El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de Perú ha decretado este jueves 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo mientras es investigado por la presunta comisión de delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública.
Así, la Justicia peruana ha emitido una resolución favorable sobre la solicitud de la Fiscalía de detener al exmandatario de forma preventiva por un periodo de 18 meses, todo ello tras encontrar fundadas las acusaciones que podrían suponer para Castillo una pena superior a los cuatro años, según ha informado el propio organismo en un comunicado.
Además, la decisión también se basa en la posibilidad de peligro de fuga del país por parte de Castillo, quien ha solicitado asilo político ante el embajador de México en Perú, según detalló en una rueda de prensa el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.
En tanto, el ex primer ministro peruano Aníbal Torres, uno de los principales apoyos de Castillo, deberá comparecer periódicamente con ciertas restricciones y reglas de conducta, ya que está siendo investigado en el mismo caso.
La prisión preventiva decretada por el Poder Judicial peruano tiene lugar después de que Castillo anunciase la disolución del Congreso y la instauración de un Gobierno de excepción el pasado 7 de diciembre, hechos tras los cuales fue destituido por el Congreso y posteriormente detenido por las fuerzas de seguridad peruanas.
Desde entonces, permanece detenido en la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía Nacional de Perú, a las afueras de Lima. Ahora se deberá decidir a qué centro penitenciario ingresará el expresidente.
