Los cadáveres de cientos de peces de diferentes especies aparecieron este lunes varados en las playas de Islas Menores, Los Nietos y en algunas zonas de La Manga.
La Brigada de Delitos Ambientales (Brida), tras análizar el agua, descarta que la causa de la muerte se deba a la falta de oxigeno en el mar, ya que los valores obtenidos son normales, informó el diario La Verdad.
Ecologistas en Acción ha reclamado al Gobierno murciano que «deje de tirar balones fuera y asuma sus competencias para aplicar medidas eficaces en el origen (Campo de Cartagena), ante el aumento de la turbidez (por crecimiento de fitoplancton) y la mortandad de peces observada en el Mar Menor en estos últimos días».
Recuerda que para la ciencia «no existen dudas del origen agroindustrial de los fosfatos y nitratos que llegan a la laguna desde hace varias décadas».
Por ello, advierte la organización ecologista que «hasta que no se tomen medidas eficaces en el Campo de Cartagena, el Mar Menor está condenado a una muerte agónica, que acabará con cualquier posibilidad de un desarrollo turístico en el futuro, e incluso terminará afectando a las propias empresas agrícolas».
Los ecologistas se muestran sorprendidos por la actitud del Gobierno regional, cuyo consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente «parece estar alineado con el sector agroindustrial, defendiendo sus intereses con más empeño que el interés general, al que su cargo obliga a proteger».
Ecologistas en Acción denuncia que mientras el presidente Fernando López Miras «pone en duda la certeza científica del origen agroindustrail de la crisis eutrófica y amenaza con denunciar a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, su gobierno no sólo no ha hecho nada por el Mar Menor, sino que han dado pasos para atrás».
Por un lado, el consejero Luengo «parece incapaz de hacer cumplir la legalidad, puesto que ni siquiera han retirado un solo metro de regadíos ilegales, ni se está ejerciendo una labor de control exhaustivo del uso de fertilizantes, entre otras muchas deficiencias».
«Después de dos años siguen sin poner en marcha el Plan de Gestión Integral de los espacios protegidos del Mar Menor y la franja litoral mediterránea de la Región de Murcia, ni la Estrategia de Gestión de Zonas Costeras en el Mar Menor y su entorno», lamenta Ecologistas.
Lo que sí ha hecho el Gobierno regional, recuerda, es «derogar la Ley 1/20181 que establecía limitaciones y exigía medidas concretas al sector agroindustrial, ha reducido a mínimos la plantilla de la Dirección General de Medio Ambiente y ha aprovechado la crisis sanitaria de la COVID-19 para modificar, vía decretazo, varias leyes, reduciendo las garantías ambientales y vendiendo el interés general al beneficio privado».
Por todo ello, Ecologistas en Acción pide al consejero Luengo y al presidente López Miras que «abandonen esa actitud irresponsable y en vez de tirar la pelota al tejado del Ministerio, se pongan a trabajar de una vez en el ejercicio de sus propias competencias (que son la mayoría) y aporten soluciones realmente eficaces en el origen, para salvar el Mar Menor y el futuro de las poblaciones ribereñas».
Asimismo, les instan a que «si se ven incapaces de tal hazaña y se siguen considerando incompetentes, cedan el testigo, presenten su dimisión y dejen paso a personas que tengan la valentía y la voluntad de cumplir con las obligaciones de su cargo para con el pueblo y el interés general».
Por su parte, la plataforma SOS Mar Menor denunció la situación y alertó que «el Mar Menor está muriendo». Entretanto, las redes sociales se han llenado de mensajes de indignación y los usuarios han denunciado la muerte masiva de peces, con fotografías y videos que dejan ver animales marinos sin vida sobre 500 metros de la línea de costa.
La Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) y la WWF España han puesto en la mira la «ineficiente gestión» por parte de gobierno regional, que ha provocado una oleada de quejas por parte de la ciudadanía y de asociaciones que velan por la conservación del entorno natural.
Por su parte, especialistas e investigadores llevaban tiempo advirtiendo que la zona estaba sometida a una presión extrema. La laguna colinda con una extensa zona de agricultura intensiva, que abarca unas 60.000 hectáreas. Los deficientes sistemas de alcantarillado de las ciudades cercanas, así como los vertidos de las actividades mineras, han agravado el problema.
A esa versión se oponen los agricultores, que aseguran no ser culpables de la crisis y argumentan que sus actividades cumplen plenamente con la legislación medioambiental.
