La Comisión de Nombramientos del Congreso examina este martes a los candidatos acordados por el PSOE y el PP para cubrir los puestos del Tribunal Constitucional que habían caducado, así como los de los consejeros del Tribunal de Cuentas, también pendientes de renovación.
A partir de las 09.30 horas, la citada Comisión, que preside la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, comienza a recibir a los cuatro candidatos pactados por los dos partidos mayoritarios para el Tribunal Constitucional.
Los primeros en desfilar por la Cámara Baja serán los candidatos del PP, esto es, Enrique Arnaldo Alcubilla, letrado de las Cortes Generales, y Concepción Espejel Jorquera, presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, a los que seguirán los aspirantes de la parte socialista: Inmaculada Montalbán Huertas, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y Juan Ramón Sáez Valcárcel, magistrado de la Audiencia Nacional.
Tras ellos, será el turno de los seis aspirantes al Tribunal de Cuentas que corresponde elegir al Congreso de los Diputados, siendo la primera Enriqueta Chicano Jávega, consejera ya del órgano fiscalizador.
A continuación, le tocará a Isabel Fernández Torres, profesora de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense de Madrid; a Dolores Genaro Moya, otra consejera del Tribunal de Cuentas; a Diego íñiguez, magistrado del Tribunal Contencioso-Administrativo; a José Manuel Otero Lastres, catedrático de Derecho Mercantil; y a Miguel Ángel Torres Morato, fiscal jefe del Tribunal de Cuentas.
En caso de recibir el correspondiente aval de la Comisión de Nombramientos, la presidenta de la Cámara trasladará al Pleno su criterio sobre la idoneidad de los candidatos, ya que han de ser elegidos en sendas votaciones en el hemiciclo.
Dado que esta semana tendrá lugar el debate de totalidad de los Prepusuestos de 2022 en el Pleno, la sesión para la elección de los nuevos miembros de los órganos constitucionales pactados por ‘populares’ y socialistas se espera para el día 11.
210 VOTOS
En esa sesión se elegirá a los miembros del Tribunal Constitucional que corresponde elegir al Congreso, cuyo mandato de nueve años concluyó en noviembre de 2019, entre ellos su presidente, Juan José González Rivas.
La Constitución establece que de los 12 miembros que integran el Alto Tribunal cuatro son nombrados a propuesta del Congreso, que son los que ahora deben actualizarse; cuatro, por parte del Senado; dos, del Gobierno; y otros dos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Todos ellos son designados por un periodo de nueve años. Los aspirantes que debe elegir la Cámara Baja han de lograr un apoyo mínimo de tres quintos del Pleno (210 votos), una cifra que sólo se alcanza con los escaños del PP y el PSOE.
En la misma sesión se elegirá a seis de los doce consejeros del Tribunal de Cuentas (los otros seis corresponden al Senado) que concluyeron en julio su mandato de nueve años y que también requieren del respaldo de, al menos, 210 diputados.
DEFENSOR DEL PUEBLO
De la misma manera, en ese Pleno también se votará al candidato pactado por los socialistas y los ‘populares’ para el Defensor del Pueblo, un puesto que el socialista Francisco Fernández Marugán ejerce en funciones desde julio de 2017.
En este caso, la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Defensor del Pueblo ya dio el pasado miércoles su visto bueno al socialista Ángel Gabilondo, que deberá recibir ya en el pleno el apoyo de 210 diputados para ser designado. Ese resultado debe ratificarse en el Senado en un plazo máximo de 20 días.
Designado el Defensor del Pueblo se reunirá de nuevo la Comisión Mixta Congreso-Senado para otorgar su conformidad previa al nombramiento de los adjuntos que le sean propuestos por aquél. En este caso PSOE y PP acordaron elegir a la ahora diputada ‘popular’ Teresa Jiménez Becerril –que tendrá que dejar su escaño– como primera adjunta, y a Patricia Bárcena, que era directora del CEAR Euskadi, como segunda.
PROTECCIÓN DE DATOS SE ELIGE EN COMISIÓN
En el caso del otro órgano pendiente de renovación, la Agencia Española de Protección de Datos, es el Ministerio de Justicia el que debe remitir al Congreso una propuesta para la Presidencia que, en virtud del acuerdo de los dos principales partidos, será para Belén Cardona.
La candidata deberá comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso, que tendrá que ratificar su elección por mayoría de tres quintos de sus miembros en primera votación, un mínimo que Cardona tiene garantizado.
Si no se lograra esa mayoría en un primer intento, el aspirante podrá ser elegido por mayoría absoluta en segunda votación siempre que los votos favorables procedan de diputados pertenecientes, al menos, a dos grupos parlamentarios.
