La propuesta sobre la regulación sobre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que está preparando la Comisión Europea (CE) obligará a los estados a aumentarlo hasta el 60% del sueldo mediano o del 50% del sueldo medio, que en el caso de España significaría incrementarlo hasta un mínimo de 1.200 euros brutos mensuales.
En un encuentro organizado por la Oficina del Parlamento Europeo y la Representación de la CE en Barcelona, lo han explicado las eurodiputadas Alícia Homes, de la Alianza de Socialistas y Democratas (S&D), y Rosa Estaràs, del Partido Popular Europeo (PPE), aunque la socialista fija el mínimo en 1.200 euros y la popular que lo sitúa en 1.400 euros brutos mensuales.
El director de la Dirección General de Ocupación, Asuntos Sociales e Inclusión de la CE, Jordi Curell, ha apuntado que la normativa prevé incrementar el SMI hasta el 60% del sueldo mediano de cada estado miembro o el 50% del sueldo medio.
En todo caso, estos porcentajes son criterios propuestos y los estados miembros podrán escoger uno de los dos para situar su SMI.
Curell ha subrayado que esta propuesta «no intenta armonizar el SMI de todos los países, ni fijar un mecanismo obligatorio, ni impone la introducción de un SMI en los países que no lo tienen actualmente».
El directivo ha explicado que, en aquellos países en los que el SMI está determinado por ley como España, «se fijan criterios estables y fijos como la evolución del poder adquisitivo o el nivel y distribución de los sueldos más allá del SMI o la productividad» para establecer un sueldo mínimo.
La voluntad de la CE es «acabar con el fenómeno de los trabajadores pobres», ha apuntado Curell, por lo que la normativa obligará a limitar el uso de variaciones y deducciones que provoquen que el sueldo efectivo sea inferior.
DUDAS SOBRE LA JURISDICCIÓN
Estaràs ha mostrado dudas sobre la capacidad de la CE para poder legislar el SMI, ya que esta normativa «lo convertiría en jurisdicción de la CE y los Estados suelen ser reacios a ceder soberanía», por lo que la eurodiputada ha instado a esperar la respuesta del Consejo de Europa.
También ha asegurado que «el diálogo social no ha existido» ya que las organizaciones empresariales no han aceptado que la normativa sea obligatoria.
MUJERES Y JÓVENES, PRINCIPALES RECEPTORES
Por su parte, Homs ha asegurado que los principales beneficiarios de esta regulación serán las mujeres y los jóvenes, «los más afectados por los salarios bajos».
Para la eurodiputada socialista, «la presencia de trabajadores pobres es moral y socialmente reprobable» y ha destacado que los momentos de crisis son los más adecuados para realizar este tipo de actuaciones legislativas.
