La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales deploró este lunes que en España faltan un total de 75.699 plazas residenciales para personas mayores para alcanzar la ratio de cinco por cada 100 habitantes mayores de 65 años, establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Lo hizo a través de un comunicado en el que lamentó que España cerró 2020 con 389.677 plazas residenciales para personas mayores, apenas un 0,2% más que el año anterior, lo que, teniendo en cuenta el incremento de ancianos en el país, se traduce en que el índice de cobertura (plazas por cada 100 personas mayores de 65 años) se reduce un 0,43%, de 4,22 a 4,19, en la línea de lo sucedido en los últimos ocho años.
A su vez, explicó que el 64% de las plazas de estos centros están financiadas por el Sistema de Atención a la Dependencia, a pesar de lo cual se ha producido una merma de 1.720 plazas de las habidas al comienzo de la pandemia.
Del mismo modo, este colectivo subrayó que en el sector se ha producido un “estancamiento”, como lo pone de manifiesto el hecho de que al finalizar 2020 en España había 5.529 centros residenciales, 13 menos que un año antes, de los cuales 1.451 son de titularidad pública (16 más) y 4.078 de titularidad privada (29 menos).
Esto le sirvió para constatar que ello provoca un “mayor déficit” de plazas año a año, ya que, si en 2014 faltaban 53.103 para alcanzar la ratio del 5%, en el último año esta cifra ascendió a 75.699.
A su juicio, ante la demanda que existe actualmente sin atender, serían necesarias “de manera inmediata no menos de 62.000 plazas residenciales para las personas con Dependencia Severa (Grado II) o Grandes Dependientes (Grado III)”.
La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales recordó que, según datos del Imserso, hay en lista de espera 91.729 personas con Grado II y III, a las que se añaden 67.000 pendientes de valorar y que previsiblemente obtendrán uno de esos grados, lo que eleva la cifra hasta 158.729, de los cuales cuatro de cada diez demandarían un servicio residencial en plaza pública, concertada o en prestación vinculada a ese servicio.
Por su parte, este colectivo señaló que las comunidades con mayor déficit de plazas son Andalucía (30.236), Comunidad Valenciana (22.860) y Galicia (14.331), mientras que en cinco territorios hay un exceso de plazas, destacando Castilla y León, con 17.541.
Expuso que el 63,2% de las plazas residenciales son de financiación pública, siendo Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón y Extremadura las comunidades con mayor cobertura, y Canarias y Murcia las que ocupan el farolillo rojo en esta clasificación. La Comunidad de Madrid es el único territorio donde las plazas exclusivamente privadas tienen una cobertura mayor (2,5%) que las de financiación pública (1,86%).
Por último, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales llamó la atención ante el hecho de que un año y nueve meses después del inicio de la pandemia todavía no se haya recuperado el número de plazas residenciales en el Sistema de Atención a la Dependencia: 171.119 en febrero de 2020 frente a 169.399 de noviembre de 2021, 1.720 plazas menos.
