La Mesa del Parlament ha acordado este martes por unanimidad presentar una denuncia en defensa de los diputados y exdiputados de la Cámara afectados por el presunto espionaje a dirigentes independentistas, decisión que se someterá a votación del pleno este miércoles.
Fuentes parlamentarias han explicado que la denuncia, que se llevará al Juzgado de guardia y que todavía no está redactada, se ha impulsado por recomendación de los servicios jurídicos, a los que se les encargó estudiar de qué forma podía el Parlament acompañar a los afectados.
Las mismas fuentes han recordado que el Juzgado se encargará de decidir si acumula la denuncia que presentará el Parlament con otras acciones judiciales que puedan promover afectados por el presunto espionaje con el programa Pegasus, u otras iniciativas.
VOTACIÓN EN EL PLENO
Esta votación se incorporará al orden del día del pleno –la presidenta del Parlament, Laura Borràs, tiene potestad para incluir nuevos puntos– y se votará al inicio de la sesión de este miércoles, después de leerse la declaración acordada la semana pasada por la Junta de Portavoces con el apoyo de ERC, Junts, CUP y comuns.
Los grupos parlamentarios dispondrán de un tiempo de intervención en la votación sobre la posibilidad de presentar la denuncia –ésta podría presentarse con el acuerdo de la Mesa sin necesidad de llevarlo al pleno, pero han optado por hacerlo para reforzar la decisión–.
Las mismas fuentes han informado de que el comité de seguridad del Parlament ha avalado que el pleno de esta semana se celebre sin mascarillas, si bien se recomienda usarla a las personas mayores de 60 años y a las que sean vulnerables.
REUNIÓN DE LA MESA
La Mesa ha recibido dos sentencias del Tribunal Constitucional: una que anula artículos de la ley que limita precios de alquiler, y otra que estima el recurso de amparo presentado por el PSC contra el rechazo a escoger al entonces diputado y ahora ministro Miquel Iceta como senador autonómico, por «vulneración del derecho a la representación política».
También ha examinado el impulso de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pide el cese del consejo de gobierno de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) y el cierre de sus canales de televisión, mediante una reforma de la ley de la CCMA.
La ILP necesita reunir 50.000 firmas en 120 días hábiles –ampliables a 60 más– para seguir adelante, y es iniciativa de Unitat per la Independència, que considera que el grupo «se ha alejado progresivamente de su misión principal de contribuir a la plena normalización de la lengua y cultura catalanas».
