La Justicia ha tumbado la última maniobra de Begoña Gómez para cuestionar la credibilidad de El Confidencial y silenciar las informaciones sobre sus vínculos con Globalia y Air Europa; su apoyo a una UTE del empresario Juan Carlos Barrabés en dos concursos del organismo público Red.es y el registro a su nombre de un software valorado en 150.000 euros que Indra, Google y Telefónica desarrollaron para la Universidad Complutense de Madrid.
El abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, demandó a El Confidencial para que rectificara una noticia publicada el pasado 4 de abril sobre los contratos que se llevó Barrabés. La información llevaba por título “La UTE de Begoña Gómez ganó por centésimas al barrer en la parte subjetiva con su firma” y formó parte de una serie de exclusivas sobre las actividades de la pareja del líder socialista que acabaron provocando la apertura de la causa del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.
Begoña Gómez no cuestionó en su demanda la veracidad de la noticia ni tampoco negó el resto de informaciones publicadas previamente, pero aseguró que ese título era falso porque no es propietaria de las empresas que integraban la UTE ni ha ostentado “ningún cargo de administración” en las mercantiles. Además, exigió que El Confidencial publicara los comunicados que emitieron Red.es, Air Europa y el Instituto de Empresa tras las noticias sobre los vínculos de estas compañías con la pareja de Sánchez.
El Juzgado de Primera Instancia número 13 de Madrid ha desestimado las pretensiones de Begoña Gómez en una sentencia dictada este jueves. Por un lado, respecto al supuesto título falso, asegura que carece de sentido tratar de “situar la controversia en el adecuado empleo gramatical de la preposición ‘de’, entendida como expresión que denota posesión o pertenencia”, cuando es evidente que “en el contexto indicado se usa para afirmar cualquier tipo de vinculación”.
La resolución conocida ahora respalda el trabajo de El Confidencial al establecer que, “para cualquier lector, es perfectamente comprensible que la vinculación que se establece entre la demandante y la UTE se basa en una serie de actuaciones que consistirían en un apoyo de aquella a ésta en un proceso de contratación público”, como alegaba desde el principio este diario.
El dictamen también destaca que “no se ha ejercido el derecho de rectificación” sobre las pruebas de esa conexión entre Begoña Gómez y la UTE y que “son éstas, y no la condición de socia o directiva de la demandante de las empresas de la UTE, las que llevan a los autores de la noticia a establecer en el titular una vinculación, por lo que la rectificación que se propone nada aporta a la noticia”.
El Juzgado de Primera Instancia número 13 de Madrid también rechaza que, como pedía el abogado de Begoña Gómez, El Confidencial tenga que publicar los comunicados de terceros como Air Europa, Instituto de Empresa y Red.es. No sólo porque esa petición se realizó fuera del plazo legal, sino porque la mujer del presidente del Gobierno no aclara exactamente qué artículos o datos pretende matizar ni incorpora los propios comunicados a su solicitud de rectificación.
Además, la resolución afea a Camacho que tratara de aportar un supuesto nuevo documento en la propia vista oral. «Supone de facto una alteración de la demanda, que deja indefensa a la parte demandada, quien no puede en el plazo que la ley da al demandado para contestar a la rectificación, efectuar las alegaciones que a su derecho convengan».
La derrota de Begoña Gómez es completa. La sentencia finaliza recordando que la Ley de Enjuiciamiento Civil obliga a pagar las costas a las partes que “hayan visto rechazadas todas sus pretensiones”, salvo que el tribunal aprecie “series dudas de hecho o de derecho”. Sin embargo, el magistrado no considera que se dé ninguna de estas excepciones e impone a Begoña Gómez el pago de todos los gastos ocasionados por el procedimiento.
Unos días después del artículo del 4 de abril, Sánchez publicó su primera carta a la ciudadanía para anunciar que se tomaba cinco días de reflexión por la apertura de la investigación judicial contra su mujer. En la misiva, denunciaba que estaba siendo víctima de una persecución de “digitales” que forman parte de una “galaxia ultraderechista”. También advirtió de que Begoña Gómez recurriría a los tribunales y «colaboraría» con la justicia para demostrar que se trataba de informaciones falsas. Tanto Begoña Gómez como el propio presidente Sánchez se negaron, sin embargo, a declarar cuando fueron llamados, la una como imputada y el otro como testigo, por el juez Peinado.
La resolución del Juzgado de Primera Instancia número 13 de este jueves desmonta las acusaciones del presidente del Gobierno y certifica tanto la profesionalidad de El Confidencial como la veracidad de sus noticias.
El llamado Plan de Acción Democrática lanzado por el Gobierno tras las informaciones sobre Begoña Gómez pone precisamente en el punto de mira de Moncloa la independencia de los medios de comunicación y plantea una reforma del derecho de rectificación que podría haber permitido a la mujer de Sánchez obtener un resultado más favorable en su demanda contra El Confidencial.
