El Salón de Plenos del Tribunal Supremo recibirá este miércoles al Rey Felipe VI, al nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, para la apertura del año judicial 2022-2023, la cuarta consecutiva que se celebra con el órgano de gobierno de los jueces en funciones y, en esta ocasión, marcada por las negociaciones para consensuar los nombres de los dos magistrados que el Consejo debe designar al Tribunal Constitucional.
Aunque el monarca y el presidente del CGPJ coinciden en el acto solemne desde 2014, será la primera vez que García Ortiz acuda al evento como fiscal general, cargo que prometió en agosto –tras reemplazar a Dolores Delgado– y del que tomó posesión este mismo lunes en la Fiscalía y el Supremo, amadrinado por la propia Delgado y por la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde.
Como en los últimos cuatro años, Lesmes repetirá ante la imposibilidad de los grupos parlamentarios de llegar a un acuerdo para renovar el CGPJ, que se encuentra con el mandato caducado desde finales de 2018. Se prevé que, como ha hecho en discursos anteriores, el presidente del Consejo ponga de relieve la situación de interinidad.
El año pasado, Lesmes calificó la situación de «insostenible» para la judicatura e instó a las fuerza políticas a que dejaran este asunto fuera de la «lucha partidista» y llegaran a un acuerdo en «las próximas semanas». En aquella ocasión, insistió en que esta anomalía se debía a «causas que le son completamente ajenas» y recordó que son el Congreso y el Senado quienes deben nombrar a los nuevos vocales cada cinco años, un plazo que no es «meramente orientativo», sino que «están obligados» a respetarlo.
SIN ESPERANZA DE RENOVACIÓN
Otros 365 días han pasado y los partidos aún no han alcanzado un acuerdo que permita renovar el CGPJ. En el camino, las asociaciones de jueces elevaron la situación ante el comisario europeo de Justicia; la vicepresidenta de la Comisión Europea responsable del Estado de Derecho visitó España, urgió a la renovación e instó a estudiar el sistema de nombramiento de los vocales del Consejo para que se ajuste a los estándares europeos; y el PP cambió de liderazgo. Los nombramientos de los nuevos vocales, sin embargo, siguen sin llegar.
Esta misma semana, en el marco de la toma de posesión del fiscal general, Lesmes ha asegurado que no alberga «ninguna esperanza» de que se renueve el Consejo y ha avanzado que su discurso de apertura de este año estará «muy centrado» en la «lamentable» situación de bloqueo que atraviesa el CGPJ y que afecta a tribunales como el Supremo, que se enfrenta a jubilaciones y salidas sin la posibilidad reponer las plazas por la imposibilidad del Consejo de efectuar los nombramientos.
A su juicio, los responsables son los encargados de dicha renovación, es decir, el Congreso y el Senado y, por ende, los grupos parlamentarios allí representados que tienen capacidad para hacerlo.
Al hilo, ha señalado también al Gobierno, por la «desoladora» situación de la Justicia y, en concreto, del Supremo, por la reforma que hizo hace un año para impedir que un CGPJ en funciones –como el actual– pudiera hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial.
CON LA VISTA EN EL CONSTITUCIONAL
Ahora, a la polémica de un Consejo caducado se suma el mandato expirado de cuatro de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional (TC), que corresponde renovar a partes iguales –con dos cada uno– al Gobierno y al órgano de gobierno de los jueces.
Este año, la inauguración del curso judicial tendrá lugar un día antes de que el CGPJ celebre el Pleno extraordinario que se convocó para pactar el nombre de los dos magistrados al Constitucional que le corresponde designar.
Lesmes ha advertido de que, si bien lo ideal es que en ese mismo cónclave se llegue a un acuerdo –algo a lo que ha exhortado a los vocales–, no puede garantizar que así sea, dado que los dos candidatos al TC deben recabar al menos 12 votos favorables de los 19 en juego. Aún así, ha recordado la «institucionalidad» del Consejo y ha descartado cualquier intento de boicot a los nombramientos.
«Yo me opongo a que esta institución se declare en rebeldía», ha dicho. «Lo he sostenido durante toda mi vida y lo sostengo ahora. Es nuestro deber: el cumplimiento de la ley y de la Constitución. Y, por lo tanto, nuestra obligación será procurar ponernos de acuerdo», ha añadido.
Lesmes ha revelado que –durante los últimos contactos llevados a cabo antes del parón judicial de agosto– constató la existencia de una mayoría a favor de pactar los dos candidatos del CGPJ al TC. Sin embargo, desde entonces vocales del denominado sector conservador han apuntado a la posibilidad de no hacerlo a modo de protesta por limitar las funciones del Consejo.
En la noche del martes, este escenario se ha disipado una vez que los vocales más críticos han llegado a un consenso interno por el cual se abren ahora a pactar esos dos aspirantes pero respetando los tiempos del Consejo. Según han explicado las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, la postura acordada pasa por «defender en todo caso la institucionalidad.
Las fuentes presentes en dicho cónclave han advertido de que para pactar los dos magistrados del CGPJ habrá que establecer primero las «reglas del juego», esto es, fijar el procedimiento interno –de propuesta y votación– para llevar a cabo estos dos nombramientos. Una vez establecidas, han precisado, se generará el marco adecuado, en el que resulta fundamental que se respeten los tiempos de decisión del Consejo.
MALESTAR POR LA ÚLTIMA REFORMA
El propio Lesmes ha puesto de relieve esta semana la «desafección» en el CGPJ por la reforma operada por el Gobierno el pasado julio para devolver al Consejo su capacidad de realizar nombramientos pero solo para designar a sus dos candidatos al TC, estableciendo además una fecha límite para hacerlo: el 13 de septiembre.
Ante la posibilidad de que su nombre sea uno de los que se propongan para el TC, Lesmes ha sido tajante y ha negado haber realizado maniobras para ello, al tiempo que se ha autodescartado para ser candidato en «un futuro inmediato».
«Como presidente del CGPJ, en esta coyuntura me parecería indecente que yo me prevaleciera del cargo para obtener esa ventaja. Quien está diciendo otra cosa está mintiendo interesadamente. No tengo ninguna intención de ir al TC en las actuales circunstancias. Y en el futuro inmediato por su puesto que tampoco», ha señalado.
