Los sindicatos policiales han mostrado su recelo al pacto de PSOE y Unidas Podemos para derogar la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana aprobada por el PP en 2015, la conocida por sus detractores como Ley Mordaza, al recelar de la posible alternativa a la limitación del uso de pelotas de goma como material antidisturbio o a que los agentes se conviertan en «taxistas» con los detenidos, por la mención a que habría que devolverlos al lugar en el que fueron arrestados.
Las organizaciones ven con preocupación los detalles que se van adelantando sobre una norma que el Gobierno de coalición se ha comprometido a derogar. «No se puede restar autoridad a los policías y favorecer a los que delinquen», ha asegurado en declaraciones a Europa Press Pablo Pérez, portavoz de JUPOL, el sindicato mayoritario.
«Podríamos estar de acuerdo en la eliminación de las pelotas de goma siempre y cuando nos dotasen de otro material que cumpliese con las mismas garantías y con el mismo poder disuasorio en problemas de orden público de cierta gravedad», ha apuntado el portavoz de JUPOL.
Lo pacto entre PSOE y Unidas Podemos, a partir de la propuesta del PNV, reduce el tiempo de detención sin justificación de seis a dos horas. «Muchas veces el tiempo se excede en el traslado a dependencias policiales de esas dos horas porque el compañero interviniente no puede llevarla a cabo por la gravedad de la actuación», comentan desde JUPOL antes de añadir: «Y lo que menos compartimos es que nos obliguen a hacer de taxistas para tener que devolver luego a esas personas adonde se les identificó».
PRESUNCIÓN DE VERACIDAD DEL POLICÍA
Rebajar la presunción de veracidad del agente levanta sospechas porque entienden que «se pretende restar autoridad a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y favorecer siempre a los que incumplen la ley y delinquen». «La palabra del agente tiene que tener la presunción de veracidad y, luego, si se demuestra lo contrario, se actúa vía judicial y régimen disciplinario».
Los sindicatos policiales están a la expectativa de conocer el redactado final de la alternativa a la Ley Mordaza, aunque ya lanzaron las primeras críticas días atrás al conocer la propuesta que reduce las sanciones por limitar la difusión de imágenes de los agentes que realizan intervenciones en la vía pública.
A todos los sindicatos les preocupa permitir la difusión sin autorización previa de imágenes de policías en su trabajo diario porque, en palabras del SUP, «supone un peligro evidente para la integridad física de los agentes y de sus familias».
Además, facilitar la celebración de manifestaciones «espontáneas», sin comunicarlas previamente ni advertir de sus recorridos, lo ven un riesgo porque «atenta directamente contra las libertades del resto de ciudadanos y vuelve a poner en situación de peligro e indefensión a los policías que se vean obligados a intervenir».
UNA LEY AL MARGEN DE LA POLITIZACIÓN
También aguardan a la propuesta final sobre las conocidas como devoluciones en caliente de inmigrantes, que quedarán reguladas tan sólo en la ley de extranjería. La propuesta limita, además, los cacheos que conllevan la desnudez de la persona detenida, entre otros aspectos como relacionar la cuantía de la multa con la capacidad económica de la persona sancionada.
El SPP, sindicato con representación en la escala de mandos de la Policía, ha remitido un escrito al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reclamando que una ley «tan sensible quede al margen de la politización».
Además, avisan de un «choque normativo» con el artículo 21.2 de la Constitución respecto a las reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones, «que exige en todo caso comunicación previa a la autoridad». «Se está criminalizando a los policías», por lo que demandan una regulación que «haga posible el cumplimiento de sus funciones constitucionales con total garantía».
CONVENIENCIA POLÍTICA ANTES QUE OPERATIVA
«La reforma de la Ley Orgánica 4/2015 va a infligir un daño grave e irreparable a la operatividad policial de salir adelante en los términos conocidos», ha avisado la CEP, otro sindicato de la Policía Nacional, que entiende que llega en el «peor momento por el aumento de incidentes» relacionados con los botellones de jóvenes y lo comportamientos incívicos.
«Abrirá paso a la impunidad de los violentos y llega de la mano de la conveniencia política, y no de la necesidad técnica», argumentan desde la CEP.
Este sindicato entiende que si se prohíbe el uso de pelotas de goma como material antidisturbio se «amputará el trabajo policial», lo que interpretan como «la mayor injerencia operativa en la historia de la Policía Nacional», de ahí que anuncie su apoyo a que los partidos políticos frenen la reforma en el Parlamento o a través del Tribunal Constitucional.
«VENDIDOS» EN UNA INTERVENCIÓN PÚBLICA
AUGC, asociación profesional de la Guardia Civil, valora lo pactado por los socios del Gobierno como una amenaza porque los agentes quedan «vendidos» ante una intervención problemática en la vía pública. «Va a ser muy difícil plantear la actuación policial a seguir ante un eventual conflicto en una manifestación», auguran.
«Trabajamos sin medios, sin personal y ahora con una ley que no avala ni defiende nuestras actuaciones. Desde luego que el derecho a manifestación debe estar garantizado pero también hay que respetar el derecho del resto de la ciudadanía», defiende el portavoz de AUGC, Pedro Carmona, que también cree que se promueve la «impunidad de quienes promuevan agresiones contra los agentes o comportamientos incívicos».
«Los artículos que se modifican no benefician a los manifestantes que de modo pacífico ejercen su derecho fundamental, sino a aquellos que, de modo organizado, atentan contra ese derecho creando disturbios y alarma social, aprovechándose de manifestaciones pacíficas», denuncia AUGC.
