Diversos bufetes de abogados están culminando el proceso de presentación de reclamaciones en contra de las empresas lácteas por la sanción que impuso en 2019 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a diez empresas del sector por prácticas anticompetitivas, en lo que se conoce popularmente como el ‘cártel de la leche’.
En el caso de que la Audiencia Nacional confirmase la resolución de la CNMC, además de una multa de 80,6 millones de euros a las empresas, permitiría a los ganaderos afectados solicitar reclamaciones de hasta el 10% del valor de la leche que vendieron a esas empresas durante el periodo comprendido entre los años 2000 a 2013. Se estima que el montante total de esas reclamaciones podría alcanzar los 1.200 millones de euros en conjunto, aunque la cifra final dependerá de si la Audiencia Nacional, que actualmente revisa el caso, confirma la decisión de la CNMC.
Fuentes financieras consultadas señalan que las empresas no pueden asumir los enormes gastos que produciría estos litigios, y que si se ven obligadas a ello se produciría un colapso financiero en la industria láctea de consecuencias imprevisibles.
Las fuentes consultadas también señalan que el impacto de estas reclamaciones en sus balances puede ser demoledor en buena parte de los casos, con riesgo de alterar gravemente las actividades de negocio.
Provisionar en sus cuentas el montante de esas indemnizaciones obligaría a paralizar planes de inversión, proyectos de innovación, lanzamiento de nuevos productos y podría comprometer la propia supervivencia de las empresas.
Los pagos de las multas que impuso la CNMC, que son independientes de las indemnizaciones a los ganaderos, están actualmente en suspenso para casi todas las empresas tras la decisión de la Audiencia Nacional de admitir los recursos de las empresas en base al impacto negativo que supondría en sus cuentas. Multas e indemnizaciones están pendientes de lo que determine la Audiencia Nacional, lo que se espera como muy pronto para 2022, según las fuentes jurídicas consultadas. No se conoce exactamente el número de reclamaciones que han interpuesto los ganaderos afectados, dada la diversidad de entidades y organizaciones a través de las que se formalizan.
Por otra parte, fuentes conocedoras del sector lácteo señalan que este conflicto llega en un momento en el que las relaciones entre industria y ganaderos no tienen nada que ver con lo que ocurría en el periodo sancionado por la CNMC. Hoy predomina una estrategia de colaboración entre ambos actores como única forma garantizar un mercado estable tanto en precios como en condiciones de viabilidad de las explotaciones ganaderas. Romper este escenario de relaciones si el diálogo entre industria y ganaderos se dirime a partir de ahora en los tribunales con indemnizaciones millonarias por medio, puede tener consecuencias también imprevisibles para el futuro de todo el sector.
Las empresas afectadas son Calidad Pascual (antes Grupo Leche Pascual), Central Lechera de Galicia, Corporación Alimentaria Peñasanta, Danone España, Grupo Lactalis Iberia, Nestlé España, Industrias Lácteas de Granada (antes Puleva Food), Schreiber Food España (antes Senoble Ibérica), Asociación de Empresas Lácteas de Galicia y Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña.
