La mesa de diálogo social sobre la reforma laboral, en la que hasta ahora sólo figuraba el Ministerio de Trabajo en nombre del Gobierno, estrena hoy el nuevo formato acordado por el PSOE y Unidas Podemos para dar entrada en esta negociación a otros ministerios.
Este encuentro, que se celebrará a partir de las 11.30 horas, se produce después de la reunión celebrada ayer entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; las vicepresidentas primera y segunda, Nadia Calviño y Yolanda Díaz; los ministros de Hacienda, Seguridad Social y Educación, María Jesús Montero, José Luis Escrivá y Pilar Alegría, y la ministra portavoz, Isabel Rodríguez.
La idea de esta reunión previa a la mesa de reforma laboral de este miércoles era la de fijar una posición común en las negociaciones con los agentes sociales para reformar el mercado laboral.
Del resultado de la misma, en la que los miembros socialistas y ‘morados’ del Gobierno se ratificaron en el pacto de coalición, se desprende que el problema entre PSOE y Podemos no era una cuestión de los contenidos de la reforma, sino de quién debía formar parte de los equipos negociadores y de la coordinación entre ellos.
De hecho, en el comunicado emitido con posterioridad a esta reunión por la Secretaría de Estado de Comunicación, el Gobierno se comprometió «con la derogación de la reforma laboral en los términos del acuerdo de coalición y del Plan de Recuperación» enviado por el Ejecutivo a la Comisión Europea.
Aunque el Plan de Recuperación podría interpretarse que es algo más genérico en cuanto a las medidas que deben formar parte de la reforma laboral, el acuerdo de coalición que alcanzaron PSOE y Unidas Podemos en diciembre de 2019 deja muy claro su compromiso de recuperar los derechos laborales «arrebatados» por la reforma laboral de 2012.
Así, ambas formaciones prometían derogar con carácter «urgente» aspectos como las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo (ultraactividad), haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo.
También se comprometían a derogar la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales y modificar el artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores sobre contratación y subcontratación laboral a efectos de limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa, entre otros.
Al mismo tiempo, el acuerdo de coalición contempla la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI, previo diálogo con agentes sociales, mientras que, en materia de contratación, su objetivo es limitar la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa y revisar el mecanismo de inaplicación de los convenios colectivos.
El documento también recogía el objetivo de simplificar y reordenar el menú de contratos de trabajo, reforzando el principio de causalidad en la contratación temporal y las sanciones aplicables a su uso fraudulento de forma que la contratación indefinida sea la forma ordinaria de acceso al empleo; y revisar la normativa sobre trabajo a tiempo parcial para prevenir su uso fraudulento.
Igualmente, se comprometían a explorar las opciones posibles para reducir la dualidad, favoreciendo el uso del contrato fijo discontinuo para actividades cíclicas y estacionales, y a revisar las causas del despido y los contratos formativos.
Tras la crisis en el gobierno de coalición que, según Podemos, provocó la «injerencia» de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, en las negociaciones entre Trabajo y los agentes sociales para modernizar el mercado laboral, el PSOE llegó a un acuerdo con los ‘morados’ que permitía a los Ministerios de Seguridad Social, Asuntos Económicos, Hacienda y Educación estar también representados en la mesa de diálogo social.
Este nuevo formato se inaugurará este miércoles, día en el que habitualmente se reúne la mesa de diálogo social sobre el mercado laboral.
Los secretarios de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey; Economía, Gonzalo García Andrés; Seguridad Social, Israel Arroyo; Hacienda, María José Gualda, así como la secretaria general de Formación Profesional, Clara Sanz, se reunieron el pasado miércoles para preparar la reunión con los agentes sociales de hoy.
También forma parte del acuerdo entre PSOE y Podemos sobre la coordinación de los trabajos que dichos secretarios se vean las caras todos los miércoles por la tarde para analizar el desarrollo de la mesa y coordinar el trabajo de preparación de la siguiente mesa de diálogo.
Esta mesa, que seguirá encabezada por el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, lleva trabajando desde marzo con los sindicatos y la patronal, con la única representación hasta ahora del Ministerio de Trabajo, para pactar un nuevo marco de relaciones laborales que suponga la derogación de la reforma del Gobierno del PP de 2012.
Los mecanismos de coordinación pactados en el seno de la coalición también establecen que, cuando sea necesario por la importancia o complejidad política de los asuntos, se producirán reuniones a nivel de vicepresidentas y ministros, que se celebrarán, con carácter general, inmediatamente antes o después de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, para facilitar la coordinación de agendas.
La intención de Pedro Sánchez es que el acuerdo para reformar el mercado laboral cuente con el visto bueno de la CEOE y no sólo de los sindicatos. Por eso se habla desde el Gobierno de un acuerdo «justo y equilibrado».
La patronal quería que en la mesa se sentaran otros ministerios, además del de Trabajo, pero eso no implica que vaya a avalar las medidas que se están negociando en la mesa. De hecho, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, reivindicó la semana pasada la libertad de su organización para decir que no al acuerdo si es contrario a los intereses empresariales.
CCOO y UGT ven difícil, aunque no imposible, que la mesa logre un acuerdo a tres bandas, que incluya a la CEOE. Consideran que la reforma laboral de 2012 dio mucho poder a las empresas, al que no están dispuestas a renunciar.
Lo cierto es que el Gobierno se ha comprometido con Bruselas, en el marco del Plan de Recuperación, a tener lista esta reforma antes de que finalice el año, por lo que apenas quedan unas semanas para conseguir un acuerdo entre las partes.
