La nueva Ley de Memoria Democrática se debatirá este lunes en la Comisión Constitucional del Congreso con suficientes apoyos para salir aprobada y con única duda del voto de Esquerra Republicana, que se abstuvo en la fase de ponencia y hace unos días dijo que aún estaba «muy lejos» de dar su respaldo.
Aprobado en Consejo de Ministros hace casi un año, el proyecto del ley fue aceptado por el Congreso en octubre y un mes después los grupos parlamentarios presentaron sus enmiendas, pero al poco el Gobierno desistió al no ver apoyos suficientes para sacarlo adelante: a la oposición del PP, Vox y Ciudadanos se sumó el rechazó de ERC, que la considera insuficiente.
Fue el pasado mes de junio cuando el proyecto se sacó del cajón para reactivar la tramitación, una vez que PSOE y Unidas Podemos habían acercado posturas con otras formaciones minoritarias. Así, la Ley de Memoria Democrática superó la pasada semana la fase de ponencia tras introducirse varias enmiendas pactadas con Bildu, PNV, el PDeCAT, Más País y Coalición Canaria.
El grueso de los acuerdos se alcanzó con Bildu, empezando por ampliar el ámbito de aplicación hasta cinco años después de aprobada la Constitución. Eso permitirá reconocer como víctimas de violaciones de Derechos Humanos hasta 1983, lo que incluye a quienes sufrieron torturas o fueron objeto de la llamada ‘guerra sucia’ contra ETA hasta el primer año de gobierno de Felipe González
En virtud de un acuerdo con Bildu y Más País, en un año desde la entrada en vigor, el Gobierno deberá designar una comisión técnica que haga un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas «por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución y el 31 de diciembre de 1983». Ese estudio deberá recoger «posibles vías de reconocimiento y reparación a ese colectivo».
Otra de las enmiendas pactadas prevé que en un año el Fuerte de San Cristóbal, de Pamplona, utilizado como cárcel durante el franquismo, sea declarado Lugar de Memoria, y que se firme un convenio con el Gobierno foral para poder utilizarlo para la difusión de la lucha antifranquista.
Igualmente, se cederá al Ayuntamiento de San Sebastián el Palacio de la Cumbre al Ayuntamiento de San Sebastián, que fue sede del Ministerio de Asuntos Exteriores durante las estancias de Francisco Franco en la ciudad, después residencia del gobernador civil de Guipúzcoa y allí fueron torturados José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala.
El PSOE y Unidas Podemos acordaron también con la coalición aberztale en el seno del Consejo de la Memoria Democrática una comisión estatal independiente de carácter académico para «contribuir al esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos durante la guerra civil y la dictadura». Su función será recoger testimonios, información y documentos y aprobar un informe de conclusiones y recomendaciones para la reparación de las víctimas de forma «objetiva e imparcial».
ILEGALIDAD DE LOS TRIBUNALES FRANQUISTAS
Además, Más País, Bildu y PDeCAT introdujeron otra enmienda para declarar la ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales, jurados y cuales quiera otros órganos penales y administrativos creados a partir del golpe de Estado de 1936, para la persecución por motivos políticos o de conciencia. El proyecto de ley ya recogía la nulidad de sus resoluciones y la ilegitimidad de estos tribunales que finalmente se reconocerán como ilegales.
Con la formación de Íñigo Errejón y el PDeCAT, el PSOE y Unidas Podemos cerraron otro acuerdo que declara «ilegal» el régimen franquista y reconoce expresamente que «las luchas de los movimientos sociales antifranquistas y de diferentes actores políticos» alumbraron la democracia.
La transacción que reconoce el derecho al resarcimiento de los bienes incautados y las sanciones económicas producidas por razones políticas, de conciencia o religiosas lleva la firma de PDeCAT y MAs País. La auditoría sobre bienes expoliados y derechos incautados que prevé el proyecto deberá llevarse a cabo en un año y luego se fijarán «posibles vías de reconocimiento» a los afectados.
En función de lo pactado con Bildu, Más País y el PDeCAT, el Gobierno deberá designar en un año una comisión técnica que ponga sobre la mesa medidas de reparación de carácter económico para las víctimas de la guerra y la dictadura, en función de lo previsto en la ley estatal y las autonómicas, pronunciándose sobre el grado de cobertura alcanzado hasta ese momento y los déficits que se puedan subsanar.
En solitario con Más País se ha pactado un retoque en la exposición de motivos de la ley para subrayar que la Ley de Amnistía fue una «reclamación histórica de la oposición antifranquista» que tuvo por objeto «amnistiar de todos los delitos de intencionalidad política» y de «infracciones de naturaleza laboral y sindical». También se ha acordado con Íñigo Errejón que las víctimas a las que ampara la ley tienen derecho al «reconocimiento y reparación integral» por parte del Estado.
PERSECUCIÓN DE LAS LENGUAS COOFICIALES
Con el PDeCAT se acordó articular mecanismos y recursos para evaluar la «represión y persecución» cultural y lingüística del franquismo, declarando «víctimas las comunidades, las lenguas y las culturas vasca, catalana y gallega».
Y con el PNV se selló otro pacto para fijar en un año el plazo para la restitución de documentos u efectos a personas naturales o jurídicas de carácter privado que estén en el Archivo General de la Guerra Civil. Podrán beneficiarse también partidos, sindicatos o unidades militares que reclamen enseñas, emblemas o banderas que estén en poder de entidades públicas.
Todos estos acuerdos garantizan al Gobierno de coalición salir airoso este martes de la Comisión Constitucional pese a la oposición frontal del PP, Vox y Ciudadanos y sea cual sea el voto de Esuerra Republicana (ERC).
Los de Gabriel Rufián admiten que ha habido avances y ven varias de sus propuestas asumidas en los acuerdos pactados, pero siguen viéndose «lejos» del sí. Entre sus prioridades, fijar una escala de reparaciones económicas, impedir que prescriban los crímenes del franquismo y derogar total o parcialmente la Ley de Amnistía de 1977, algo que ha venido desechando el PSOE.
El dictamen de la comisión se elevará al peno escoba que se prevé celebrar tras el Debate sobre el estado de la Nación con idea de que llegue al Senado este mismo mes de julio y se pueda completar toda la tramitación parlamentaria en otoño.
