eran precisos elementos probatorios de mayor consistencia para establecer esa inferencia, ya que lo único acreditado es que «quien dispuso el cese fue la autoridad administrativa a la que correspondía la competencia para ello, sin que se tenga constancia alguna de la intervención del ministro en dicha decisión, por más que pudiera estar de acuerdo con ella».
LA IMPUTACIÓN DE VIDART
Por otro lado, la jueza sí que admite la declaración como investigado de Jesús Alejandro Vidart y recuerda que según Anticorrupción la aprobación del Modificado «debió haberse acompañado de la cuantificación de los efectos económicos que implicaba en el contrato de concesión la reducción de costes que produce a la sociedad concesionaria la eliminación de forma permanente de 135 camas». añade que eso debería haber supuesto «la reducción del importe del canon a pagar por la Administración».
El Ministerio Público, según recoge la jueza en el auto, expone que conforme a la normativa aplicable, Vidart «omitió el ejercicio de las competencias derivadas de su cargo» porque «debió proceder a la mayor prontitud a la propuesta del reequilibrio económico del contrato a favor de la Administración».
DICIEMBRE DE 2020
Fue en diciembre de 2020 cuando la Fiscalía presentó una querella contra Elena De Mingo, la que fuera directora general de Planificación, Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios, órgano adscrito a la Consejería de Sanidad, entre abril de 2008 y julio de 2011, por presuntas irregularidades en las obras de adjudicaciones del Hospital Puerta de Hierro.
Las diligencias revelaron la existencia de indicios que permitían concluir «que prescindiendo del más mínimo procedimiento administrativo de modificación de contratos» se modificó de facto el contrato de concesión de obra pública.
Según precisó la Fiscalía en diciembre de 2020 no existía «una resolución firme a través de la cual dicho restablecimiento se haya llevado a efecto, con lo cual la Administración ha abonado mayores costes por servicios nunca prestados, produciéndose el correspondiente menoscabo a los caudales públicos de la Comunidad Autónoma, en una cantidad superior a los 10 millones de euros».
