La ministra de Igualdad, Irene Montero, verá este jueves 16 de marzo cómo dos leyes impulsadas por su departamento, la Trans y la del aborto, culminan hoy su tramitación parlamentaria, con su aprobación definitiva por parte del Gobierno. Los socios del Ejecutivo, PSOE y Podemos, votarán unidos -salvo alguna posible excepción como la de Carmen Calvo a la Ley Trans- ambas normativas, mientras siguen enfrentados por la reforma de la Ley del ‘sólo sí es sí’.
La Ley trans y por los derechos de las personas LGTBI permite realizar un cambio de sexo en el Registro Civil sin que sea necesario que la persona disponga, como se exige ahora, de un informe médico o psicológico clínico que acredite «disforia de género». Bastará con que se solicite el cambio por escrito, sin necesidad de presentar pruebas ni testigos, y que se ratifique en un plazo de tres meses.
Esta media se aplicará también a los menores a partir de los 16 años. Además, los de entre 14 a 16 años, deberán estar acompañado por sus padres para llevar a cabo este proceso, mientras que si el menor no cuenta con su consentimiento se nombrará un defensor judicial para resolver el conflicto.
De 12 a 14 años también se puede modificar el género siempre y cuando el menor tenga la autorización de un juez, que examinará su madurez y los menores de 12 años no pueden cambiar la mención registral del sexo pero sí su nombre para ajustarlo al género con el que se identifica.
Pero esta norma también incluye otras medidas relacionadas con el colectivo LGTBI+, como su acceso a la reproducción asistida o la filiación de los hijos de parejas lesbianas sin que estas deban estar casadas.
Pese al acuerdo final entre socialistas y morados, la Ley trans y por los derechos de las personas LGTBI es uno de los textos que más ha evidenciado las discrepancias en el seno del Gobierno. De hecho, y aunque la ley fue aprobada en el Consejo de Ministros, el PSOE presentó enmiendas al texto en el Congreso para limitar la autodeterminación de género de los menores y endurecer el proceso de reversión de las personas trans.
Durante la tramitación de la Ley en la Comisión de Igualdad de la Cámara baja estas enmiendas fueron rechazadas y, finalmete, los socialistas decidieron retirarlas para su debate en el Pleno y en la tramitación del texto en el Senado.
El máximo exponente de esta crítica socialista a la norma ha sido la exvicepresidenta del Gobierno y exministra de Igualdad, Carmen Calvo, quien dejó en Ejecutivo en plena polémica por esta ley. Calvo se abstuvo en la votación a la ley y ha sido multada por romper la disciplina de voto de su partido en el Congreso.
Pendiente de una posible sanción está también la senadora balear del PSOE Susanna Moll, que decidió votar en contra en el debate de esta norma en el Senado.
Aunque en un principio se pretendía aprobar definitivamente esta ley en el Senado, unas correcciones técnicas han obligado a la Ley Trans ha regresar este jueves al Congreso.
BLINDAJE DEL ABORTO
Por otro lado, el Congreso también aprobará, previsiblemente, este jueves, la ley orgánica por la que se modifica la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que llega al Congreso después de que el Pleno del Senado diera luz verde al texto la semana pasada.
Esta reforma de la ley del aborto devuelve a las menores de 16 y 17 años el derecho a abortar sin consentimiento paterno y blinda el acceso al aborto frente a protocolos antiabortistas como el planteado por Vox en Castilla y León.
Tras un debate de cuatro horas, el proyecto de ley salió adelante en la Cámara Alta con el voto a favor del PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, Junts, PNV, Más Madrid, Més per Mallorca; el voto en contra del PP, VOX, Ciudadanos, UPN; la abstención de Geroa Bai, Compromís, Teruel Existe y PRC. En total contó con 146 votos a favor, 110 en contra y 6 abstenciones.
Al texto, que llegó al Senado el pasado 20 de diciembre y que se tramita por la vía de urgencia, se presentaron tres propuestas de veto, de las cuales quedaron dos, una de VOX y otra del PP, que fueron sido rechazadas, y 186 enmiendas, de las cuales solo se aprobó una de Compromís que modifica el artículo 19.2, que dice que los centros sanitarios «proporcionarán el método quirúrgico o farmacológico, de acuerdo con los requisitos sanitarios de cada uno», añadiendo que se habrá de «informar a la mujer sobre los procesos y sus efectos secundarios».
Además, el mismo día de la votación se presentó y, posteriormente, aprobó, una enmienda transaccional firmada por todos los grupos con una modificación técnica del artículo 31, que se refiere al aborto forzoso y la esterilización y anticoncepción forzosas, «por calidad normativa en la redacción», según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias.
Además, el proyecto de ley llega al Congreso para su aprobación definitiva, con un blindaje del acceso al aborto frente a posibles protocolos ‘antiabortistas’, a través de una enmienda transaccional del PSOE sobre otra de Más Madrid al texto procedente del Congreso, que fue firmada por todos los grupos de a ponencia, incluido el PP.
Con esta enmienda, la ley recoge en su artículo 24 que las administraciones deberán «garantizar el libre ejercicio del derecho a la interrupción del embarazo en los términos de esta ley y, especialmente, velarán por evitar que la solicitante sea destinataria de prácticas que pretendan alterar, ya sea para afianzar, revocar o para demorar, la formación de su voluntad sobre la interrupción o no de su embarazo» con «la excepción de la información clínica imprescindible y pertinente».
«Queda blindado el acceso de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo para evitar aprobar un inexplicable protocolo antiabortista para culpabilizar y tutelar a las mujeres que libre y voluntariamente deciden abortar, para evitar lo acontecido en Castilla y León y que ninguna otra CCAA intente hacer como el PP y VOX, porque las mujeres no precisamos ser tuteladas», remarcó la senadora del PSOE María Esther Carmona, durante el debate.
