EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU y PP+Cs han denunciado la «red clientelar» establecida por el PNV «tras muchos años en el poder» y la existencia de más casos de corrupción vinculados a esta formación, además del denominado caso ‘De Miguel’, por el que Tribunal Supremo ha rebajado ligeramente la condena impuesta al exintegrante del PNV Alfredo de Miguel en el mayor proceso por corrupción en el País Vasco.
En este sentido, la parlamentaria de Elkarrekin Podemos Isa González ha indicado que «la trama corrupta más grande de Euskadi», como es el caso de Miguel «no es la única», ya que hay otros casos «más pequeños, pero que también afectan al Partido Nacionalista Vasco, como el caso Montai, las OPEs de Osakidetza, el Ayuntamiento de Alonsotegi, el Ayuntamiento de Barrika, que fue condenado por recalificaciones ilegales de espacios protegidos o el de Bakio, con falsificación documental».
En un debate en Radio Euskadi, recogido por Europa Press, los parlamentarios vascos se han referido al hecho de que el Tribunal Supremo haya confirmado las principales condenas a los tres exdirigentes del PNV en Álava por corrupción en relación con el conocido como caso De Miguel.
El parlamentario de EH Bildu Iker Casanova ha apuntado que estos casos hacen necesaria la creación de una oficina anticorrupción, petición que han vuelto a registrar en el Parlamento Vasco, que ha sido rechazada anteriormente, pero que con la sentencia del caso ‘De Miguel’, «es algo a lo que no se le puede decir que no».
Según ha explicado, esta oficina se encargaría de prevenir la repetición de estos casos de corrupción, del control de los contratos y del funcionamiento de la administración pública y también de la protección de los denunciantes».
A su juicio, con la sentencia del Supremo sobre el caso ‘De Miguel’ ha quedado demostrada la existencia de una «red de corrupción incrustada y perteneciente a las más altas esferas del PNV y de las propias instituciones alavesas».
Para el dirigente abertzale, hay prácticas de corrupción en Euskadi y otras que «rozan el larguero, como las puertas giratorias». «Cuando alguien deja de ser consejero y pasa a ser directivo de una multinacional o de una empresa del ramo que ha estado gestionando, ahí hay una duda más que razonable», ha advertido.
Por ello, ha apuntado que el PNV, con su forma de concebir la política, su forma de relacionarse con las empresas, su forma de acceder a las «puertas giratorias y su forma de alimentar redes clientelares, no crea el caldo de cultivo apropiado para poner puertas a la corrupción», al tiempo que le ha reprochado que en el caso ‘De Miguel’ ha estado «a años luz de la contundencia que la gravedad del caso exigía».
«Ha ido siempre a remolque de la prensa, de los acontecimientos, cuando de una forma inmediata tenía que haber puesto a las personas (implicadas) fuera del partido y tenía que haber articulado en las empresas públicas en las que trabajaban, mecanismos de excepción, dentro de la legalidad, para apartarles también de esos puestos», ha concluido.
ELKARREKIN PODEMOS
En una línea similar se ha expresado la parlamentaria de Elkarrekin Podemos Isabel González al denunciar las «puertas giratorias» y señalar que el PNV es el «líder del ranking de cargos que pasan de instituciones a consejos de administración de energéticas».
Además, ha indicado que «cuando un partido lleva tantísimo tiempo en las instituciones, acaba creyéndose que son propias y se van estableciendo contactos y relaciones con la élite y con el poder económico y empresarial que hacen ese ecosistema de estar en una posición de poder político y entender la política para el provecho personal, en lugar de como un servicio público».
«En ese caldo de cultivo y en ese ecosistemas salen casos como el ‘De Miguel’, la trama corrupta más grande de Euskadi, que no es la única, ya que hay otros casos más pequeños, pero que también afectan al Partido Nacionalista Vasco», ha dicho, para preguntar a esta formación sobre su código ético.
«¿Al PNV le parece ético que la persona que denunció el caso De Miguel lleve 12 años sin ningún contrato público, mientras los que están condenados han estado haciendo trabajos de representación en una sociedad pública?», ha cuestionado, para recordar las palabras «amiguismo y clientelismo, que se lo mencionaban sus propios votantes en unas encuestas internas que hicieron públicas».
PP+CS
Por su parte, la parlamentaria de PP+Cs Laura Garrido ha recordado que el lehendakari, Iñigo Urkullu, era cuando sucedieron los hechos presidente del EBB y ha advertido que se trata «del mayor caso de corrupción habido en Euskadi».
«No solo eran militantes del PNV, sino destacados dirigentes. Era una trama perfectamente organizada inserta en órganos institucionales con la creación de sociedades pantalla para el cobro de comisiones ilegales», ha añadido.
Tras advertir que los condenados «actuaban con impunidad» y el propio Alfredo de Miguel «usaba el correo electrónico de la Diputación para exigir el cobro de cuantiosas mordidas», ha sostenido que «llama la atención no hubiera ninguna señal de alarma» de lo que acontecía.
«Una cosa es que no se haya podido probar la financiación del partido y otra decir que el PNV no ha tenido nada que ver con los hechos. No se puede decir que era algo ajeno al PNV, cuando luego el PNV les ha protegido y han ejercido labores de representación recogiendo premios en nombre del Gobierno Vasco», ha acusado.
Por todo ello, ha considerado que la formación nacionalista no puede permanecer ajena a un caso de corrupción que le «salpica de lleno». «Hablaron de cacería y amenazaron con interponer querellas a los informantes. Por no hablar del abrazo de Egibar cuando De Miguel compareció en la comisión de investigación en el Parlamento», ha criticado, al tiempo que se ha preguntado «¿dónde están las cuantiosas mordidas? ¿Dónde está dinero robado a los ciudadanos?».
De este modo, ha afirmado que se trata de una «red clientelar» y no supone «un caso aislado, sino una forma de actuar cuando se lleva mucho tiempo en el poder».
