La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) han afeado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que cuestione la vía judicial que se emprendió contra los líderes del ‘procés’ catalán y han recordado que «los tribunales no pueden mirar a otro lado» cuando se comete un delito «porque sean políticos y digan que actúan con fines políticos».
María Jesús del Barco, presidenta de la asociación mayoritaria de jueces –la APM–, ha subrayado en declaraciones a Europa Press que «la vía judicial se inició porque (los líderes independentistas) cometieron hechos delictivos». Sobre este extremo, además, ha recordado que el propio Sánchez «aplaudió» que los jueces actuaran, «diciendo que traería a (Carles) Puigdemont ante la Justicia».
El portavoz de FJI, Fernando Portillo, ha incidido también en que «la vía judicial que se emprendió no fue porque (los líderes del ‘procés’) hayan querido defender unas opciones políticas, sino porque recurrieron al camino del delito».
En este sentido, ha mostrado su «asombro» por el hecho de que cada vez se use más el prisma «político» para «justificarlo todo». «La judicialización vino porque se cometió un delito», ha señalado al tiempo que ha recalcado que «los tribunales no pueden mirar a otro lado porque sean políticos y digan que actúan con fines políticos».
Así las cosas, el portavoz de FJI ha recordado que «los delitos cometidos se han demostrado con las condenas que ha habido» y que no perseguirlos por la vía judicial «sería pensar que los políticos son una casta aparte para los que no se aplica ley».
PREOCUPACIÓN ENTRE LOS JUECES
Por su parte, Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la AJFV, ha asegurado en declaraciones a esta agencia de noticias que como ciudadano le «preocupa» que el jefe del Ejecutivo «piense que hay hechos delictivos que no tenían que haber sido perseguidos penalmente».
«Como persona comprometida con los derechos humanos me preocupa que tengamos cargos de responsabilidad política que crean que el imperio de la ley está supeditado a intereses políticos», ha apuntado.
Respecto a su postura como miembro de una asociación de jueces, ha incidido en que le parece «preocupante» que «se dé a entender que el sistema judicial se ha utilizado ilegítimamente o de forma espuria para perseguir acciones que considera que no debieron perseguirse».
Fernández Vaquero ha subrayado que «deslegitimar todo el sistema institucional y de protección de derechos fundamentales por un asunto político» le parece «propio de un temerario».
Al hilo, el portavoz de la AJFV ha señalado que le resulta «muy difícil» pronunciarse de esta manera y que «debería ser el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el que estuviera preservando la posición del sistema judicial español».
