La ministra de Justicia Pilar Llop ha defendido este lunes la decisión de la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, de retirarle el escaño de diputado a Alberto Rodríguez, después de que el Tribunal Supremo le condenase a una pena que acarreaba inhabilitación, por estar «basada en la legalidad».
En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, ha señalado que se produjo una «controversia» entre los servicios jurídicos de la Cámara –contrarios a la retirada del escaño– y el Tribunal Supremo, aunque finalmente Batet decidió seguir el criterio del alto tribunal. «Estamos en una democracia y el Ejecutivo respeta al poder legislativo y judicial», ha indicado Llop.
Al ser preguntada por las declaraciones de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 que acusó de prevaricación al Supremo por esta sentencia contra Rodríguez, ha afirmado que cada poder debe «desenvolverse» en el marco que le asigna la Constitución.
SISTEMA MAGNÍFICO PARA ELEGIR EL CGPJ
Por otro lado, la ministra de Justicia ha defendido el actual sistema de elección de los vocales del CGPJ, porque permite el «dialogo» entre distintos poderes del Estado, está avalado por el Tribunal Constitucional y tiene una vigencia de 35 años, aunque ha advertido de que se debe utilizar «bien».
A este respecto ha apuntado que se acaba de aprobar en las Cortes el código ético que obliga a los diputados y senadores a actuar éticamente y que, por tanto, nombrarán a «personas éticas» que «contagiarán» en esta línea al Consejo General del Poder Judicial.
Así, ha opinado que se debe hacer pedagogía sobre este asunto y ha explicado que 12 de los 20 miembros del CGPJ, aunque son elegidos por los parlamentarios, previamente son propuestos por los jueces que hacen un «filtro previo» por lo que «no se elige a cualquiera». De este modo ha reiterado que el sistema de elección es «magnífico» y ha recordado que los poderes del estado «emanan del pueblo español».
Finalmente, ha afirmado que espera que se pueda aprovechar el diálogo abierto con el PP que ha llevado a un acuerdo para renovar el TC, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos para acometer la renovación del CGPJ.
