La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha publicado este jueves un estudio sobre la situación financiera del componente contributivo de las pensiones públicas en 2023, en el que calcula que estas pensiones presentaron el pasado año un déficit de casi 56.000 millones de euros, el 3,8% del PIB.
En concreto, estima que el componente contributivo del sistema de pensiones públicas, definido como la suma de las de Seguridad Social y clases pasivas, habría tenido en 2023 un déficit equivalente a 3,8 puntos de PIB (-55.919 millones de euros) si solo dispusiera de los ingresos netos ordinarios por cotizaciones sociales.
Para afrontar esta diferencia entre ingresos y gastos, el sistema público de pensiones dispuso en 2023 de transferencias del Estado por valor de 3,1 puntos de PIB, unos 44.148,12 millones de euros, con un aumento de 1,8 puntos de PIB desde 2018, y de un préstamo del Estado por valor de 0,7 puntos de PIB, esto es, 10.003 millones de euros.
Fedea apunta que estas transferencias redujeron los recursos disponibles para cubrir otras «importantes necesidades públicas», y añade que la situación financiera de este componente del sistema de pensiones, cuyo gasto absorbe el 13,1% del PIB y casi 30% del gasto público total, es objeto «de continuo debate» en la sociedad.
El Sistema de Seguridad Social, donde están incluidas las pensiones gestionadas por esta institución, finalizó 2023 con un déficit muy similar al del año precedente, un 0,6% del PIB. Este porcentaje aumenta en dos décimas, hasta el 0,8% del PIB, si se excluyen de los ingresos corrientes las cotizaciones destinadas al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), por tratarse de un ingreso no disponible para pagar las pensiones actuales puesto que se ingresa en un fondo de reserva que sólo estará disponible a partir de 2032.
Adicionalmente, la Seguridad Social ha dispuesto de dos transferencias específicas del Estado por valor de 27.231 millones de euros (un 1,9% de PIB), una para el pago de los complementos por mínimos de pensiones (7.345 millones de euros), y la segunda, muy superior en cuantía, destinada al pago de los denominados «gastos impropios» (19.886 millones de euros).
Excluyendo estas transferencias, y centrándose solo en el saldo contributivo del sistema de la Seguridad Social, este se situaría en torno al 2,7% del PIB. A esto habría que añadir, finalmente, otros 1,2 puntos de PIB en transferencias del Estado para el pago de las pensiones de clases pasivas para llegar a un déficit contributivo de 3,8 puntos de PIB, que ha de financiarse con deuda y con impuestos generales.
