Gobierno, sindicatos y empresarios se reunirán este viernes por segunda vez en esta semana para seguir negociando la reforma del mercado laboral, con el foco puesto sobre la lucha contra la temporalidad y el nuevo modelo de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que regirá tras la pandemia.
La reunión de hoy, que se celebrará a partir de las 10.30 horas, se producirá después de que el Gobierno presentara el pasado miércoles un documento resumen con las medidas propuestas hasta ahora, en el que introdujo algunas modificaciones sobre la nomenclatura, aclaraciones, unificaciones y cambios respecto a redacciones anteriores, según fuentes sindicales.
Las mismas fuentes indicaron que el Ejecutivo acudirá al encuentro de este viernes con un nuevo texto sobre el ‘Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo’, los nuevos ERTE, después de que la semana pasada se encontrara con el rechazo de los agentes sociales a su propuesta sobre esta materia, que calificaron como «intervencionista», «poco flexible» y «farragosa».
En lo que respecta a la temporalidad, el Gobierno ha propuesto en la mesa de diálogo social que la contratación temporal quede ligada a causas muy concretas y que los contratos indefinidos sean lo ordinario a la hora de incorporar trabajadores, según señalaron a Europa Press fuentes del diálogo social.
La idea es que la contratación temporal quede justificada siempre que sea ocasional y puntual, sin superar los tres meses. El número de trabajadores que se podrán incorporar a través de este contrato dependerá del tamaño de la empresa.
Para las campañas cíclicas, como rebajas o Navidad en el caso del comercio, el Gobierno quiere que se recurra al contrato fijo discontinuo, dado que esos puestos de trabajo se repiten periódicamente.
El Ejecutivo plantea además que una vacante laboral que se cubra durante más de cinco meses con distintos empleados temporales pase a considerarse un puesto estructural, de forma que la empresa tenga que hacer un contrato indefinido.
En el caso de los contratos de sustitución, se propone que éstos deban acomodarse al plazo en el que vuelva la persona a la que se cubre.
En todo caso, la propuesta del Gobierno está sujeta a las negociaciones, por lo que podrían introducirse nuevos cambios. Donde no los ha habido respecto a documentos anteriores es en las cuestiones que llevan más tiempo trabajadas, como la prevalencia del convenio del sector sobre el de empresa y la ‘ultraactividad’.
LOS NUEVOS ERTE
En relación a los nuevos ERTE, el Ejecutivo presentó hace unos días a los agentes sociales un documento que no les ha convencido y en el que introducía además otros elementos relacionados con la contratación, como una mayor penalización a las empresas que realicen contratos temporales de muy corta duración.
Según la propuesta del Gobierno sobre los nuevos ERTE, denominada ‘Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo’, se permitirá a las empresas reducir durante un tiempo la jornada o suspender los contratos de sus trabajadores, con beneficios en cotizaciones y prestaciones, siempre que se den determinadas circunstancias.
De acuerdo con dicho texto, el Mecanismo RED podría activarse en dos casos: por causas estructurales, es decir, cuando en un determinado sector se produzcan cambios organizativos, técnicos o productivos estructurales o se introduzcan métodos de trabajo y de producción novedosos que generen pérdidas de competitividad; o por causas cíclicas, esto es, cuando concurran causas económicas derivadas de una situación coyuntural de alcance general que aconseje la activación de mecanismos adicionales de estabilización.
Los agentes sociales esperan que el Gobierno les presente hoy un nueva redacción del Mecanismo RED y que aclare algunos aspectos de la reforma, que debe estar publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes de que finalice el año, como parte del compromiso del Ejecutivo con Bruselas para la recepción de los fondos europeos.
ACUERDO DÍFICIL, PERO NO IMPOSIBLE
El Gobierno está empeñado en lograr un acuerdo tripartito para reformar el mercado laboral, aunque no oculta que es una tarea difícil. La CEOE ha pactado más de una docena de acuerdos con el Ejecutivo, pero también le ha dicho ‘no’ a varios, como el de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para este año o la subida de cotizaciones a partir de 2023 para engordar la ‘hucha de las pensiones’.
Aún así y pese a la reciente negativa de los empresarios a suscribir un alza de las cuotas a la Seguridad Social (la CEOE se descolgó el pasado lunes del acuerdo entre Gobierno y sindicatos), el Ejecutivo considera que, aunque es difícil pactar la reforma laboral a tres bandas, «no es imposible», en palabras de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Ahora bien, el Gobierno ha dejado claro que «lo importante es que haya diálogo social». Cosa distinta es que éste termine con el acuerdo de todas las partes o de sólo algunas. En todo caso, la reforma laboral se va a llevar a cabo y además en los plazos fijados. No obstante, para el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, es más importante «la calidad del acuerdo» que pueda alcanzarse que los plazos.
También los sindicatos confían en que la CEOE se sume al acuerdo para reformar el mercado laboral. «La patronal sabe lo mucho que nos jugamos», indicó ayer el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, quien considera que «a veces es mejor empatar que una victoria que no consolide el terreno ganado en el proceso».
Por su parte, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, cree que no es imposible el acuerdo, aunque sí difícil. «Es difícil porque la actual legislación de 2012 ha precarizado la contratación, abaratado los despidos y ha dado posibilidades a las empresas de empeorar las condiciones de trabajo y cuando se le da tanto poder a una parte es difícil que renuncie a él», señaló el dirigente sindical.
Desde la parte empresarial, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha dejado claro que la patronal está en la mesa de negociación de la reforma laboral «con espíritu de acuerdo» y sin «líneas rojas». Ahora bien, ha advertido de que el pacto de Gobierno entre PSOE-Podemos en esta materia difiere de lo que defiende Bruselas. «Vamos a darle espacio y margen (a la negociación), tenemos un mes por delante», afirmó el miércoles.
