Los jueces y juezas españoles dictaron auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 39 personas físicas por casos de corrupción durante el segundo trimestre de este año, una cifra inferior a la registrada en el mismo período de 2023, que cerró con 48 personas físicas enviadas a juicio por este tipo de delitos.
Así consta en el repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras la incorporación de la información correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2024, que también incluye el número de sentencias dictadas, que fue de 13.
Según la información difundida este viernes, también se enviaron a juicio a 14 personas jurídicas en el segundo trimestre de este año, tres más que en el mismo periodo de 2023.
En el desglose se precisa que Andalucía acumuló el total de personas jurídicas enviadas a juicio, las 14 registradas; mientras que Cataluña lideró en la lista en lo relativo a personas físicas procesadas, con 16. Le siguen Andalucía (10), Madrid (5), Canarias y Comunidad Valenciana (3), y Aragón y Murcia (1).
Entre los datos facilitados por el CGPJ también se incluye el número de sentencias dictadas, que en esta ocasión fueron 13: cuatro de ellas fueron condenatorias y nueve absolutorias. «Lo que supone que el fallo fue condenatorio en el 30,7% de los casos», apunta el órgano de gobierno de los jueces.
PREVARICACIÓN, COHECHO Y MALVERSACIÓN
Desde el CGPJ explican que la información que ofrece el repositorio corresponde a la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación causa en la ciudadanía. De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.
Estos fenómenos se recogen en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística y contra el patrimonio histórico, prevaricación de funcionarios públicos, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función y propiedad intelectual e industrial, mercado y consumidores (corrupción en los negocios).
El repositorio, que fue presentado el 12 de enero de 2017, es de acceso público en la web www.poderjudicial.es y permite a la ciudadanía conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción a través de sus principales indicadores –personas acusadas y/o procesadas, procedimientos, sentencias dictadas, etcétera–, que se actualizan de forma trimestral.
