La Unitat de Igualtat de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona ha tramitado 20 denuncias por acoso, abuso o insultos –entre otras casuísticas– desde 2014: 18 de ellas interpuestas por alumnos contra Personal Docente e Investigador o personal de administración, y dos de ellas entre estudiantes.
Así lo ha explicado el vicerrector de Personal Docente e Investigador de la UPF, Pablo Pareja, en una entrevista a Europa Press, en la que ha detallado que entre el periodo 2014-2018 se contabilizaron siete denuncias; entre marzo de 2018 y diciembre de 2019, 8, y entre enero de 2020 y finales de 2022, 5.
«Denuncias entre iguales, entre alumnos, hay menos porque se deben resolver más fácilmente. Al ser entre iguales, las personas tienen más mecanismos para poner fin a la situación. Ante un profesor, los alumnos se sienten más indefensos e incómodos», ha añadido.
DENUNCIA ENTRE ESTUDIANTES
Una de las denuncias entre alumnos es del año 2019, cuando dos jóvenes que cursaban el primer curso del grado de derecho en la UPF denunciaron que se sentían acosadas por otro alumno, aunque ellas lo conocían «únicamente» de coincidir en alguna clase, según la sentencia, consultada por Europa Press.
Sin que conste el motivo, el 28 de enero de ese año empezaron a recibir mensajes del acusado a través de WhatsApp y «sorprendidas por recibir estos mensajes», una de ellas le envió un mensaje diciéndole que creía que se estaba confundiendo de persona.
«ACTITUD DE HOSTIGAMIENTO»
«Pese a ello, el acusado, con una actitud de hostigamiento y con la finalidad de alterar su vida cotidiana, continuó enviando estos mensajes hasta el 11 de febrero de 2019», además de dirigirles también mensajes a través del correo electrónico de la universidad.
Entre los mensajes que recibían, el joven les decía que necesitaba pensar y empezar de nuevo con ellas y dejarlo todo atrás; les agradecía el apoyo; les pedía que estuvieran cerca de él; les decía que eran el «mejor regalo del mundo» y que las esperaría en la puerta de la universidad.
«Muchas cosas que me han pasado era para llegar a vosotras, he intentado salir del inframundo, pero la gente no me acompañaba, seguramente sabéis más que yo, y menos mal, porque estoy ansioso por formar parte de vuestras vidas», les decía.
LE PIDIERON QUE PARARA
Las víctimas, «ante la situación de temor y desasosiego que sufrían por la continuación y reiteración de la conducta del acusado», decidieron enviarle dos mensajes pidiéndole que no las escribiera más, aunque el hombre continuó con los mensajes e intentaba mantener contactos físicos con ellas en la universidad, incluso les manifestó la voluntad de mantener una relación afectiva con una de ellas y las perseguía por el campus.
«Como consecuencia de lo anterior, las víctimas vieron alterada gravemente su vida privada y universitaria, viéndose obligadas a buscar siempre la compañía de terceras personas para evitar encontrarse en la facultad con el acusado», añade la sentencia.
La universidad tuvo conocimiento de los hechos y acordó que las víctimas «se quedarían en casa para estudiar en lugar de acudir a clase», facilitándoles otras aulas de la universidad para hacer los exámenes, aunque finalmente una de las víctimas abandonó los estudios.
CONDENA
La sentencia condena al acusado por dos delitos de acoso a 10 meses de prisión –en total–, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena.
También le impusieron la prohibición de comunicarse con las víctimas y de aproximarse a menos de 500 metros de ellas, de sus domicilios, o de cualquier otro lugar que frecuenten durante cuatro años.
Además, acuerdan la suspensión de la ejecución de cada una de las dos penas de cinco meses de prisión por un plazo de dos años si no comete ningún delito durante los dos años siguientes y si cumple las penas de prohibición de aproximación y de comunicación impuestas.
UNIVERSIDAD
Pareja ha explicado que en un principio las víctimas no dijeron nada a las familias ni a la universidad: «Supongo que pensaban que pasaría, y una semana antes de los exámenes del tercer trimestre y asustadas por el tono de los mensajes, se dirigieron a la decana».
«Hicimos una reunión con las víctimas y la directora de la Unidad de Igualdad al día siguiente de que ellas enviaran el correo electrónico explicando los hechos. Lo que explicaron era grave, pero a dos días del periodo de exámenes no nos daba tiempo de abrir un expediente y abrir medidas cautelares, por lo que a corto plazo propusimos que hicieran el examen en otro campus para hacerlos tranquilas», y también les ofrecieron servicio psicológico, aunque lo rechazaron.
Desde la UPF, a los pocos días abrieron un expediente y aplicaron la medida cautelar de que el acusado no se pudiera matricular al curso siguiente, pero las jóvenes interpusieron una denuncia a los tribunales y en el momento del juicio «el expediente disciplinario tuvo que quedar suspendido», aunque el acusado igualmente no se matriculó en el siguiente curso.
«Como institución nos quedamos un poco con una sensación incómoda, ya que hicimos todo lo posible y aplicamos todos los protocolos posibles, pero si hubiéramos tenido conocimiento antes o si explicáramos mejor cuáles son los derechos de los estudiantes, quizás se hubieran sentido cómodas para explicarlo antes», ha manifestado Pareja.
También ha detallado que no se personaron en el juicio porque estaban haciendo el expediente disciplinario y había una investigación abierta, y «la universidad no podía personarse porque sería tomar parte de una cosa que todavía no se ha resuelto».
LA VÍCTIMA NO SE SINTIÓ «ACOMPAÑADA»
Sin embargo, una de las víctimas, entrevistada por Europa Press, asegura que no se sintió «acompañada» porque después de comunicar lo ocurrido en una reunión, la Universidad les dijo que no podían volver al campus, en sus palabras.
«Las opciones que me dieron fue hacer un traspaso de expediente y cambiar la matrícula a la Universitat de Barcelona (UB). La sensación que me dio era que yo era el problema y era a mí a quien querían sacarse de encima», ha lamentado.
