La jueza que investiga al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, y al futbolista Gerard Piqué por presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal por el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí, entre otras cosas, ha reclamado a la RFEF que aporte documentación sobre una «celebración» en Salobreña (Granada) y ha admitido que el presidente de LaLiga, Javier Tebas, se persone como acusación popular en el caso.
En una serie de autos, a los que ha tenido acceso Europa Press, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Majadahonda (Madrid), Delia Rodrigo, accediendo a lo solicitado por la Fiscalía, ha pedido a la RFEF que aporte documentación sobre dicha «celebración».
Según informó en su día El Mundo, se trata de una supuesta fiesta privada de Rubiales y otras personas que habría tenido lugar en agosto de 2020 en un chalé de Salobreña y que, según denunció su tío y exjefe de gabinete, Juan Rubiales, se habría pagado con dinero de la Federación.
La RFEF, por su parte, desmintió que fuera una fiesta y aseguró que fue una reunión interna de trabajo en la que el alojamiento corrió íntegramente por cuenta de cada asistente, incluido Juan Rubiales. «Ni los empleados ni la RFEF incurrió en irregularidad alguna», indicó en un comunicado.
En concreto, la jueza quiere saber el coste de la estancia y si fue pagada con fondos y tarjetas de la RFEF, así cómo el «motivo, fecha y lugar» exactos y «asistentes que oficialmente acudieron».
Ha requerido, además, a la RFEF que aporte los contratos y facturación que tenga sobre los negocios que haya tenido con una agencia de detectives y una empresa inmobiliaria, implicadas supuestamente en el supuesto espionaje contra el presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo.
La jueza también incide en las cuentas del FC Andorra y de Kosmos, club y empresa de Piqué, respectivamente. Y ha pedido a distintos bancos que le faciliten extractos de movimientos de Kosmos, al tiempo que emite una comisión rogatoria a Andorra para obtener información sobre las cuentas del club de fútbol.
Por último, ha acordado abrir una pieza separada que declara secreta durante al menos 30 días para analizar la información tributaria y bancaria que llegue sobre la RFEF, Rubiales, Piqué y sus negocios.
«LUCRARSE» CON LA SUPERCOPA
Cabe recordar que esta investigación, antes de que la jueza admitiera en junio una querella contra ambos, arrancó en mayo tras abrir la Fiscalía Anticorrupión diligencias por presuntas irregularidades en la gestión de Rubiales al frente de la RFEF y a partir, entre otros temas, del contrato para que la Supercopa de España se dispute en Arabia Saudí con la mediación de Piqué.
En la querella, presentada por el dirigente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol (CENAFE), Miguel Ángel Galán, se apunta a las comisiones cobradas por la RFEF y la empresa de Piqué por que el torneo de la Supercopa de España se juegue en el país árabe. A esa se sumó otra del sindicato Manos Limpias.
Según la querella, Rubiales y Piqué urdieron un «plan para lucrarse» con el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí a cambio de 24 millones de euros, ocultando «contumazmente» las comisiones, que «disfrazaron documentalmente aparentando que el pago se producía por un tercero». «Los querellados iniciaron su plan en unidad de interés, colaborando entre ambos de tal forma, que en ocasiones no resultaba sencillo dirimir cuál de ellos era el presidente y cuál era el aparente comisionista», menciona.
En el escrito, Galán afirma que el objetivo de Rubiales y Piqué, actual capitán del Fútbol Club Barcelona, era «hacer negocio», aunque desconocían «qué», «cómo» o «dónde»: «Lo que sí sabían y querían era hacerlo juntos», resalta el querellante.
OCULTAR LA COMISIÓN
Rubiales «no quería» que aparecieran en «ningún documento» los 24 millones de euros que iba a cobrar Piqué por mediar en la operación. Para Galán, el uno con el otro se «habían confabulado» con el fin de «ocultar» la comisión, «haciéndola opaca no solo a la sociedad española, sino también a todos los órganos internos» de la RFEF «que pudieran impedirles la comisión de sus actos», como si no existiera.
«En unas relaciones en las que se hubiera ejercido el cargo de Presidente de la RFEF debidamente, habría que preguntarse cuál puede ser el motivo de planear con un jugador en activo las artimañas para que una competición se juegue en Madrid o Barcelona u otro estadio o para que el Presidente cuide de mejorar los ingresos de un club (el Barcelona) en perjuicio de su administrada, la RFEF», apunta, ante la opción de que el torneo se jugara en un principio en Barcelona.
Otro de los puntos recogidos en la querella es el supuesto encargo desde la Federación de Fútbol a una agencia de detectives para «espiar» al presidente de la AFE, trabajo que habría sido pagado con «una sociedad instrumental». «Los seguimientos costaron 11.764 euros, pero no los abonó» la RFEF, «sino una mercantil dedicada a la promoción inmobiliaria que pertenece a un abogado externo y que cobra regularmente del organismo» federativo, señala.
Galán asegura que si Rubiales encargó espiar a David Aganzo, uno de los líderes sindicales, para «beneficio propio», a través de una «empresa interpuesta o pantalla» para ocultar la «evidente falta de legitimidad en la invasión de su intimidad» y a cargo de fondos de la RFEF, estas son unas conductas «muy graves» y «delictivas».
Un tercer motivo recogido en la querella apunta a si el presidente de la RFEF se embolsó de modo «irregular» una ayuda por vivienda de 3.100 euros al mes durante «al menos» nueve meses. Mientras que el cuarto y último punto versa sobre un viaje «de asueto» de Rubiales a Nueva York costeado «indebidamente» por la Federación, «aprovechando su poder» y camuflado como «de trabajo».
