Según informó la Policía, en la investigación se han llevado a cabo un total de 10 registros, nueve de ellos en Caspe (Zaragoza) y uno en Barcelona, en domicilios de los sospechosos y locales que también eran regentados por los componentes de la organización, donde se intervinieron armas largas, un arma corta con su munición, multitud de anabolizantes, más de 25.000 euros en efectivo, equipos informáticos y documentación relevante para la investigación.
La investigación comenzó en el mes de junio del 2019 tras tomar declaración a un testigo protegido quien puso de manifiesto haber sido víctima de una posible organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, teniendo conocimiento de que había más personas en su misma situación.
En octubre de ese año, se inició una investigación tras tener conocimiento de una agresión a una joven de 18 años, de nacionalidad extranjera y embarazada, ocurrida en Caspe. Durante su traslado al hospital se comprobó que no portaba documentación y que no había acudido a las revisiones ginecológicas por su estado de gestación, a pesar de haber sido citada para ello.
Tras algunas pesquisas, se determinó que la joven trabajaba en un club de alterne ubicado en Caspe, sin estar asegurada como trabajadora en la Seguridad Social, y que gran parte del dinero que ganaba era entregado a la ‘madame’, que también se encargaba de trasladarla a su domicilio para que no tuviera contacto con sus clientes fuera del local.
Meses después y, tras varias gestiones, se identificó a varias personas relacionadas con la organización, que captaba a las víctimas en su país de origen a través de una persona residente España, quien, con la promesa de una vida mejor, las convencía para ejercer la prostitución en suelo español.
Una vez aceptada la oferta, las mujeres eran obligadas a someterse a una cirugía de aumento de senos, tras lo cual se les facilitaba el billete de avión y todo lo necesario para el cruce de fronteras.
Una vez en España, eran recogidas por miembros de la organización y obligadas a ejercer la prostitución en diversos lugares de España y Alemania, al tiempo que se les comunicaba que habían adquirido una “deuda desorbitada” con ellos (entre 10.000 y 12.000 euros) que tenían satisfacer so pena de hacerles algún daño a ellas o a sus familias.
La organización también contaba con una serie de personas que se encargaban de blanquear el dinero obtenido en los locales de alterne y del tráfico de drogas y anabolizantes, cuya venta tenía lugar en los propios locales.
