La Ley de Memoria Democrática aprobada el pasado mes de octubre a instancias del Gobierno que forman PSOE y Unidas Podemos mantiene varias cuestiones por resolver que previsiblemente deben desbloquearse a lo largo de 2023, entre las que destacan las exhumaciones del fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera, y los militares José Moscardó y Jaime Milans del Bosch.
También queda por despejar cuál será el futuro de la congregación de monjes benedictinos que residen en el Valle de los Caídos, que pasó a llamarse oficialmente Valle de Cuelgamuros desde la entrada en vigor de la nueva norma. Asimismo el Gobierno debe decidir si acomete la ilegalización de organizaciones como la fundación Franco en virtud de la aplicación de la ley.
En lo referente al Valle de los Caídos, el Ejecutivo ya anunció que reanudaba los trabajos para exhumar a 118 víctimas de la Guerra Civil, después de la paralización que supuso las medidas cautelares impuestas por el juzgado nº 10 de Madrid ante los diversos recursos presentados.
El ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, dirigido por Félix Bolaños anunció en diciembre que se retomaban los trabajos desde Patrimonio Nacional, toda vez que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid había levantado las medidas cautelares y que el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial admitió que no tenía competencia para suspender la licencia de obra.
PENDIENTE DE LICENCIA
En la cripta del Valle aún descansan los restos de Primo de Rivera, pese a que su familia se adelantó a la entrada en vigor de la Ley de Memoria y solicitó al abad y a la Comunidad de Madrid exhumar sus restos antes de que el lugar se convierta en cementerio civil. La familia informó entonces de que también había solicitado las licencias correspondientes al Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial para trasladar los restos mortales, pero el permiso aún no ha sido concedido.
Por el contrario, los que sí fueron retirados de la basílica de la Macarena en Sevilla son los restos del general Gonzalo Queipo de Llano –que participó en el golpe de Estado de 1936– y del auditor de guerra Francisco Bohórquez, merced al requerimiento realizado por el Gobierno Central. La Ley de Memoria prohíbe la presencia de restos de dirigentes del golpe en lugares preeminentes de acceso público.
Por esta misma disposición de la norma, aún está por decidir si deben seguir el mismo camino el general José Moscardó y el teniente general Jaime Milans del Bosch, ya que ambos permanecen inhumados en el sepulcro del Alcázar de Toledo junto a otros 200 cuerpos aproximadamente.
Todos ellos estuvieron forman parte del total de 1.785 personas que permanecieron encerradas en el interior del Alcázar de Toledo durante 68 días en el año 1936, hasta que las tropas sublevadas entraron en la ciudad en una de las gestas más simbólicas de la Guerra Civil para el Ejército franquista.
EN MANOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA
Moscardó era entonces coronel y máxima autoridad militar en Toledo como director de la Escuela Central de Gimnasia, mientras que Milans del Bosch solo contaba con 21 años durante el asedio. Es conocido, sin embargo, por sumarse desde Valencia al intento de golpe de Estado de Antonio Tejero en 1981.
Quien debe tomar una decisión es el Ministerio de Defensa, actual responsable de la gestión del Alcázar, sede del museo del Ejército de Tierra, y ha creado un comité encargado de estudiar la aplicación de la Ley de Memoria en todas sedes y acuartelamientos de las Fuerzas Armadas.
Por el momento no se han comunicado avances en el proceso y la ministra del ramo, Margarita Robles, indicó en noviembre que cualquier actuación no sería inmediata ya que la ley contempla la audiencia a las partes afectadas, lo que alargaría el proceso.
CRIPTA CERRADA AL PÚBLICO
La Ley de Memoria establece que los restos mortales de «dirigentes» del golpe militar de 1936 no podrán permanecer inhumados «en un lugar preeminente de acceso público» que pueda favorecer «la realización de actos públicos de exaltación, enaltecimiento o conmemoración de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra o la Dictadura».
Actualmente, la cripta del Alcázar se encuentra cerrada al público y no entra dentro del recorrido del Museo del Ejército. Los familiares de los allí enterrados solo pueden acceder a determinadas horas cuando el museo esté cerrado.
En el año 2018, antes de la aprobación de la actual Ley de Memoria, el Gobierno ya negó que existiese exaltación pública relacionada con los militares enterrados en el Alcázar dado que la cripta no es uno de los espacios incluidos en el discurso museológico del espacio.
LOS MONJES PENDIENTES DE UN REAL DECRETO
Respecto a la congregación de monjes benedictinos que residen en el Valle, el Gobierno tiene que aprobar un real decreto que establecerá el nuevo marco jurídico aplicable al Valle de Cuelgamuros, determinará su organización y funcionamiento y ordenará, entre otras cosas, si los monjes pueden permanecer o deben abandonar el lugar.
El Ejecutivo tiene intención de aprobar este real decreto «con la mayor celeridad posible», según indicaron fuentes de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática a Europa Press poco después de entrar en vigor la ley. Por tanto cabe pensar que este asunto podría dirimirse en los próximos meses.
EN PLENO AÑO ELECTORAL
Además, la Ley de Memoria Democrática abre la puerta a ilegalizar fundaciones que hagan apología del golpe de Estado de 1936 y la dictadura franquista o enaltezcan a sus dirigentes, «con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo» o hagan «incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas», según recoge la ley.
Es el Ejecutivo el que debe tomar la iniciativa y solicitar la extinción de una fundación, en concreto el Protectorado de Fundaciones, organismo dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte. De su lado el órgano judicial puede acordar la suspensión de actividades hasta que se dicte sentencia o tomar medidas cautelares.
Una de las posibles afectadas, la Fundación Nacional Francisco Franco, sospecha que el Gobierno intentará ilegalizarla de cara a los procesos electorales de 2023, según trasladó a Europa Press su presidente Juan Chicharro poco después de que entrase en vigor la ley.
Según trasladó en ese momento cree que el Ejecutivo «moverá ficha cuando le interese», y utilizará «el comodín Franco», como lo calificó, antes de las próximas elecciones autonómicas y municipales que se van a celebrar en mayo o bien antes de las generales de final de año.
