Los bajos salarios, la baja tasa de empleo y su mayor grado de dependencia eleva el riesgo de pobreza en las personas con discapacidad intelectual o discapacidad psicosocial.
En España hay 192.400 con discapacidad intelectual y 318.900 con discapacidad psicosocial, que representan el 17,3% del conjunto de personas con discapacidad.
Según los datos recogidos por el Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo de la Fundación ONCE, cofinanciado por el Fondo Social Europeo (Odismet), las condiciones laborales que acompañan a este segmento de población son especialmente precarias, afectando así su riesgo de pobreza.
Así, atendiendo a los salarios, mientras la media bruto/ año del colectivo se fija en 20.575,1 euros, las personas con discapacidad intelectual perciben 13.136,9 euros y aquellas con discapacidad psicosocial, 17.521.1 euros.
A esta circunstancia se une el hándicap de pertenecer a un segmento afectado por estereotipos y prejuicios que acentúan las desigualdades e incrementan el rechazo, afectando así sus posibilidades de integración socio laboral.
El análisis de la tasa de empleo también marca las mayores dificultades de las personas con discapacidad psíquica para acceder al mercado de trabajo. Mientras que el conjunto del colectivo muestra una tasa de empleo del 25,9%, frente al 66,9% en la población sin discapacidad, el escenario es peor al centrarse en estas discapacidades, reduciéndose la tasa hasta el 20,4% en el caso de la discapacidad intelectual y el 16,9% para la discapacidad psicosocial.
A los condicionantes laborales se une el hecho de que 162.700 de estas personas son dependientes (118.000 discapacidad intelectual y 86.800 discapacidad psicosocial), es decir, no son autónomas para el desarrollo de acciones básicas de la vida diaria, requiriendo el apoyo de terceros.
Si bien la situación de dependencia está regulada legalmente, las cuantías de las prestaciones para dar cobertura a las necesidades de las personas dependientes condicionan su calidad de vida y las aproxima al límite de la pobreza y la precariedad. La media de las prestaciones contributivas por incapacidad permanente se fijan en 975,48 euros/mes y aquellas de carácter no contributivo para personas con discapacidad se sitúan en 133,5 euros/mes.
Según los datos aportados por Odismet, las personas con discapacidad viven una mayor vulnerabilidad ante la pobreza que el conjunto de la población. Así, en 2020 el 33,8% del colectivo se encontraba en situación de riesgo o en exclusión social, mientras que para el resto de la población el dato se reducía hasta el 26,4%.
Odismet (‘http://www.odismet.es/’) se conforma como referente para la difusión de información sobre personas con discapacidad y su relación con el empleo. Se nutre de las más prestigiosas fuentes de análisis y aporta fiabilidad y actualización constante de la información. Opera sobre casi cien indicadores que permiten el desarrollo de consultas a medida adaptadas a las necesidades de los usuarios y clasifica y segmenta la información procurando una óptima gestión del conocimiento, al tiempo que desarrolla análisis evolutivos que facilitan la comprensión y el comportamiento de los indicadores analizados.
Odismet se enmarca en los programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.
