Los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y el Ministerio que dirige Pilar Llop han firmado este martes un acuerdo –que incluye una subida de hasta 450 euros brutos al mes– para poner fin a la huelga que mantenía el cuerpo de funcionarios desde el pasado 24 de enero en busca de mejoras salariales que compensen la carga de trabajo asumida en los últimos años.
Tras casi dos horas de reunión, el comité de huelga ha dado el visto bueno a la propuesta del Ministerio después de que ayer los LAJ votaran en sus asambleas provinciales a favor de firmar el acuerdo.
Según ha precisado en declaraciones a la prensa Juan José Yáñez, miembro del comité de huelga, han salido del encuentro con Justicia con una sensación «agridulce», aunque ha confirmado que han firmado el acuerdo y que han desconvocado la huelga.
Según informó ayer el Ilustre Colegio Nacional de Letrados, el apoyo mayoritario respaldó al comité de huelga para que en la reunión de este martes aceptara las condiciones de Justicia y pusiera fin a la huelga una vez que se aclarase «algunos términos del acuerdo final» que quedaban por «matizar».
Las fuentes consultadas por Europa Press señalan que la oferta de Justicia contempla una subida de entre 430 y 450 euros brutos al mes, según el nivel, en tres plazos: una con carácter retroactivo al 1 de enero de 2023, otra a enero de 2024 y una última a julio de 2024.
De los 2.013 votos emitidos, 1.524 –que representan el 76%– fueron a favor; 421 en contra –el 21%– y 68 abstenciones –el 3%–, de acuerdo a los datos publicados por el Colegio de LAJ.
La de este martes es la quinta reunión desde que se reanudaran las negociaciones el pasado 17 de marzo –con el Ministerio de Hacienda también implicado– tras el parón producido a finales de febrero como consecuencia de una serie de encuentros que los letrados calificaron de «infructuosos».
DOS MESES DE DESENCUENTROS
El acuerdo llega después de más dos meses de huelga en los que, según los datos de las asociaciones convocantes, se han suspendido unos 356.000 juicios y vistas, han quedado paradas unas 424.000 demandas y se han mantenido parados en las cuentas de consignaciones hasta 1.280 millones de euros.
En estas nueve semanas, según las asociaciones convocantes –la Unión Progresista de Letrados (UPSJ), el Ilustre Colegio Nacional de LAJ y la Asociación Independiente de Letrados (AInLAJ)– se registró una participación de entre el 85% y el 73% de Letrados en la huelga, mientras que el Ministerio observó entre un 33,92% y un 18,9% de seguimiento.
Desde el 24 de enero, los LAJ se manifestaron en dos ocasiones a las puertas del Ministerio para reclamar que se les compensase en la nómina la carga de trabajo asumida en los últimos años; pidieron la dimisión del secretario de Estado Justicia, Antonio ‘Tonxtu’ Rodríguez, y la de la propia ministra.
Durante la huelga, la titular del Ministerio recordó las medidas adoptadas en el último año en favor de los LAJ –incluida una subida de hasta el 14%– y pidió al comité de huelga que se alejara de posturas «maximalistas» y que presentara propuestas «realistas». El secretario de Estado llegó a decir que era una huelga «política» que no perseguía ninguna reivindicación salarial e incidió en que ya cobraban entre 40.000 y 60.000 euros al año.
En el marco del conflicto, desde el Ministerio se dijo que los LAJ pretendían una subida de hasta 1.100 euros al mes, algo que negaron los letrados en reiteradas ocasiones.
El punto álgido del conflicto tuvo lugar tras la primera reunión de este año. Aquel 17 de febrero, ambas partes se sentaron a la mesa durante más de 15 horas –con madrugada incluida– y se levantaron con reproches mutuos por mantener posturas inamovibles.
